(CNN) – Era principios de abril de 2018. Las campañas presidenciales mexicanas estaban en un punto álgido y Andrés Manuel López Obrador, quien se postulaba por tercera vez para el cargo más importante del país, parecía desafiante. La política exterior de Donald Trump era “equivocada”, dijo a sus seguidores en un mitin en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas. También denunció lo que llamó la “despectiva actitud [del presidente de Estados Unidos] contra los mexicanos”.
“Ni México ni su pueblo van a ser piñata de ningún gobierno extranjero”, agregó López Obrador, quien incluso había escrito un libro titulado Oye Trumppara criticar sus políticas.
Ahora, casi 26 meses después, el desafío parece haber sido reemplazado por obediencia. El presidente de México, quien asumió el cargo el 1ro. de diciembre, cedió fácilmente cuando la administración Trump amenazó con imponer aranceles crecientes si México no actuaba de inmediato para detener el flujo de inmigrantes de Centroamérica.
Tomando lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos llamó “pasos sin precedentes”, México acordó aumentar las medidas para frenar la migración irregular, incluido el despliegue de su propia Guardia Nacional. A cambio, México mantuvo el statu quo como un socio comercial crucial con Estados Unidos, y nada más.
López Obrador tenía una “opción nuclear”, dice Sergio Negrete, profesor de economía en el ITESO, una universidad de la ciudad de Guadalajara especializada en tecnología y economía.
“Podría haberle dicho a Trump: ‘Continúe con sus aranceles y aumente gradualmente hasta llegar al 25 %’, que fue la amenaza que Trump había hecho, pero López Obrador decidió no hacerlo porque se dio cuenta de que iba a perjudicar a todas las cadenas de producción en Norteamérica y perjudicar a mexicanos y estadounidenses por igual”, dijo Negrete. Simplemente eligió no seguir por ese camino.
El exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental Gutman, criticó públicamente el acuerdo de migración entre México y Estados Unidos, diciendo que “México no tiene por qué hacer el trabajo de policía de Estados Unidos o coadyuva en la violación de sus propias leyes de inmigración, negando a los solicitantes de asilo el derecho a solicitar el beneficio en su propio territorio, según lo estipulado por la ley estadounidense”.
La “cuarta transformación” de México
A pesar de su propia transformación en cordialidad y obediencia con la administración Trump, López Obrador no ha sido tan complaciente en México, especialmente con aquellos que se atreven a estar en desacuerdo con su pomposa plataforma política nacionalista y populista.
López Obrador dice que comenzó “La cuarta transformación de México”, un movimiento social para erradicar la corrupción y aliviar la pobreza, mientras lucha por la justicia social y la igualdad. Al hacerlo, se pone a la par con los héroes de la guerra de independencia de México contra España (primera transformación), el presidente Benito Juárez, el llamado “Benemérito de las Américas” que promulgó las Leyes de Reforma a mediados del siglo XIX (segunda transformación) y los héroes de la Revolución Mexicana (1910-17) que empezaron a construir el México moderno (tercera transformación).
Pero si bien se centra en la justicia social y en la reducción de la pobreza, su ideología no es clara. “Por el bien de todos, primero los pobres”, decía el presidente a menudo mientras hacía campaña. Aunque inclinado a la izquierda, ha rechazado con vehemencia las predicciones de que sería una reencarnación del difunto Hugo Chávez, el presidente populista, nacionalista y socialista cuyas políticas destruyeron la economía venezolana.
En cambio, dice que es seguidor de presidentes mexicanos, incluido Juárez, un liberal, quien promulgó leyes para separar la Iglesia y el Estado, y Lázaro Cárdenas, un nacionalista que en 1938 expulsó a las compañías petroleras extranjeras y tomó el control de la industria.
Ha sido respaldado por evangélicos mexicanos que históricamente apoyaban a candidatos conservadores, y se reunió con líderes empresariales poco después de ganar las elecciones con el fin del calmar el nerviosismo de los inversores.
Quizás debido a su estilo de nacionalismo poco convencional, López Obrador tiene más capital político que cualquiera de los otros tres presidentes mexicanos desde la transición del país a la democracia efectiva en 2000. Su tasa de aprobación es inusualmente alta, hasta un 70 %, y su gran mandato popular se deriva del hecho de que obtuvo más de 30 millones de votos o el 53,19% en las elecciones presidenciales de julio de 2018.
