(CNN Español) – A menos de dos años de lograr acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente, a Colombia la atraviesa un río de sangre: a los líderes sociales del país los están masacrando. Y por cientos. Pero no hay una cifra exacta ni unánime que englobe la tragedia, aunque todas superan de lejos los dos dígitos y empiezan a contar desde 2016, el año en que se firmó el acuerdo con las hoy desmovilizadas FARC. También coinciden en que hay una escalada desde las últimas elecciones presidenciales.
El número más alto de líderes sociales asesinados lo maneja la Defensoría del Pueblo: 311 víctimas entre 2016 y el 30 de junio de 2018. Pero aquí es necesario una salvedad y es el pico que se registró desde marzo pasado: pasando de 282 a la cifra actual. Es decir: 29 líderes en apenas 3 meses. El Gobierno, por su parte, reconoce 178 –las avaladas por la ONU– también entre 2016 y el 22 de junio de 2018. De ellos, 121 ocurrieron en 2017, como lo reportó el informe anual de las Naciones Unidas.
Ahora, el programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos Somos Defensores indicó que solo entre enero y marzo de este año se han contabilizado 46 asesinatos contra defensores de derechos humanos, a lo que debe sumarse los 106 de 2017 y los 80 de 2016 para un total de 232 en menos de tres años. Una cifra muy cercana a la que maneja el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de 273 líderes asesinados entre 2016 y el pasado 5 de julio. Sin embargo, esta última organización resalta una dato inquietante: desde la elección presidencial del pasado 17 de junio se han asesinado a 22 líderes. Es decir, uno diario hasta la fecha de corte.
Una tendencia que coincide con el repunte de la Defensoría y con lo que ha visto Somos Defensores (un programa financiado, entre otros, por la Oxfam y la Unión Europea). De hecho, el vocero de este programa, Carlos Guevara, le explicó a CNN en Español que “sí tenemos un número muy elevado de casos después de la segunda vuelta presidencial, eso es algo que todos los que hacemos observación lo hemos identificado”.
Pero los líderes que cayeron bajo la sevicia de la violencia no se reducen a números ni cifras que deban encajar: también son los rostros que encarnan una labor por la que se les ha puesto el arma en la sien.
Los casos más recientes de homicidios de líderes son el de Ana María Cortés, líder comunitaria de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, quien era secretaria de la campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro. Y el asesinato de Luis Barrios, líder comunitario en el departamento de Atlántico, quien había denunciado bandas de microtráfico en su región, según dijo el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, el pasado 5 de julio.
Como lo señaló Amnistía Internacional en un comunicado de abril pasado: “A pesar de la adversidad, las personas que rindieron testimonio a Amnistía Internacional coinciden en afirmar que su vocación para defender los derechos humanos es mucho más fuerte que los deseos de callarlos a la fuerza”. Y este lunes, la organización aseveró en un pronunciamiento que la violencia contra los líderes “alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos humanos”.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, le dijo a CNN en Español que más allá de la diferencia de las cifras, “el problema es que no puede asesinarse en Colombia a ningún líder social ni defensor de derechos humanos”.
La pregunta del millón: ¿por qué los están matando?
La Defensoría del Pueblo identificó el perfil de las personas que están siendo asesinadas: se trata de líderes comunales, comunitarios, indígenas. Y la mayoría de ellos, apuntó el defensor Negret en marzo, “dedicados a labores de defensa del territorio en procesos de restitución de tierras y de retornos, a la promoción de derechos humanos, promoción del respeto del agua y en especial a un tema: previniendo el reclutamiento de parte de ELN y de las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo.
El funcionario, además le explicó este martes a CNN en Español que los patrones “de por qué los están asesinando” obedecen al cultivo de coca, la minería ilegal y el tema de la restitución de tierras. En la misma línea, está el informe hasta julio de este año hecho por Indepaz, que apunta a que los conflictos por tierra, territorio y recursos humanos representan el 83,19% de los homicidios en lo corrido de 2018. Mientras que los conflictos por cultivos de coca, relacionados con los pactos de sustitución o erradicación forzada, ascienden al 13% de las víctimas.
Un comunicado de la Defensoría del Pueblo en marzo pasado apunta que los homicidios se están perpetrando bajo tres situaciones de riesgo:
- La expansión del ELN en los departamentos del Chocó, Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño. Una circunstancia que se ha llevado a enfrentamientos con la Fuerza Pública y otros actores armados.
- La conformación de las disidencias de las Farc en Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, tras la desmovilización de esta guerrilla por el acuerdo de paz alcanzado en 2016.
- Y la consolidación del área de dominio de los grupos armados posdesmovilización en Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo.
Y Somos Defensores, en el informe anual de 2017, comparó los hallazgos de otros estudios sobre las motivaciones para asesinar líderes sociales: coinciden en que están relacionados con las disputas por la tierra, nuevos escenarios de participación política, intereses de explotación minera o de otros recursos naturales, tráfico de drogas, microtráfico, cultivos de uso ilícito y sustitución de éstos.
