(CNN) – Los abogados del presidente Donald Trump están tratando de revivir la decisión de la Corte Suprema que otorgó a George W. Bush la presidencia en el 2000 para luchar contra la votación por correo en las próximas elecciones presidenciales.
El fallo de 5-4 en Bush v. Gore puso fin a un calvario de 36 días después de que los resultados de la Florida estuvieran demasiado justos como para declarar a un ganador. La disputa contó con batallones de abogados que se instalaron en el estado, la impugnación de papeletas que no estaban completamente perforadas y múltiples recuentos bajo el resplandor de la televisión nacional. Aunque el caso todavía resuena políticamente, acechando elecciones cuando están muy reñidas, su principio legal ha sido considerado durante mucho tiempo como una decisión válida para un único caso. La propia Corte Suprema no ha citado la decisión en ningún fallo desde entonces.
Sin embargo, a medida que aumentan las tensiones por la votación por correo, Trump persiste con sus afirmaciones infundadas de votación fraudulenta, y su equipo legal trae nuevamente a colación el fallo de Bush vs. Gore, algunos abogados demócratas se preguntan si el caso puede dejar de ser una decisión de una vez y convertirse más en un principio axiomático que, en palabras del difunto juez Robert H. Jackson, “yace como un arma cargada lista” para ser usada en un momento de necesidad.
Si el nuevo enfoque legal de la campaña de Trump tiene éxito, podría conducir al descarte masivo de votos en noviembre, una perspectiva que ha despertado la preocupación de algunos demócratas a medida que los estados fomentan cada vez más las opciones de voto por correo debido a la pandemia de covid-19.
Una encuesta de CNN publicada la semana pasada encontró que los partidarios de Trump prefieren ampliamente votar en persona (66%), mientras que los partidarios del exvicepresidente Joe Biden dijeron que preferirían votar por correo (53%, frente al 22% que prefiere hacerlo en persona).
Cuando el tribunal superior detuvo los recuentos en la Florida en el 2000, otorgándole la Casa Blanca al gobernador republicano de Texas Bush frente el vicepresidente demócrata Al Gore, declaró que los estándares del condado para evaluar las intenciones de los votantes en las papeletas en disputa variaban demasiado para ser justos. La corte dijo que las variaciones violaban la garantía de protección igualitaria de la 14ª Enmienda.
Sin embargo, la mayoría conservadora de cinco jueces también describió su opinión en Bush v. Gore como “limitada a las circunstancias actuales, ya que el problema de la protección igualitaria en los procesos electorales generalmente presenta muchas complejidades”.
Como resultado, los comentaristas legales han visto durante mucho tiempo el fallo en Bush v. Gore como una decisión nacida del momento político en lugar de una decisión que ofrezca un precedente sólido. Jueces de tribunales inferiores solo se han referido esporádicamente al caso.
Los abogados de la campaña de Trump creen que el caso tiene una nueva relevancia. Se basan en Bush v. Gore en nuevas demandas contra la votación por correo en Nevada y Nueva Jersey, sobre todo en el caso de Nevada. Afirman que los estados carecen de procedimientos uniformes para la votación por correo en violación de la protección igualitaria de la Constitución.
En la demanda de Nevada contra el secretario de estado, el abogado William Consovoy, quien ha estado a la vanguardia de gran parte de los litigios de Trump, escribió que las regulaciones para la votación por correo carecen de “garantías procesales mínimas” y constituyen un “trato desigual y sin estándares de los votantes de Nevada en todo los condados”.
Los nuevos argumentos legales se hacen eco de los ataques más amplios e infundados de Trump al voto por correo como fraudulento. Múltiples estudios han encontrado que no existe un fraude generalizado en las elecciones estadounidenses. Aun así, ha habido una aceleración de los reclamos de Trump en múltiples frentes mientras algunos estados se preparan para enviar las boletas el próximo mes.
Consovoy se negó a comentar sobre la estrategia de litigio de la campaña de Trump o el uso de Bush v. Gore.
Recuentos, papeletas que no estaban completamente perforadas y el “motín de los Brooks Brothers”
La saga de Bush v. Gore demostró cómo una carrera reñida y contenciosa podía desgarrar el país, incluso en una época menos polarizada.
Hace dos décadas estaban en juego los 25 votos electorales de la Florida, que para finales del 7 de noviembre de 2000, día de las elecciones, se esperaba que determinaran quién sería presidente. La carrera fue demasiado reñida para determinar a un ganador esa noche, aunque algunas cadenas de noticias declararon a Gore como el ganador en la Florida, luego a Bush, y luego simplemente dijeron que no lo sabían. Gore incluso le concedió la victoria a Bush, y luego llamó y dio marcha atrás.
Esa fue una señal del caos y la confusión que se apoderarían del país en las cinco semanas siguientes. Cuando comenzaron los recuentos, las cuentas cambiaron. Una certificación del estado de la Florida a fines de noviembre, emitida por un secretario de estado republicano, colocó a Bush por delante por apenas 357 votos de los casi seis millones de votos emitidos.
