(CNN Español) –– Estados Unidos es partidario de una reforma electoral en Nicaragua antes de los comicios de noviembre de 2021. Así lo dijo este miércoles Michael Kozak, secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental de EE.UU.
“Estados Unidos está dispuesto a integrar… Está preparado para incrementar la presión sobre el régimen de Ortega, con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense”, expresó Kozak.
Sanciones de Estados Unidos a funcionarios de Nicaragua
Washington ha sancionado a decenas de funcionarios y familiares de Daniel Ortega que, considera, están vinculados a casos de presunta corrupción o violación de derechos humanos.
El Parlamento Europeo aprobó el 8 de octubre en Bélgica una resolución que establece sanciones contra el presidente Daniel Ortega. También contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
“Hasta la fecha, las sanciones estadounidenses han bloqueado a 24 miembros del régimen corrupto de Ortega. Así como a nueve entidades que han usado el régimen para reprimir a sus ciudadanos y esconder ganancias de origen espurio. Y entre estas entidades se incluye la Policía Nacional de Nicaragua”, señaló Kozak.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios funcionarios son consideradas por el presidente Ortega como agresiones a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
La Asamblea General de la OEA aprobó el 21 de octubre una resolución que concede plazo hasta mayo de 2021 para la aprobación de reformas electorales que garanticen un proceso participativo y observado.
Reformas electorales
El gobierno de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a estas declaraciones del secretario de Estado adjunto interino de EE.UU. Consultamos al Consejo de Comunicación y Ciudadanía y de momento no responden a nuestra solicitud.
El presidente Daniel Ortega, que prometió en julio de 2019 impulsar reformas electorales, no ha retomado el tema. En sus últimas comparecencias, como la del 11 de diciembre durante el acto de graduación de oficiales militares, se dedicó a cuestionar el sistema electoral estadounidense.
“¡Fraude en Estados Unidos! Y no de ahora. Ya en varias elecciones han salido estas acusaciones de fraude, y que tienen un sistema electoral donde el voto del pueblo no vale, porque vota el pueblo. Pero de nada sirve que un candidato tenga una mayoría de votos, si después en cada estado los delegados de cada partido deciden elegir al que tuvo menos votos populares”, expresó Ortega.
No hay pruebas de fraude en las elecciones de EE.UU. y decenas de demandas contra los resultados han sido descartadas en varios estados. El Colegio Electoral ratificó a Joe Biden como presidente electo y los delegados votaron según el voto popular que se impuso en cada estado.
Cuestionamiento de funcionario de Estados Unidos a ley en Nicaragua
Kozak también reaccionó a la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de Nicaragua. El pasado 15 en octubre, la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional avaló la legislación. Según Kozak, la ley exige a las personas físicas y jurídicas que reciben cualquier tipo de financiamiento del exterior que se registren ante el gobierno. También que cumplan con rigurosos requisitos de comunicación y se abstengan de participar en actividades que las autoridades consideran políticas, añadió el funcionario.
“Los críticos de la ley coinciden en que su verdadera intención es impedir que candidatos opositores y simpatizantes de oposición participen en las elecciones de 2021. Así mismo, esta ley tendrá un efecto inhibitorio sobre las actividades de la sociedad civil en el período previo a las elecciones”, agregó Kozak.
Según Kozak, diversos analistas señalan que la ambigüedad en el lenguaje de la legislación amplía la discrecionalidad para usarla como herramienta de represión.
Ley de Ciberdelitos
En cuanto a la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada el 27 de octubre, el diplomático cuestionó que “podría sancionar las expresiones que sean críticas del régimen de Ortega, incluidas las publicaciones de medios sociales”, ya que la ley establece sanciones y multas.
El artículo 30 de la mencionada legislación establece que las publicaciones que perjudiquen el honor, el prestigio o reputación de una persona supondrán una pena de uno a tres años de prisión. Además una multa de entre 150 y 300 días de salario. La ley advierte que “si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio o a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público la salud pública o la seguridad soberana” se impondrá una pena de 3 a 5 años de prisión y una multa de entre 500 y 800 días de salario.
Kozak también se refirió al análisis de una reforma constitucional para imponer prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio, que espera segunda aprobación en la Asamblea Nacional.
Según el diplomático, las tres iniciativas legislativas condicionan la participación de los votantes en un año electoral.