Nota del editor: La prohibición del aborto en El Salvador es una de las más duras del mundo, pero por primera vez en 20 años, hay señales de que la ley podría debilitarse. Estos son algunos de los hombres y mujeres que encabezan el movimiento por los derechos de las mujeres en ese país.
San Salvador, El Salvador (CNN) – María Teresa Rivera tenía 28 años cuando su madrastra la encontró sangrando fuertemente en el piso del baño. Ella la llevó urgentemente al hospital, intentado desesperadamente salvar su vida, pero cuando llegaron, los médicos vieron a la joven y llamaron a la policía.
Mientras Rivera yacía en su ropa ensangrentada, la policía la interrogaba sobre lo que le había pasado a su bebé. Ella les dijo que no sabía que estaba embarazada hasta ese momento.
A pesar de que la evidencia mostraba que el feto murió de causas naturales, Rivera fue declarada culpable de “homicidio agravado” y fue sentenciada a 40 años de prisión.
“La vida en la cárcel fue un infierno”, dice Rivera. Ella y otras mujeres en situaciones similares “perdieron a sus niños, a sus familias y todo. Y la parte más triste de todo es que estamos pagando por un ‘crimen’ que nunca existió”.
“No quiero que otra mujer vaya a prisión”, dice Rivera. “En vez de proteger nuestra salud y nuestra libertad, el Estado salvadoreño y la ley criminaliza y tortura a niñas y mujeres pobres como yo”.
Largas penas de prisión
En El Salvador, un pequeño país centroamericano con una población de más de seis millones de habitantes, las mujeres que se practiquen un aborto o que simplemente tengan un aborto espontáneo, enfrentan una pena de hasta 50 años de cárcel.
Al menos 129 mujeres fueron procesadas bajo las estrictas leyes antiaborto de El Salvador entre 2000 y 2011, según la Agrupación Ciudadana por la Descriminalización del Aborto. El Centro de Derechos Reproductivos dice que al menos 13 mujeres siguen en prisión, condenadas por homicidio agravado por la muerte de sus bebés.
La semana pasada, otra mujer, Evelyn Beatriz —que según los activistas fue violada— fue sentenciada a 30 años de prisión por la muerte de su hijo recién nacido. El bebé fue encontrado en un tanque séptico, donde según las autoridades Beatriz lo arrojó. La mamá de Beatriz le dijo a CNN que su hija no sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz en un baño en abril de 2016.
Los activistas dicen que el caso de Beatriz es emblemático y muestra el daño que la ley antiaborto puede causar.
En El Salvador, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, sin excepciones, incluso en caso de violación, o cuando la vida de la madre esté en riesgo.
Durante años, el la ley contra el aborto del país ha provocado cacerías de brujas dentro de las comunidades: si un familiar o médico sospecha que una mujer pudo haber tenido un aborto, llaman a la policía y la hacen arrestar.
Los temores que rodean la punitiva ley ha hecho que los abortos inducidos sean frecuentes. Según Amnistía Internacional, las mujeres y niñas salvadoreñas han recurrido a medidas extremas, como por ejemplo introducir agujas de tejer, piezas de madera y otros objetos afilados en el cuello uterino, o ingerir veneno para ratas y beber medicamentos para el tratamiento de las úlceras para generar los abortos.
Ahora, casi 20 años después de que la ley entrara en vigor, las voces siguen alzándose para revocar la prohibición total del aborto.
En medio de una creciente presión de ciudadanos, activistas, médicos y abogados, así como organismos internacionales como las Naciones Unidas —que a principios de este año instó al país a permitir los abortos en algunos casos— los legisladores y políticos están considerando aflojar las restricciones.
Un proyecto de ley —presentado a finales de 2016 por el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— podría permitir el aborto en casos de violación, cuando la víctima sea menor de edad o sea víctima de tráfico humano, o cuando el feto sea inviable o para proteger la vida de la madre.
Un cambio en la ley podría significar un giro importante para los derechos de las mujeres en el país, pero el proyecto enfrenta seria oposición de la Iglesia católica de El Salvador, de grupos antiaborto y políticos, incluyendo el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Estos son los activistas que luchan a favor del aborto en El Salvador
La activista milénica
Sara García es una activista de la Agrupación Ciudadana por la Descriminalización del Aborto, que ha jugado un rol importante en el liderazgo en liderar los esfuerzos de la generación más joven por el derecho al aborto. Su campaña es tanto profesional como personal, pues durante años ha entablado amistades con muchas mujeres encarceladas por tener abortos y regularmente se reúne con ellas y sus familias.
“Es un momento histórico para nosotros”, dice García, sonriendo mientras toma un sorbo de café. “Todo lo que está pasando ahora nunca había pasado antes”.
García ha crecido junto a la ley, que entró en efecto cuando ella tenía 10 años, pero dice que la conversación sobre el asunto “no existió” durante muchos años.
Hoy en día, García dice que por primera vez en la historia del movimiento hay apoyo de la oposición en la Asamblea Nacional para cambiar la ley, a pesar de ser un tema polarizante.
