La Fiscalía de Ecuador confirmó este martes que los cuatro cuerpos que fueron encontrados incinerados la semana pasada en la localidad de Taura, provincia de Guayas, corresponden a los de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, los menores de entre 11 y 15 años que se encontraban desaparecidos desde el 8 de diciembre tras haber sido transportados en una patrulla militar. En los últimos días los equipos forenses y de criminalística realizaron pruebas de ADN para poder cotejar la identidad de los cuerpos.
“Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los 3 adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre”, informó la Fiscalía General en un mensaje en la red social X.
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, tildó el hecho como “inaceptable” tras la confirmación de la muerte de los menores.
“Qué dolor cerrar el año con esta tragedia que enluta al país. Es inaceptable que la vida de nuestros niños termine de esta manera. Que el miedo no nos silencie, y que la solidaridad se transforme en la voz que exija justicia para que nunca más se repita algo así”, escribió en su cuenta de X.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció indignado en su cuenta de X.
“Nada calmará el dolor de los padres, así como tampoco nada les borrará la marca de asesinos a todos los involucrados, directa o indirectamente. La verdad es que este país ha tocado fondo. Se han roto paradigmas, pero para ser peores. No dan ganas de nada, duele todo”, puntualizó Álvarez.
CNN solicitó comentarios al Ministerio de Defensa y a la Presidencia de la República y está a la espera de una respuesta.
La semana pasada, el presidente Daniel Noboa dijo que no habrá impunidad en este caso y pidió a las instituciones de la fuerza pública brindar toda la colaboración a la Fiscalía durante las investigaciones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este jueves a la muerte de los cuatro menores, y comparó el hecho con sucesos ocurridos anteriormente en Colombia.
“Colombia ha visto esto que se narra aquí, una y otra vez: militares matando niños negros. Racismo y exclusión juvenil juntos. Será la justicia del Ecuador la que determine responsabilidades”, escribió en su perfil en la red social X.
Prisión preventiva para 16 militares
Minutos antes de la confirmación de las identidades de los cuerpos de los menores, un juez de Guayaquil dictó prisión preventiva en contra de 16 militares —miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)— por la presunta desaparición forzada de tres adolescentes y un niño durante un operativo ocurrido la noche del 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, al sur de la ciudad porteña.
Mientras se desarrollaba la audiencia de forma reservada, familiares de los menores, amigos y decenas de personas se concentraron con gritos y pancartas en los exteriores del Complejo Judicial Sur de Guayaquil —donde se desarrollaba la diligencia— exigiendo verdad y transparencia en el caso.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, decía uno de los carteles de los asistentes. También portaron fotos de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo cuyas familias, hasta ese momento, permanecían en incertidumbre por su paradero.
Tras varias horas de audiencia, la Fiscalía confirmó que el juez del caso dictó prisión preventiva para los 16 militares “con base en elementos de convicción expuestos”.
Durante la diligencia, la Fiscalía presentó elementos como testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, evidencias físicas, registros de video y vehículos utilizados durante el operativo militar. Estos elementos, según la Fiscalía, “sustentan la presunta participación de los procesados en el delito investigado”.
Presunta desaparición forzada pone a militares en aprietos
El 25 de diciembre, la jueza Tanya Loor aceptó un recurso de habeas corpus planteado por los familiares de los cuatro menores desaparecidos y declaró el caso como “desaparición forzada”. Según la jueza, los 16 militares que participaron en la intervención que desencadenó en la desaparición de Saúl, Steven, Josué e Ismael no cumplieron con los protocolos establecidos ni solicitaron la cooperación de la Policía Nacional.
Este lunes, varias autoridades de seguridad comparecieron ante la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional para responder interrogantes de los legisladores sobre el caso. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, insistió en que no se encubrirá a miembros militares y que la institución seguirá colaborando con la Fiscalía.
“Quiero expresar mi solidaridad con las familias de los menores desaparecidos y manifestar el firme compromiso del Gobierno Nacional para esclarecer los hechos ocurridos”, precisó Loffredo.
Agregó que ha dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que establezca sanciones internas, de ser el caso, si se determinan responsabilidades.
“Que se ejecuten los procesos disciplinarios tendientes a determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias por acción u omisión en los hechos ocurridos”, puntualizó.
Por su parte, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, calificó como “incidente” lo ocurrido y dijo que deberá ser investigado en el ámbito administrativo-disciplinario dentro de la Fuerza Aérea.
“Será la justicia, a través de los órganos jurisdiccionales, la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes. Sin que ello afecte la estructura ni la institucionalidad dentro nuestras Fuerzas Armadas”, indicó Vela.
Este hecho —investigado como presunta desaparición forzada — ha conmocionado al Ecuador y ha generado decenas de reacciones de repudio entre autoridades, políticos, sociedad civil y organizaciones de defensa de derechos humanos.