Ahora, para la Fiscalía, los líderes son asesinados principalmente en lugares donde operan lo que la entidad llama “ejércitos del narcotráfico”. Según un comunicado publicado el pasado viernes, la nueva “dinámica delictiva” obedece al “surgimiento y fortalecimiento” grupos delincuenciales quieren consolidarse en territorios donde tenían presencia las FARC, para controlar los cultivos ilícitos y mantener el dominio de los corredores de narcotráfico.
“En medio de este conflicto se están viendo seriamente afectados los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, quienes están librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”, sostuvo el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Y su entidad agregó que en estas circunstancias también están muriendo “miles de colombianos anónimos”.
La Fiscalía también documentó resultados penales y señaló que de los 178 casos –—la cifra que maneja el Gobierno— se ha establecido la autoría de los responsables en el 50% de los casos. Y, según los hallazgos, son miembros del denominado Clan del Golfo y grupos de delincuencia organizada, dedicados al cultivo y tráfico de drogas y al narcomenudeo. De nuevo, para el ente investigador esta parece ser la única causa.
En su informe de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos sostuvo que el 64% de los 121 asesinatos cometidos ese año contra defensores y líderes ocurrieron en las zonas más afectadas por el conflicto y en zonas con una presencia histórica de la guerrilla de las FARC.
De acuerdo a la entidad, el vacío en el poder que dejó este grupo tras la desmovilización, junto a “la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementación del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia. Aparentemente, varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del Acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral”.
Además, el reporte destacó que la gran mayoría de homicidios tienen tres características comunes: presencia de economías ilícitas (como el tráfico o producción de drogas, una alta tasa de homicidios en el municipio (que supera los niveles de violencia endémica establecidos por la OMS) y una tasa de pobreza multidimensional más alta que el promedio nacional.
Pero además Somos Defensores destacó algo que, por ser de cierta manera intangible, no deja de ser peligroso y acarrea consecuencias para los líderes: la estigmatización. La organización señala que los líderes sufren una “creciente estigmatización por el escenario electoral”, que “lejos de disminuir el escenario de riesgo para personas dedicadas a la defensa de los DD.HH, lo incrementa”.
En ello coincide el informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la OMCT y FIDH: la estigmatización y criminalización “sigue siendo una realidad” para los líderes y defensores. Según el reporte, solo en 2017 “se produjeron gravísimos ejemplos de estigmatización, a través de declaraciones públicas y acciones, desde todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial), así como desde la fuerza pública, que contribuyen a elevar aún más el riesgo de agresiones en el contexto de elevadísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en Colombia”.
Se trata de algo que a nivel del estado reconocen: el defensor Negret indicó este martes en diálogo con CNN en Español que están trabajando en una campaña de no estigmatización entre sociedad civil y estado. “Si logramos eso, con seguridad, estas cifras van a bajar”, anticipó.
¿Qué hacer para protegerlos?
En la tarde de este martes, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció un plan de intervención y recompensas para protección de líderes sociales, después de la reunión que había convocado con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El mandatario reveló que se creará un sistema de recompensas para información que permita identificar a quienes están detrás de los asesinatos a líderes sociales y derechos humanos, “recompensas que serán aún mayores por la identificación de autores intelectuales de estos crímenes”, aseguró el comunicado de la presidencia.
Pero además, señaló que se fortalecerá la Unidad Nacional de Protección, encargada de ejecutar medidas para garantizar la vida y seguridad de personas en riesgo, con más presupuesto. Si bien reconoció la gestión de la entidad, Santos dijo que se le destinarán más recursos para los estudios de riesgo colectivo y para ampliar esquemas individuales.
Y esta es una medida que venía pidiéndose hace un tiempo. Negret destacó que el mayor reto del gobierno para proteger a los líderes consistía en “dotar de mayor presupuesto a la Unidad Nacional de Protección, para que de esa manera puedan hacer los estudios de riesgo mucho más rápido, pero también tengan la capacidad de poder entregarle la garantías y seguridades que requieren los líderes sociales y defensores de derechos humanos en terreno”. Cabe mencionar que la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo este lunes en el que le pide celeridad a la entidad a la hora de atender los casos de los líderes sociales, a partir de una tutela interpuesta por uno de ellos.
Pero hay algo más profundo, que tiene que ver con la misma condición humana: el miedo a denunciar, según le explicó Carlos Guevara de Somos Defensores a CNN en Español. “El miedo a que esto no se quede solo en un nota de prensa sino que se traduzca en una denuncia pública. Mucha gente puede tener información, pero tiene tanto miedo del control que ostentan algunos grupos o algunas personas con poder en esos territorios y que podrían ser potencialmente los responsables de esas muertes”. Es decir, el físico temor a denunciar, entonces no se acercan a las entidades porque es poner su vida aún más en riesgo.
“La gente sabe quién mata a los defensores en los territorios, la gente lo sabe. Porque un asesinato de esos se “canta”, cuando me refiero a que se canta es que es una cosa que cuando pasa comienza a hablarse del tema en la zona… Y ahí está la verdad”, apuntó. ¿Por qué entonces no se lleva a una denuncia o acción judicial? “Las personas saben qué es lo que viene detrás de una muerte así”. En parte por eso, en la zona rural, muchos líderes asesinados que fueron amenazados nunca avisaron a las autoridades.