Morena, el partido político que fundó para postularse a la presidencia, también controla ambas cámaras del congreso. Y dado que México permite que los presidentes estén en el cargo solo por un período de seis años, se puede dar el lujo de correr riesgos que puedan o no enajenar a los votantes.
Decisiones drásticas
López Obrador ha tomado medidas drásticas para cumplir las promesas de campaña de reducir el despilfarro y reducir la corrupción. Al comienzo de su administración, el mandatario de 65 años del estado de Tabasco prometió vender el avión presidencial, argumentando que le costó a los contribuyentes millones de dólares que podrían gastarse mejor para combatir la pobreza.
También abrió la mansión presidencial al público, que según él se había convertido en un símbolo de lujo y opulencia en un país donde casi el 42 % vive en la pobreza, según cifras del Gobierno.
Pero los críticos dicen que para complacer a su base política ha tomado decisiones que tienen poco sentido financiero.
En el séptimo mes de su presidencia, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, un antiguo aliado del presidente, renunció amargamente con una carta de renuncia que planteó dudas sobre la toma de decisiones del presidente y su tan preciada promesa de reducir la corrupción.
Otros seis miembros del gabinete también renunciaron en los primeros ocho meses de la administración de López Obrador, incluida la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, el subsecretario de turismo Simón Levy y Guillermo García Alcocer, quien supervisó la Comisión Reguladora de Energía de México.
Algunas decisiones han sido doblemente contraproducentes: han enajenado a la clase política y al electorado y sus efectos han sido peores que el problema que se intentaba corregir.
Cuando casi 100 personas murieron en enero después de una explosión en una tubería en Hidalgo, un estado del centro de México, López Obrador denunció el robo de combustible como uno de los mayores males del país. Su solución inmediata fue cerrar varios ductos, lo que creó una escasez de combustible en varios estados durante semanas.
Las principales ciudades como la capital y Monterrey, un centro industrial en el noreste, experimentaron una escasez que no se había visto en décadas.
Un país dividido y una economía sin inspiración
El resultado de todo esto ha sido una polarización abierta de la sociedad mexicana y una economía con un desempeño que deja mucho que desear.
México escapó por poco de la recesión en la primera mitad del año. Una estimación preliminar publicada por la agencia nacional de estadísticas (INEGI) muestra que la economía creció un 0,1% entre abril y junio. Un retroceso de 0,2% durante el trimestre anterior muestra que la economía mexicana, en el mejor de los casos, está estancada, según José Ignacio Martínez, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Otros factores económicos muestran una perspectiva más positiva. “La inflación está actualmente en 3,97% y el peso se ha mantenido estable en 19,03 por dólar”, explicó Martínez. El Banco de México bajó su tasa de interés a 8% el 15 de agosto. Son señales de una política fiscal estabilizada, dice Martínez. En otras palabras, el consumidor promedio no siente ninguna afectación a pesar de las preocupaciones de los economistas, por lo que el presidente sigue siendo muy popular.
Aquellos que apoyan su política nacionalista y populista se llaman orgullosamente “chairos”. El presidente mismo llama a los que votaron en su contra “fifís”, un término despectivo, aunque no obsceno. Esta división refleja las tensiones socioeconómicas y raciales que han existido en México durante siglos. Pero ahora los epítetos surgen desde el puesto más alto en el país y de una manera muy pública.
“El país ahora está dividido entre aquellos que apoyan a López Obrador, que él ve como los buenos, y aquellos que se oponen a él, a quien llama los malos”, dice Rozental, exsubsecretario de Relaciones Exteriores.
Rozental reconoce que López Obrador ha intentado abordar algunos problemas generalizados en la sociedad mexicana, como la desigualdad, la pobreza y la educación, y dice que los programas para ancianos y jóvenes desempleados instituidos bajo el actual presidente eran muy necesarios.
Sin embargo, considera que el saldo después de ocho meses de gobierno ha sido negativo. “Ya ha habido problemas con su gobierno, incluyendo corrupción, abuso de poder e incluso falta de transparencia en el gabinete”, dijo Rozental. “Sus promesas de que solo él podría erradicar la corrupción porque ‘Soy un hombre honesto’ es un sueño guajiro”.