(CNN Español) – Los motores de la investigación del caso Odebrecht siguen prendidos en varios países latinoamericanos: las autoridades avanzan en esclarecer los hechos que rodearon el pago de 788 millones de dólares en sobornos a 12 estados de la región a cambio de contratos.
Mientras el escándalo por corrupción sigue en el ojo del huracán, la Fiscalía de Perú anunció que llegó a un acuerdo con la constructora para obtener información y para recibir el pago de un adelanto.
El pasado 30 de diciembre, el gobierno peruano indicó que no volvería a contratar con la constructora.
Acuerdo con la Fiscalía
“Mediante este convenio preliminar la empresa se compromete a entregar al Ministerio Público información y/o documentación relevante que le sea requerida, aunque se encuentre en un país diferente al Perú”, explicó el ente investigador en un comunicado de prensa. Y añadió que esta decisión permite incorporar datos claves a la investigación y “acortar los plazos ordinarios” que requiere la búsqueda de pruebas en el exterior. Sin embargo, dicha información será sometida a un procedimiento de “corroboración y valoración”, para determinar la utilidad y trascendencia de la misma, explicó el órgano acusador.
La Fiscalía añadió que Odebrecht también se comprometió a entregar en los próximos días 8,9 millones de dólares, como un adelanto de “las ganancias ilícitas” que percibió la constructora y que serán determinadas dentro del proceso penal. En este sentido, el órgano acusador aclaró que esta suma no “debe entenderse como la cuantificación total, la que se determinará en el acuerdo final” ni está “vinculada con la reparación civil (indemnización)”.
Ahora, según indicó la Fiscalía, este “adelanto económico”, por devolución de ganancias ilícitas, es el primero que realiza Odebrecht en sus negociaciones con los países involucrados en el caso. En otros estados como “Brasil, EE.UU. o Suiza no se hizo efectivo este tipo de adelanto a cuenta, lo cual, en nuestro caso, fue una exigencia del Ministerio Público para iniciar las conversaciones”.
Adicionalmente, el comunicado insistió en que el acuerdo preliminar con Odebrecht se limita exclusivamente a la persona jurídica y no incluye “a las personas naturales que la conforman o ejecutivos que laboren o hayan laborado en la empresa”.
Un escándalo multinacional
El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht estalló el pasado 22 de diciembre cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a la empresa de haberle pagado millonarios sobornos a 12 países latinoamericanos para conseguir contratos. De hecho, se habla de una cifra que asciende a los 788 millones de dólares.
Según el informe del Departamento de Justicia, “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor”. El reporte continúa diciendo que los pagos se hicieron “para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”.
Además, la investigación de Estados Unidos arrojó que durante más de quince años las personas involucradas en esas 12 naciones, junto a Odebrecht, recibieron beneficios por más de 3.000 millones de dólares.
La agencia estatal de noticias peruana Andina reportó que de acuerdo a la justicia de Estados Unidos y Odebrecht, “la compañía brasileña reconoció el pago de sobornos en Perú hasta por 29 millones de dólares, entre el 2005 y 2014, a funcionarios gubernamentales”. Todo con la intención de conseguir contratos en obras públicas.
“Con esas maniobras, de acuerdo con la información de Estados Unidos, la empresa se benefició con una ganancia de más de 143 millones de dólares. El período que señala el informe respectivo comprende las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016)”, apuntó Andina.
En el marco de las investigaciones regionales que se adelantaron cuando estalló el escándalo, la Fiscalía de Perú recordó que “las autoridades competentes de Brasil, EE.UU. y Suiza, también celebraron acuerdos con la empresa Odebrecht”. Y en ese sentido, agregó, sigue avanzando en las pesquisas junto a otras naciones.
Grupo de fiscales especializados
El pasado lunes, la Fiscalía de Perú anunció la creación de un grupo de funcionarios especializados para investigar el caso Odebrecht. Además, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde enfatizó que la investigación en el escándalo de corrupción “llegará hasta al final, con el fin de sancionar a los responsables caiga quien caiga”.
Sánchez también reveló que le solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto adicional de 2,9 millones de dólares (10 millones de soles) para cubrir los gastos que se desprendan de la investigación en el caso Odebrecht.
El fiscal a cargo de esta investigación en Perú, Hamilton Castro, explicó que las pesquisas empezaron el pasado noviembre, cuando tuvo “información de inteligencia procedente de Suiza que daba cuenta de la existencia de cuentas en ese país”, según indicó el comunicado. Después de que se verificó que había transferencias de dinero procedente de Suiza con destino a Perú “través de empresas offshore, su despacho dispuso abrir investigación preliminar, lo que dio origen a que se cursara solicitudes de asistencia judicial al país europeo”.
Y apuntó que todo el entramado de corrupción en Odebrecht “se trata de un esquema delictivo sin precedentes” en Perú. El centro de operaciones, continúa la comunicación oficial, estaba en Suiza, “donde la empresa tenía un sistema informático conocido como ‘My Web Day‘, desde donde controlaban los pagos de sobornos en todos los países”.
Investigaciones en otros países de la región
El caso, en el resto de países latinoamericanos sigue moviéndose. Panamá anunció medidas contra Odebrecht y aseguró que cancelará los nuevos contratos. Argentina sigue tras la pista de los contratos suscritos con la compañía. En Ecuador, las autoridades también adelantan pesquisas.
Colombia solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación inmediata, al tiempo que se pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos toda la información que involucre a funcionarios y contratos con los sobornos.