Por Al Goodman, CNN
(CNN) — Se espera que sea una audiencia judicial como ninguna; los españoles están atentos a un caso de corrupción financiera que involucra a los miembros de la familia real.
La infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos, será la primera integrante directa de la Familia real de España en declarar el sábado ante el tribunal y responder a las acusaciones preliminares de un delito, según confirmó la Casa Real española.
Su esposo, Inaki Urdangarin, se enfrenta a acusaciones preliminares en el mismo caso y declaró hace un año. El caso gira alrededor de su fundación sin fines de lucro, Noos, que recibió millones de dólares en contratos gubernamentales para celebrar eventos deportivos y turísticos.
El juez José Castro investiga si parte de ese dinero se desvió para el uso personal de la infanta, de 48 años, y de su esposo, de 46. Ambos niegan a través de sus equipos legales haber cometido ilícito alguno.
La infanta rendirá testimonio a puerta cerrada en un tribunal local de Palma de Mallorca, en las islas Baleares. El tribunal no está lejos del Palacio de Marivent, la residencia de verano de la Familia real en Mallorca, uno de los principales destinos turísticos de Europa.
El juez Castro anunció las acusaciones preliminares contra la infanta en abril del año pasado, pero se desecharon en mayo luego de que los fiscales apelaran ante una corte provincial bajo el argumento de que las pruebas eran insuficientes.
Sin embargo, Castro prosiguió con su investigación y el mes pasado emitió una orden de 227 páginas en la que se presentan una vez más las acusaciones contra la infanta por supuesto fraude fiscal y lavado de dinero a través de Aizoon, otra empresa de la que ella tenía el 50% de las acciones y su esposo tenía el resto.
“Usaron esa empresa para embolsarse el dinero público y pagar el menor impuesto posible o simplemente engañar a Hacienda”, dijo Eduardo Inda, editor de investigaciones en el diario español El Mundo, y uno de los autores del libro Urdangarin, que trata sobre las supuestas irregularidades financieras.
“En esa empresa, la infanta Cristina es la que firma los reportes anuales”, dijo Inda.
Cuando se presentaron los nuevos cargos preliminares en enero, el principal abogado de Cristina, el veterano abogado defensor y político Miquel Roca, dijo a los reporteros que apelarían.
Sin embargo, una semana más tarde cambiaron repentinamente su postura y se anunció que la infanta declararía.
El cambio no se debió a la presión de parte de la casa real, sino que fue una decisión personal de la infanta, quien persuadió a su equipo de defensa, de acuerdo con un funcionario que conoce las discusiones que se entablan en la casa real y que habló bajo anonimato.
“Fue su decisión declarar, simplemente porque no tiene nada qué ocultar, está convencida de que se desecharán las acusaciones preliminares y de que es mejor declarar que permitir que persista la impresión de cobardía”, dijo el funcionario.
Las acusaciones preliminares podrían desecharse tarde o temprano, pero en caso de que las acusaciones procedan, el juicio iniciaría.
El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción que afectan a la familia real, a los principales partidos políticos y a un importante sindicato en medio de la crisis económica en la que muchos españoles han perdido su empleo o han tenido que “apretarse el cinturón”.
El testimonio de la infanta Cristina llega de la mano de un nuevo reporte de la Comisión Europea, en el que se muestra que el 95% de los españoles dicen que la corrupción está generalizada en el país.
La casa real excluyó a la infanta Cristina y a su esposo de la representación de España en actos oficiales como el que se celebró esta semana en Madrid y en el que el rey, la reina Sofía, el príncipe Felipe y su esposa, Letizia, recibieron al cuerpo diplomático.
Sin embargo, algunos españoles dicen que la infanta está recibiendo un trato especial.
“Es genial que finalmente presenten las acusaciones preliminares”, dijo la estudiante Mariana Moragrega, afuera del palacio real de Madrid. “Pero considerando que es la hija del rey la protegerán mucho y no irá a la cárcel”.
Ernesto Ekaizer, columnista del diario español El País, predijo que la declaración del sábado podría ser el principio del fin del caso en contra de la infanta. Escribió que el juez se enfrenta una vez más a la oposición de un fiscal que dice que no hay suficientes pruebas criminales contra la infanta. Además, el caso podría desecharse antes de que llegue a juicio.
Carlos Cruzado, presidente del sindicato Gestha de técnicos del Ministerio de Hacienda, dijo que es inusual que un fiscal parezca estar del lado de la infanta, quien se enfrenta a cargos preliminares de fraude fiscal, en vez de defender los intereses de la entidad recaudadora de impuestos del país.