(CNN) –– Cuando Kamala Harris se negó a pedir la pena de muerte contra un joven pandillero acusado de matar a un policía hace dos décadas, dijo que su oposición a la pena capital estaba bien razonada y era absoluta.
Incluso bajo la presión de la difunta senadora demócrata Dianne Feinstein, quien recibió una ovación de pie cuando pidió la pena de muerte en el funeral del agente, Harris, quien entonces tenía 39 años, se mantuvo firme.
“Para aquellos que quieren que este acusado sea condenado a muerte, permítanme decirles simplemente que no puede haber excepción al principio”, escribió en un artículo de opinión publicado en el San Francisco Chronicle en 2004, poco después de ser elegida la primera fiscal de distrito de la ciudad.
“Le di mi palabra a la gente de San Francisco de que me oponía a la pena de muerte”, escribió Harris, “y honraré ese compromiso a pesar de las fuertes emociones que evoca este caso”.
Sin embargo, apenas cuatro años después, Harris dejó de lado su oposición a la pena de muerte cuando anunció sus planes de presentarse como candidata a fiscal estatal de California. Prometió que, si era elegida, “aplicaría la pena de muerte tal como dicta la ley”.
Como fiscal de California, abogó por la aplicación de una ley estatal bajo la cual los padres de niños que faltan constantemente a la escuela podrían ser encarcelados. Pero, años después, durante su primera campaña presidencial, lamentó que algunos fiscales hubieran aplicado eso, y dijo que esa “nunca fue la intención” de la ley.
Su cambiante postura sobre este polémico tema es solo un ejemplo de cómo la candidata presidencial demócrata ha intentado caminar por el filo entre ser una fiscal dura frente al crimen y una política progresista.
Tras la polémica muerte de Michael Brown a manos de la policía en Ferguson (Missouri) en 2014, Harris puso en marcha un programa piloto que obligaba a los agentes especiales de campo del Departamento de Justicia de California a empezar a utilizar cámaras corporales. Sin embargo, se negó a respaldar una medida mucho más amplia, apoyada por los defensores de la reforma policial, que preveía normas estatales sobre los dispositivos.
Unos seis años después, tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, Harris destacó la importancia de las “investigaciones independientes” sobre la presunta mala conducta policial, y mencionó el problema inherente de los conflictos de intereses percibidos o reales cuando esos casos son investigados por fiscales locales. Sin embargo, como fiscal estatal de California, se negó a aplicar ese tipo de escrutinio externo a varios tiroteos policiales controversiales que tuvieron lugar en el estado.
Sus críticos aprovecharon estas y otras contradicciones para argumentar que es una política inconstante, “un camaleón ”, como la ha llamado repetidamente el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance. Sin embargo, los partidarios de Harris la ven como una líder de mente abierta que no teme cambiar de opinión cuando las pruebas la convencen.
Brendon Woods, quien actualmente se desempeña como el principal defensor público en Oakland, California, donde Harris comenzó como fiscal, dijo que ha observado de cerca su carrera, tanto como fiscal como como política, y la ha visto cambiar de rumbo en temas que le importan.
“Creo que la gente puede evolucionar”, le dijo Woods a CNN, “y creo que eso es lo que ella ha hecho”.
Cuando en una entrevista con CNN se le preguntó sobre algunas de sus posturas cambiantes en agosto, Harris dijo: “mis valores no cambiaron”.
En una declaración, el portavoz de la campaña de Harris-Walz, James Singer, dijo: “Durante toda su carrera, Kamala Harris ha luchado para proteger a las personas y hacer que los malos rindan cuentas. Se enfrentó a depredadores, violadores, abusadores, estafadores y pandillas para lograr justicia para el pueblo y seguirá luchando por la justicia y la libertad como presidenta de Estados Unidos”.
Cuando se le preguntó sobre el cambio de Harris respecto a la pena de muerte, un asistente de Harris dijo que “el papel del fiscal estatal es diferente al del fiscal de distrito” y agregó que Harris aplicó la ley estatal como fiscal de California.
El antiguo problema de las desigualdades raciales en el sistema de justicia penal es una de las cuestiones que impulsaron a Harris a convertirse en fiscal en primer lugar.
“Crecí sabiendo que hay disparidades, desigualdades e injusticias en el sistema de justicia penal”, dijo Harris durante un foro abierto organizado por MSNBC en 2019. “Lo que le dije a mi familia y amigos es que, si vamos a reformar estos sistemas, también deberíamos estar dentro de ellos, donde se toman las decisiones. Y por eso elegí hacer el trabajo que hice. Y estoy orgullosa del trabajo que hice”.
