(CNN Español) – Las investigaciones por los millonarios sobornos que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht siguen revelando presuntos hechos y responsables. Esta vez, el anuncio corrió por cuenta del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien dijo que los tentáculos del caso de corrupción habrían llegado hasta la campaña electoral del hoy presidente Juan Manuel Santos.
Según las declaraciones que dio Martínez ante los medios de comunicación este martes, y que fueron difundidos por la Fiscalía en un comunicado, en 2014 al país supuestamente entraron dos giros relacionados con los sobornos de Odebrecht y el destinatario final de ese dinero fue la campaña “Santos Presidente -2014”. Una de las personas señaladas de recibir las coimas por parte de la constructora es el excongresista Otto Bula, quien según la Fiscalía hizo dichos giros.
De acuerdo con el material que ha reunido el ente investigador, Bula presuntamente suscribió un contrato “por virtud del cual este habría convenido con la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht, una comisión de éxito por la suma 4,6 millones de dólares, para el caso de que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S obtuviera esta adición (un otrosí)”, ruta que también es conocida como Ocaña-Gamarra. Bajo ese contrato la constructora “habría efectuado los pagos desde Brasil” a nombre de empresas internacionales “panameñas y chinas, principalmente”. Los beneficiarios de dichas compañías aún son objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
Además, la Fiscalía indicó que por la investigación que se adelanta sobre ese otrosí, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez rendirá entrevista ante una fiscal de conocimiento el sábado 11 de febrero.
Se espera que Santos se pronuncie al respecto en la noche de miércoles.
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, aseguró este martes en una declaración que las acusaciones no son ciertas y que en la campaña “la orden clara y perentoria fue de no recibir ninguna donación de ninguna persona natural o jurídica para financiar la campaña”. Enciso añadió que la Presidencia solicita a todas las autoridades competentes a que adelanten todas las investigaciones necesarias “para establecer la verdad de esta nueva acusación temeraria. Tenemos la certeza de que estas investigaciones develarán una vez más la falsedad de estas afirmaciones”.
Por su parte, el entonces gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014 y de la campaña, Roberto Prieto Uribe, manifestó en un comunicado de prensa su “más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula a la Fiscalía General de la Nación”. Aseguró que, además de “escasamente distinguir” al excongresista, promovió y lideró “al interior de la campaña la política de no recibir donaciones”. Según explicó Prieto, los gastos fueron cubiertos “con los ingresos por reposición establecidos en ley” e insistió en que así constan en los estados financieros que fueron presentados al Consejo Nacional Electoral.
El pasado 18 de enero, la Fiscalía le imputó al excongresista Otto Bula los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, por su presunta participación en este escándalo. Sin embargo, Bula no aceptó los cargos. Aún así, un juez de garantías le dictó medida de aseguramiento y fue trasladado a la cárcel La Picota. Ni él ni su abogado se han pronunciado al respecto.
Caso Óscar Iván Zuluaga
El también candidato a la presidencia en 2014, Óscar Iván Zuluaga, resultó salpicado en este escándalo por cuenta del informe de la revista brasileña Veja, que la semana pasada publicó un reporte en el que el publicista Duda Mendoça asegura que un ejecutivo de Odebrecht lo puso en contacto con la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y que el hijo del candidato se reunió en Sao Paulo con un director de la firma constructora. Además, Mendoça dice que Odebrecht se ofreció a pagar parte de la cuenta de cobro por sus servicios de asesoría a la campaña de Zuluaga.
Zuluaga, el pasado 30 de enero, emitió un comunicado en el que aseguró no tener conocimiento del pago y en el que afirmó “nuestra campaña no puede hacerse responsable de los acuerdos y pagos que la empresa Odebrech tuviera con el señor Duda Mendoça al margen de lo convenido con nosotros”.
Ante este panorama, el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, pidió el pasado 2 de febrero a través de un comunicado a la Comisión de Ética de su partido asumiera “la investigación referente a nuestra campaña presidencial del 2014 y la firma Odebrecht”. También reconoció en esa comunicación que Zuluaga “contrató como asesor en publicidad al señor Duda Mendoça” y que el excandidato ha expresado “en documentos el proceso para llegar a ese contrato y el valor del mismo”.
Finalmente, Uribe añadió que Zuluaga no fue informado sobre la suma adicional “que la firma Oderbrecht le habría pagado al señor Mendoça”. Por eso, el hoy senador insistió en que cree “urgente emplazar al señor Mendoça para que diga por qué no informó al Dr. Zuluaga o a los directivos de la campaña sobre ese pago adicional, o si informó, a quién lo hizo”.
Sobre este caso, la Fiscalía informó que le dio traslado al Consejo Nacional Electoral la solicitud del Centro Democrático para iniciar una “investigación formal” contra Zuluaga.
El 12 de enero, el exviceministro de Transporte y director del el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel García Morales, fue capturado por la Fiscalía por haber recibido, presuntamente, sobornos cercanos a los 6,5 millones de dólares de parte de Odebrecht para adjudicar “la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores”, según lo informó en su momento el fiscal general de Colombia. En la audiencia de imputación, el pasado 18 de enero, García Morales aceptó los delitos de de cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito, pero aún no ha sido condenado.
El pasado 22 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países latinoamericanos recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos. La suma de la que hablaba la investigación estadounidense en el caso de Colombia rodeaba los 11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.
Después del anuncio de Estados Unidos, explicó el fiscal colombiano, la investigación arrancó y tres semanas después pudo “establecer que la firma Odebrecht efectuó evidentemente pagos para obtener la celebración de varios contratos en Colombia”. El primero de esos desembolsos, por el que es procesado García Morales, fue por el valor de 6,5 millones de dólares y se llevó a cabo para la concesión de la Ruta del Sol (una importante carretera de ese país) que estaba a cargo del Inco, “dirigido en aquella época por el exviceministro”.
Reacciones
Tras conocerse la información revelada por la Fiscalía, varios congresistas han pedido la renuncia del presidente Santos y algunos líderes de opinión han analizado la situación. Estos son los mensajes que han circulado en redes sociales: