(CNN Español) – Montecarlo es una pequeña ciudad en la provincia de Misiones, en Argentina, con poco menos de 20.000 habitantes. Quienes caminan por los barrios pueden encontrar calles empedradas, pero la mayoría de sus caminos son de tierra. Aquel que quiera llegar desde esa localidad hasta Posadas, la capital provincial, tiene que manejar cerca de tres horas.
María (que pidió no ser identificada con su nombre real para no ser reconocida en su ciudad), cuenta que en ese lugar todos los vecinos se conocen. Ella tiene cuatro hijos: el más grande tiene 13 años, la más pequeña apenas pasa el primer año de vida. Mientras habla, carga a su bebé, al que todavía amamanta, y cuenta que desde hace un tiempo todas las tareas de cuidado del hogar y de sus hijos recaen sobre ella: su esposo perdió su empleo registrado en febrero de este año y tuvo que trasladarse a una localidad cercana donde hace tareas de limpieza en campos.
En julio de este año María notó un retraso en su período a pesar de estar usando métodos anticonceptivos. La situación en su casa no era fácil y mantener a cuatro hijos con un solo salario de un empleo no registrado hacía que su familia llegue con dificultades a fin de mes. Cuenta que tener otro hijo no estaba entre sus opciones. Apenas sospechó que podría estar embarazada acudió a su ginecólogo de cabecera, un médico de una clínica privada que fue quien la ayudó a dar a luz a sus hijos.
“Cuando yo me entero, me desespero porque mi bebita en ese entonces tenía un año. Ya tuve complicaciones en otros partos y después del último, el médico me dijo que iba a ser imposible que yo tenga otro bebé, que correría demasiado riesgo”, explica María a CNN.
En la consulta, María preguntó por sus opciones para acceder a un aborto, pero el médico le dijo que no hacía ese tipo de procedimientos y le pidió que se fuera.
Tras esa primera respuesta negativa, María consiguió un turno en el hospital público de la localidad. Allí también pidió ayuda, pero no le supieron responder sobre sus alternativas. Por eso, buscó una tercera opción: viajó hasta Eldorado, una ciudad vecina a Montecarlo, en cuyo hospital público funciona un sector de Planificación Familiar. Allí, la sentaron con otras pacientes y les explicaron, a todas juntas, cómo era el procedimiento para realizarse un aborto. Cuando algunas de las pacientes preguntaron si la medicación se las iba a proveer el hospital, les respondieron que no tenían suficiente, que les harían la receta para que compren el misoprostol de manera privada.
“Yo en ese momento no tenía 100.000 pesos (unos 73 dólares, al tipo de cambio paralelo de julio). Mi marido había quedado sin empleo registrado, por eso concurrí al (hospital) público, para acceder gratis”, explica, y cuenta que intentó consultar por el misoprostol con los profesionales del hospital público de su zona, pero que tampoco contaban con los medicamentos gratuitos. “Cuando pregunté, me respondió: no, no tenemos. Yo me largué a llorar, volviendo a mi casa, me agarró una desesperación porque mi marido se fue lejos a trabajar, me quedé sola. Es como que la puerta se me cerró en todos lados. Y yo llegué a mi casa llorando con mi bebita en brazos”, relata María.
CNN se contactó con el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones desde donde confirmaron: “Este año hemos tenido un faltante importante del Programa Nacional de Salud Sexual de la Nación, en lo que respecta la canasta de productos de salud sexual, entre ellos misoprostol. La Provincia está trabajando en reestablecer la situación, y en el caso puntual de la consulta, se están enviando los tratamientos a los Hospitales, para garantizar el acceso”.
Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno de Javier Milei paralizó la compra de insumos esenciales para el acceso al aborto y no entregó ni una caja de misoprostol, mifepristona, ni cánulas para aspiración manual endouterina, elementos esenciales para garantizar el acceso al aborto a personas gestantes, según se desprende de un pedido de acceso a la información que presentó Amnistía Internacional.
En Argentina rige la ley de interrupción voluntaria del embarazo desde su promulgación en enero de 2021. Según la legislación, una persona que quiera acceder a un aborto tiene derecho a realizarlo de manera segura y gratuita con la solicitud como único requisito hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Sin embargo, ejercer este derecho es cada vez más difícil en el país, según confirman organismos dedicados a la supervisión de los derechos reproductivos en Argentina como Amnistía Internacional, el equipo latinoamericano de Justicia y Género, y la Red de Acceso al Aborto seguro, entre otras.