Como fiscal, Harris adoptó lo que ella llamó un enfoque “inteligente frente al delito” para la aplicación de la ley. Incluyó el lanzamiento de un programa que buscaba orientar a los delincuentes no violentos hacia la capacitación laboral y alejarlos de la prisión, y la publicación de datos de justicia penal a nivel estatal en un esfuerzo por mejorar la rendición de cuentas del gobierno.
Una de las medidas más audaces de Harris como fiscal de distrito fue lanzar un programa destinado a evitar que los jóvenes terminaran en la cárcel o la prisión y asegurarse de que permanecieran en la escuela.
“Creo que el hecho de que un niño no reciba educación equivale a un delito”, dijo en un discurso en el Commonwealth Club de San Francisco en 2010. “Así que decidí que iba a empezar a enjuiciar a los padres por absentismo escolar”.
“Esto fue un poco controversial en San Francisco”, dijo entre risas, “y, francamente, mi equipo se volvió loco”.
En un artículo de opinión publicado en esa época, escribió que había “procesado a 20 padres de niños pequeños por absentismo escolar” y que el delito conllevaba una posible pena de hasta un año de cárcel.
Harris diría más tarde que nunca encarceló a nadie, pero su programa se convirtió en la base de un proyecto de ley que convertía en delito penal el hecho de que los padres les permitieran a sus hijos, desde el jardín de infantes hasta el octavo grado, faltar a clases el 10% de las veces o más sin excusas válidas. Los condenados pueden ser castigados con una multa que no exceda los US$ 2.000 o con “encarcelamiento en una prisión del condado por un período que no exceda el año”.
Harris testificó sobre el tema ante el Senado estatal. Dijo: “Mediante el poder de la fiscalía tenemos una increíble estrategia de incentivos y castigos. La estrategia, por supuesto, es alentar las buenas conductas, y el castigo, que indica cuáles serán las sanciones o las consecuencias severas cuando no se respeten esas buenas conductas”.
Tras la aprobación de la ley en 2010, algunos fiscales de distrito tomaron medidas. Desde entonces, decenas de padres fueron arrestados o incluso encarcelados por otros fiscales por supuestamente permitir que sus hijos faltaran a demasiadas clases, según comunicados de prensa del gobierno local.
Entre los detenidos se encontraban Ayman Haddadin y su esposa, Alice, que viven en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. La pareja fue acusada por los fiscales locales en 2011 de permitir que su hijo, que cursaba la escuela secundaria, acumulara 12 ausencias injustificadas en un año escolar, no respondiera a las notificaciones ni asistiera a una reunión sobre el tema y tuviera ausencias en años anteriores.
En una entrevista reciente con CNN, Ayman Haddadin dijo que su hijo había luchado con alergias crónicas que a menudo se agravaban en la escuela, por lo que acumuló ausencias que él cree que deberían haber sido justificadas.
“Si no puede respirar”, dijo sobre su hijo, “no puede funcionar”.
Haddadin le dijo a CNN que, a pesar de que su familia había intentado hablar del asunto con las autoridades de la escuela, la policía se presentó en su casa poco después del amanecer y se lo llevó a él y a su esposa, que todavía estaba en pijama. Se los llevaron esposados, dijo, y los detalles de su arresto fueron difundidos en los informes de los medios locales.
El espectáculo, dijo, afectó a toda su familia.
“Recuerdo que estaba absolutamente aterrorizado”, dijo su hijo Connor Haddadin, ahora adulto, quien había acumulado inasistencias, sobre el arresto de sus padres. “Fue algo sumamente incorrecto y traumático”.
Ayman Haddadin dijo que el caso fue finalmente desestimado. Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange dijo que el caso contra los Haddadin estaba cerrado y se negó a hacer más comentarios.
Otra madre atrapada en la redada de ausentismo escolar de mayo de 2011 en el condado de Orange dijo que era una madre soltera que trabajaba en dos empleos para mantener a sus cinco hijos.
Tras su arresto, durante el cual se publicó una foto de ella esposada en los medios locales, dijo que perdió uno de sus trabajos como cocinera en un restaurante y que su familia fue rechazada por la comunidad.
“Tiene que haber otra manera”, dijo. “Es inhumano”.
Harris, quien durante años había abogado para que los fiscales no intervinieran en casos de ausentismo escolar, desde entonces ha expresado su pesar por la “consecuencia no deseada” de que los padres fueran procesados y encarcelados, “porque esa nunca fue la intención (de la ley)”.
De todos modos, Alice Haddadin cuestionó esas declaraciones de Harris. “No creo que se pueda considerar eso como una consecuencia no deseada porque ella creó la ley”, le dijo a CNN.
Como fiscal estatal de California, Harris había alcanzado la posición máxima para cambiar el sistema de justicia penal del estado desde adentro, tal como se había propuesto hacer cuando era una joven abogada.
