Un exministro de Defensa de Corea del Sur fue arrestado formalmente el miércoles (hora local) por su presunta colusión con el presidente Yoon Suk Yeol y otros para imponer la ley marcial la semana pasada, mientras las autoridades investigan si sus actos constituyen rebelión.
La ley marcial, la primera en más de 40 años, duró sólo unas seis horas, pero ha provocado un revuelo en el país y grandes protestas callejeras. Yoon y sus asociados enfrentan a investigaciones penales e intentos de destitución. El Ministerio de Justicia ha prohibido a Yoon y a otras ocho personas salir del país, ya que las autoridades los consideran sospechosos clave en el caso de la ley marcial. Es la primera vez que un presidente en funciones de Corea del Sur recibe una prohibición de viajar.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo que aprobó una orden de arresto contra el exministro de Defensa Kim Yong Hyun por cargos de rebelión y abuso de poder.
Kim se encuentra detenido desde el domingo. Los fiscales tienen hasta 20 días para decidir si lo acusan o no. Una condena por rebelión conlleva la pena máxima de muerte.
Kim se convirtió en la primera persona detenida por este caso. Se le ha acusado de recomendar la ley marcial a Yoon y de enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir que los legisladores votaran al respecto. Al final, un número suficiente de legisladores logró entrar en la cámara del Parlamento y rechazó por unanimidad el decreto de Yoon, lo que obligó al Gabinete a levantarlo antes del amanecer del 4 de diciembre.
Kim dijo el martes en un comunicado que “se disculpa profundamente por haber causado ansiedad e inconvenientes significativos”. Afirmó que toda la responsabilidad por la imposición de la ley marcial recae únicamente sobre él y pidió clemencia para los soldados desplegados para hacerla cumplir, diciendo que solo estaban siguiendo sus órdenes.
Según se informa, los fiscales acusan a Kim de desempeñar un papel clave en una rebelión y de cometer abuso de poder al organizar un motín para alterar la Constitución en colaboración con Yoon y otros oficiales militares y policiales. Las fiscalías de Seúl no pudieron confirmar de inmediato los informes.
El Parlamento, controlado por la oposición, aprobó el martes un proyecto de ley para nombrar un fiscal especial independiente que investigue a Yoon y a otros altos funcionarios militares por la introducción de la ley marcial. El principal partido de la oposición, el Partido Democrático, había abogado por una investigación especial, argumentando que no se puede confiar en que los fiscales públicos lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre Yoon, un ex fiscal general.
Durante una audiencia parlamentaria celebrada el martes, Kwak Jong-keun, comandante del Comando Especial de Guerra del Ejército cuyas tropas fueron enviadas al Parlamento, testificó que recibió instrucciones directas de Kim Yong Hyun para impedir que los legisladores entraran en la cámara principal de la Asamblea Nacional. Kwak dijo que el propósito de las instrucciones de Kim era impedir que el Parlamento de 300 miembros reuniera los 150 votos necesarios para revocar la orden de ley marcial de Yoon.
Kwak dijo que Yoon lo llamó directamente después y pidió a las tropas que “destruyeran rápidamente la puerta y sacaran a los legisladores que estaban dentro”. Kwak dijo que discutió la orden de Yoon con el comandante en el lugar y que llegaron a la conclusión de que no había nada que se pudiera hacer, descartando la posibilidad de amenazar a los legisladores disparando balas de fogueo o cortando la electricidad.
En la misma audiencia, el oficial de alto rango Kim Dae-woo de la agencia de contrainteligencia del Ejército dijo que su comandante, Yeo In-hyung, le preguntó si un búnker del Ejército en Seúl tenía espacio para detener a políticos y otras figuras después de que se impusiera la ley marcial. Yeo es considerado un colaborador cercano de Kim Yong Hyun. La semana pasada, Hong Jang-won, subdirector de la agencia de espionaje del país, dijo que Yoon le ordenó ayudar al comando de Yeo a detener a algunos de sus rivales políticos, pero ignoró la orden del presidente.
Kwak y Yeo se encuentran entre aquellos que enfrentan cargos de rebelión planteados por la oposición junto con Yoon y Kim, y el Ministerio de Defensa los suspendió la semana pasada.
Los partidos de la oposición y muchos expertos afirman que el decreto de la ley marcial es inconstitucional. Afirman que un presidente solo puede declarar la ley marcial en “tiempos de guerra, situaciones similares a una guerra u otros estados de emergencia nacional comparables” y Corea del Sur no estaba en esa situación. Argumentan que el despliegue de tropas para sellar la Asamblea Nacional y suspender sus actividades políticas equivalía a una rebelión porque la Constitución de Corea del Sur no permite a un presidente utilizar a los militares para suspender el parlamento en ninguna situación.
En su anuncio de la ley marcial, el conservador Yoon enfatizó la necesidad de reconstruir el país eliminando a los “desvergonzados seguidores de Corea del Norte y las fuerzas antiestatales”, en referencia a sus rivales liberales que controlan el parlamento.
Yoon evitó el impeachment el sábado después de que la mayoría de los legisladores del partido gobernante boicotearon una votación en la Asamblea Nacional.
El Partido Demócrata dijo que se prepararía para una nueva votación sobre el impeachment de Yoon el sábado. El partido presentó el martes mociones para destituir también al jefe de policía y al ministro de Justicia de Yoon. Presionó para destituir a Kim Yong Hyun y al ministro de Seguridad, pero ellos dimitieron antes de que el parlamento realizara una votación.
Si Yoon es destituido, sus poderes presidenciales quedarían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida si le devuelve sus poderes o lo destituye. Si vota a favor de su destitución, se requerirían nuevas elecciones presidenciales.