Entre las imágenes imborrables que se vieron mientras la televisión nacional reproducía los recuentos estaban los funcionarios que escudriñaban las papeletas que no estaban completamente perforadas y las que tenían marcas pero no estaban perforadas para discernir las intenciones de los votantes y el “motín de los Brooks Brothers” en la oficina electoral del condado de Miami Dade que interrumpió los recuentos. Todo terminó justo después de las 10 pm ET del 12 de diciembre, con otra imagen memorable, cuando los reporteros de noticias corrieron a través de la plaza de mármol de la Corte Suprema, con la decisión de la corte en mano, a la espera de las cámaras de televisión.
Los magistrados se negaron a tomar el banquillo para anunciar su opinión no firmada deteniendo permanentemente los recuentos de la Florida. La misma mayoría conservadora de cinco jueces había bloqueado temporalmente los recuentos tres días antes, también por protestas de disidentes liberales.
La decisión final determinó que los estándares en la Florida para evaluar las papeletas impugnadas variaban de un condado a otro, lo que resultaba en un “trato arbitrario y desigual” a los votantes.
En la mayoría estaban el presidente de la corte William Rehnquist, y los jueces Sandra Day O’Connor, Antonin Scalia, Anthony Kennedy y Clarence Thomas. Disintieron los jueces John Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer.
Esa formación conservadora-liberal avivó las quejas sobre política partidista.
Stevens, el principal liberal en ese momento, escribió: “Aunque tal vez nunca sabremos con total certeza la identidad del ganador de las elecciones presidenciales de este año, la identidad del perdedor es perfectamente clara. Es la confianza de la nación en el juez como un guardián imparcial del estado de derecho”.
El tribunal superior no se ha referido a Bush v. Gore en ningún fallo posterior, según una búsqueda en el sitio web del tribunal que incluye los textos de los casos. La única cita al caso aparece de pasada en una nota al pie de página en una opinión disidente en solitario de Thomas en una disputa de registro de votantes de 2013 en Arizona.
Sin embargo, desde un punto de vista neutral, el caso tendría tanto valor de precedente como cualquier otra decisión de la Corte Suprema y los litigantes serían libres de usarlo si lo creyeran persuasivo para presentar sus casos.
Thomas es uno de los tres magistrados (con Ginsburg y Breyer) que todavía están en la corte desde el 2000. Dos magistrados que se incorporaron años después trabajaron como abogados con el equipo de Bush en la Florida: John Roberts, nombrado presidente de la Corte Suprema por Bush en 2005, y Brett Kavanaugh, designado por Trump en 2018.
Demandas en Nevada y Nueva Jersey
Las demandas de la campaña de Trump que invocan el fallo Bush v. Gore fueron presentadas por la forma de abogados Consovoy McCarthy, que ha liderado innumerables litigios de Trump, incluido el esfuerzo del presidente para evitar que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un gran jurado de Manhattan.
En la demanda de Nevada presentada el 4 de agosto, Consovoy protestó en particular contra las normas que permitirían el recuento de algunas boletas tardías y, por separado, que exigen un número diferente de lugares de votación en las zonas urbanas y rurales en función de la población del condado.
Funcionarios del estado de Nevada han pedido que se desestime la demanda. Un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos aún no se ha pronunciado sobre esa moción.
Al Comité Nacional Demócrata, el Comité de Campaña del Congreso Demócrata y el Partido Demócrata de Nevada les permitieron intervenir en el caso de Nevada, en virtud de una orden de la corte de distrito de Estados Unidos emitida el viernes. En la moción en la que pidieron intervenir, los grupos demócratas habían declarado que la demanda de Trump era “una mezcolanza de afirmaciones” que no son “viables”.
Presentada por el abogado Marc Elias, un veterano de muchas batallas de campaña demócratas, la moción describe la demanda de Trump como “un intento de socavar el esfuerzo del estado (…) para proteger a los votantes de Nevada durante una crisis de salud pública”.
El martes se presentó una demanda judicial federal separada de la campaña de Trump contra Nueva Jersey, luego de que el gobernador Phil Murphy declarara que todos los residentes recibirían boletas para votar por correo en noviembre. Los residentes también pueden votar en persona, pero a través de papeletas provisionales que deben ser revisadas para comprobar si hay votos duplicados.
La campaña de Trump presenta numerosos fundamentos legales, incluidos los basados en la justificación de protección igualitaria de Bush v. Gore. La orden de Murphy, afirman los abogados de Trump, “dará lugar a que los condados de Nueva Jersey utilicen diferentes estándares para determinar qué es un voto provisional legal”.
En general, la denuncia se hace eco del mensaje público de Trump que intenta desacreditar las papeletas de votación por correo. Se refiere a un fraude electoral potencial decenas de veces y advierte que el plan de Nueva Jersey que surge de una crisis de salud pública presenta “una receta para el desastre”.
A medida que Trump continúa impugnando la votación por correo, no es difícil imaginar más litigios inspirados en Bush v. Gore e incluso una posible repetición del caso histórico bajo la forma de Trump v. Biden. La forma en la que la actual Corte Suprema dictaminaría desafía las predicciones, más allá de la probabilidad de que el presidente de la Corte Suprema, Roberts, desempeñe un papel crucial como lo ha hecho en los casos importantes más recientes.
Durante años, Scalia amonestó a la nación dividida con respecto a Bush v. Gore afirmando: “¡Supéralo!”
Está claro que para los seguidores del último icono conservador, Trump incluido, este mantra ya no es válido.