Ella era la “principal agente” de California y tenía un amplio margen para establecer políticas y corregir errores como le pareciera adecuado.
Durante la campaña electoral como candidata presidencial, suele elogiar su trayectoria como fiscal principal de California, incluida la forma en que, según dice, se enfrentó a los grandes bancos que realizaban embargos hipotecarios y procesaba a los cárteles de la droga mexicanos y a otras organizaciones criminales transnacionales.
Pero sus opositores (algunos de los cuales en un tiempo fueron sus partidarios) también la criticaron por no hacer lo suficiente durante su mandato como fiscal estatal.
En 2015, tras los disturbios civiles generalizados que siguieron al asesinato de Brown a manos de la policía en Ferguson, Missouri, el verano anterior, Harris comenzó a exigir que los agentes especiales que trabajaban para el Departamento de Justicia del estado llevaran cámaras corporales cuando estuvieran trabajando.
Harris, sin embargo, se negó a apoyar un proyecto de ley que habría impuesto regulaciones estatales que impactarían en todo el estado.
Harris se mostró en desacuerdo con el objetivo de la ley propuesta y advirtió contra una regulación “única para todos”.
Su postura cautelosa sobre el tema frustró a muchos defensores de la reforma de la justicia penal, incluidos aquellos que habían expresado su apoyo a Harris en otras cuestiones.
Bryce Peterson, profesor del John Jay College of Criminal Justice que estudió la política de cámaras corporales de la policía y su implementación en todo el país, dijo que la negativa de Harris a respaldar la legislación puede haber desembocado en una perdida de liderazgo en el tema.
“Nunca conseguirás que los agentes de policía o las agencias cambien, a menos que se los impulse de una forma u otra”, dijo.
Otro aspecto que llamó la atención fue la aparente resistencia de Harris a utilizar los amplios poderes de la oficina del fiscal estatal para realizar investigaciones independientes sobre tiroteos mortales contra la policía.
Como fiscal de California, Harris se negó a apoyar un proyecto de ley de 2015 del asambleísta demócrata Kevin McCarty de Sacramento que requería que fuera el estado el que realizara tales investigaciones, y no los fiscales del condado, quienes podrían ser parciales debido a su estrecha relación de trabajo con la policía local.
“La comunidad afroamericana y los defensores de los derechos civiles se sintieron decepcionados porque (Harris) no se pronunció con más firmeza sobre este tema”, le dijo McCarty, miembro del Caucus Negro Legislativo de California, al diario Los Angeles Times en 2016.
Además de no respaldar el proyecto de ley, Harris se negó a investigar los controvertidos tiroteos mortales de la policía en Los Ángeles, Anaheim y San Francisco, en los que los funcionarios locales se negaron a presentar cargos contra los agentes. Los sospechosos en Los Ángeles y Anaheim estaban desarmados; el hombre que murió en San Francisco tenía un cuchillo.
Inmediatamente después del tiroteo en Anaheim, el entonces alcalde de la ciudad, Tom Tait, le pidió a Harris que realizara una investigación independiente durante una conferencia de prensa en la que decenas de manifestantes llenaron el vestíbulo del Departamento de Policía de Anaheim.
“Creía que necesitábamos una investigación externa e independiente para llegar a la verdad de lo que sucedió”, dijo Tait a CNN en septiembre. “Pensé que esto ayudaría a brindar credibilidad y confianza pública en nuestro sistema de justicia”.
Harris optó por no involucrarse, dijo.
McCarty le dijo a CNN que, a pesar de la decepción que expresó en 2016, Harris luego ayudó a dar forma a una ley posterior que ordena la participación del fiscal estatal en la investigación de tiroteos fatales por parte de la policía contra sospechosos desarmados.
“Aplaudo a Kamala Harris por ayudar a sentar las bases para que esto se haga realidad”, afirmó.
Años más tarde, tras ser elegida para el Senado de Estados Unidos y lanzar su primera campaña para la presidencia, Harris destacó la importancia del tipo de “investigaciones independientes” que se había negado a proporcionar como fiscal estatal.
Lo hizo a raíz de otro asesinato policial de alto perfil, uno que desencadenaría un movimiento global: el de Floyd en Minneapolis en 2020.
Al hablar con sus colegas de la Comisión Judicial del Senado, Harris pidió su apoyo para aprobar una nueva ley federal que ayudaría a garantizar una supervisión independiente en los casos en que los fiscales locales tengan un conflicto de intereses percibido o real con la investigación de los agentes en cuestión.
“Como exfiscal”, dijo, “sé que las investigaciones independientes sobre la mala conducta policial son urgentes”.