Según el informe que presentó en mayo la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, la distribución de medicamentos y equipamiento para aspiración manual endouterina no se había realizado hasta ese mes por falta de stock , y la garantía de estos insumos para los meses restantes dependería del avance de la licitación pública que, al momento de la respuesta oficial, se encontraba en curso.
Amnistía Internacional hizo un nuevo pedido de información para hacer seguimiento a esta problemática en septiembre. Hasta hoy, el Gobierno no respondió esta nueva solicitud. CNN reiteró la consulta y tampoco ha obtenido respuesta.
Alternativas para acceder al derecho al aborto
Como última opción María buscó alternativas en internet. Fue así como conoció a Amnistía Internacional, una organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos. A través del formulario de su página web contó las trabas con las que se encontró para acceder a un aborto en su provincia, y a la semana las profesionales de la ONG se pusieron en contacto con ella y la guiaron para conseguir los medicamentos de manera gratuita para hacer valer su derecho a un aborto legal, seguro y gratuito.
María es uno de los casos en los que Amnistía Internacional tuvo que intervenir para poder garantizar un aborto en condiciones seguras. La ley explica que a las personas que quieran acceder a este procedimiento se les debe garantizar su derecho en un plazo de no más de diez días. Hasta que Amnistía intervino y ayudó a María, pasó cerca de un mes.
Según datos de la organización, en lo que va del 2024 las denuncias sobre barreras en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a través del formulario de reclamo al que se puede acceder en su página, aumentaron un 80% hasta el mes de agosto en comparación con el año anterior.
Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, advierte en entrevista con CNN: “La información oficial es que hasta octubre no iba a haber insumos, pero sabemos que el escenario es todavía aún peor. Es mucho más crítico porque ni siquiera se le dio apertura a la compra de esos insumos, entonces lo más probable es que no haya directamente en todo este año”.
El contraste con los datos de años anteriores es al menos llamativo, según explica Galkin. “Mientras en 2023 se garantizaron o se distribuyeron en todo el territorio nacional casi 150.000 tratamientos del combinado de misoprostol y mifepristona, en lo que va del año las provincias del país no recibieron stock y esto lo venimos constatando también con pedidos de acceso a la información pública que vamos haciendo a distintas provincias”, detalló.
En el mismo sentido está la información que reciben de los profesionales de la salud de la Red de Acceso al Aborto Seguro (RedAAS). Una de sus directoras, Silvina Ramos, explica a CNN que la falta de distribución de estos medicamentos se suma “faltantes de preservativos, de anticonceptivos orales, de implantes, digamos, de la canasta completa de insumos para la salud sexual y reproductiva”.
Galkin, de Amnistía, destacó que las provincias no solo comentan la falta de acceso a insumos para el acceso a la interrupción voluntaria legal del embarazo, sino que también están faltando métodos anticonceptivos. “Entonces hay muchísima preocupación del impacto que esto va a tener en la planificación familiar”, remarcó.
CNN se contactó con el Ministerio de Salud de la Nación consultando sobre ambos faltantes y el segundo pedido de información pública y no obtuvo respuesta.
Una solución provisoria
Según explican desde Amnistía Internacional y RedAAS, gobiernos provinciales están buscando alternativas para llenar el agujero que dejó Nación en materia de salud reproductiva.
“Algunas provincias han salido a hacer compras directas de manera inmediata, porque si no en la práctica se termina vulnerando derechos de mujeres y personas gestantes“, explica Galkin.
Lo mismo cuenta Ramos: “Las provincias están comprando en cantidades probablemente que no abastezcan la totalidad de la demanda, pero hay una voluntad de algunas provincias de asumir la compra de insumos”.
El problema de dejarlo en manos de cada provincia, explican ambas especialistas, es que esto profundiza las desigualdades en las distintas regiones del país, ya que no todas las regiones cuentan con los mismos recursos.
Ramos asegura que el impacto que va a tener esta retirada del Estado Nacional en las políticas de salud públicas puede ser doble: “Mujeres que terminan no accediendo al aborto y que probablemente recurran a abortos inseguros o a continuar un embarazo forzado. Esas son las opciones que tiene una mujer que quiere abortar y que no consigue el procedimiento”.
Y Galkin concluye: “Ha quedado demostrado, en dos años de implementación, cómo ha contribuido a bajar, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna por aborto en un 53% de desde 2020 hasta 2022. La interrupción voluntaria legal del embarazo es una prestación más de salud que debe estar incluida en el programa médico obligatorio y que debe estar disponible para la población, porque es una cuestión de salud pública”.