García dice que la comunidad internacional a ayudado a los defensores de aborto en sus campañas. Recientemente su organización unió fuerzas con Planned Parenthood y al Women Human Rights Defenders, una coalición internacional de 35 grupos de derechos humanos, para tomar una posición contra las críticas de los políticos y las amenazas de muerte que reciben los activistas.
La campeona del movimiento por el derecho al aborto
Si García es la líder de la generación más joven a favor del aborto en El Salvador, entonces Morena Herrera, líder de la Asociación de Ciudadanos por la Descriminalización del Aborto, es la voz de la vieja guardia.
Herrera dice que es está ahí por las mujeres comunes y corrientes que están detrás de las rejas que son “iguales a ella”, pero se enfrentan a un futuro desconocido.
“Trato de hacer que funcione”, dice Herrera, una exguerrillera marxista que ha canalizado sus décadas de experiencia luchando por el cambio social en la causa de los derechos de las mujeres.
“Trabajo día y noche, tengo muchas cosas que hacer, colaboro con mucha gente y tengo muchas reuniones. ¡Siempre digo que vivo con urgencia!”.
El Salvador tiene uno de los índices de embarazos en adolescentes más altos de América Latina, algo que según Herrera está impulsado por la falta de educación sexual en las escuelas.
Ella dice que el abuso sexual y las violaciones son los principales factores de los embarazos a temprana edad; Herrera ha trabajado con muchas mujeres cuyos niños han sido víctimas de abusos sexuales y violaciones y que quiere ayudar a las mujeres a luchar contra estos abusos.
En 2016, la Policía Nacional Civil de El Salvador registró 3.947 denuncias de ofensas sexuales, de las cuales 1.049 fueron casos de violación; 1873 de las víctimas eran menores o clasificadas como incapacitadas, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
“Muchas de las mujeres que necesitan un aborto han sido violadas”, explica Herrera. “No solo son mujeres adultas, son menores abusadas”.
Si una adolescente es violada y trata de terminar su embarazo, podría enfrentar décadas en prisión.
El abogado
Dennis Muñoz, un abogado en San Salvador, tuvo noticias de las leyes sobre el aborto en El Salvador cuando Christina Quintanilla de 17 años fue hallada culpable de homicidio agravado luego de sufrir un aborto. Fue sentenciada a 30 años de prisión.
Muñoz tomó su caso y logró su libertad cuatro años después. Él dice que defender mujeres es un “privilegio”.
“La justicia es importante para mí”, dice Muñoz. “Quiero que las niñas en la generación de mi hija tengan sus derechos”.
La mayoría de mujeres que están presas bajo la ley de aborto en El Salvador son pobres y no tienen educación, y Muñoz ha visto cómo la ley castiga significativamente a las mujeres que viven en la pobreza. Él dice que algunas mujeres ricas son capaces de evadir la ley yendo a clínicas privadas y teniendo abortos en secreto, pero las mujeres pobres simplemente no tienen opción.
La lucha continúa
El Salvador es considerado como el país más peligroso del mundo fuera de una zona de guerra. La violencia de las pandillas y asesinatos son una plaga en la nación, que según la policía, tuvo su primer día sin homicidios en dos años a principios de este año.
Los activistas a favor del derecho del aborto han prometido continuar sus esfuerzos a pesar de los resultados del proyecto de ley, al igual que del lobby anti-aborto.
La Iglesia católica, que tiene una gran influencia en el país socialmente conservador, permanece firme contra el aborto, a pesar de la directiva del papa Francisco en 2016 de que los sacerdotes pueden “absolver a aquellos que han cometido el pecado del aborto”. Sin embargo, el papa Francisco reafirmó en 2016 que “el aborto es un pecado grave, puesto que pone fin a la vida inocente”.
A diferencia de muchas otras mujeres en situaciones similares, la historia de María Teresa Rivera tiene algo parecido a un final feliz: después de años de apelaciones legales fallidas, la Sala Penal del Tribunal Supremo de El Salvador aceptó revisar su caso. En mayo de 2016, la condena de Rivera fue anulada después de que un juez dictaminó que no había pruebas suficientes contra ella.
Este año, a Rivera y a su hijo de 12 años les otorgaron el asilo en Suecia. Rivera es la primera mujer en el mundo en recibir esta protección debido a las leyes contra el aborto de su país, según el Centro de Derechos Reproductivos.
“No es nada fácil llegar a un país al que no puedes hablar su lenguaje, pero tengo la oportunidad de empezar una nueva vida”, le dice Rivera a CNN. “Estoy muy feliz de estar segura y lejos de una sociedad en la que solo recibí discriminación y persecución del Estado”.
–Rossalyn Warren es reportera y colaboradora del Proyecto Fuller de Relaciones Internacionales. El reportaje para este artículo fue apoyado por el Centro Europeo de Periodismo. Marilia Brocchetto de CNN contribuyó a este informe.