(CNN) – Han pasado solo tres meses desde que el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue acusado por el Congreso de su país y destituido de su cargo por acusaciones de corrupción que él ha negado repetidamente. Sin embargo, apareció nuevamente este lunes, haciendo una declaración pública culpando a “una clase política que solo está interesada en generar caos”, por su implicación en un escándalo de vacunas que ha irritado a todo el país.
El amplio escándalo en cuestión involucra a funcionarios actuales y gubernamentales, incluido el expresidente, que fueron vacunados contra el coronavirus aunque no eran elegibles para hacerlo, un escándalo que ha provocado la renuncia de varios ministros.
Perú está lidiando actualmente con un resurgimiento de covid-19, reportando más de 6.000 casos por día, según datos de la Universidad Johns Hopkins. También se enfrenta a una peligrosa escasez de camas de cuidados intensivos y oxígeno a medida que aumentan los contagios.
Vizcarra aparece en una lista de casi 500 personas que “aprovecharon su posición” para tener acceso a la vacuna de fabricación china, según el actual presidente interino, Francisco Sagasti, a principios de esta semana. La lista, que se ha hecho pública, incluye la crème-de-la-crème de la política peruana, incluida la ministra de Salud de Sagasti, Pilar Mazzetti, y la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete.
Vizcarra tuiteó el domingo que su decisión de vacunarse “no había causado ningún daño a nadie y mucho menos al Estado”. Agregó que “no aprovechó la situación porque era un proyecto [para desarrollar] una vacuna que aún no había pasado por todas las fases de aprobación”.
“Tuve razones válidas para no hacer pública mi participación [en los ensayos clínicos], ya que la misma hubiese puesto en riesgo el normal desarrollo de la Fase III de la vacunación experimental de Sinopharm a nivel mundial”, escribió el expresidente.
Y nuevamente el lunes, se quejó de que la prensa continuaba publicando “información distorsionada” sobre lo sucedido.
En una carta abierta, Mazzetti, la exministra de Salud, calificó la decisión de vacunarse como el peor error de su vida. “No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado”, escribió.
En un comunicado publicado en Twitter, Astete dijo que está “[…] consciente del grave error que cometí, razón por la cual decidí no recibir la segunda dosis. Por las razones expuestas, he presentado al señor presidente de la República mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores”.
El caos político que vive Perú se intensificó con el ‘vacunagate’
Perú enfrenta “un momento crítico”, dijo el presidente Sagasti. “Además de la crisis de salud, la crisis económica, la crisis social, la inestabilidad y la crisis política que hemos vivido en los últimos meses, ahora tenemos una crisis de ética y moral”.
Su propia presidencia es testimonio de la reciente serie de crisis en Perú: Sagasti ha sido presidente del país durante menos de tres meses, nombrado líder interino a raíz de la agitación política, el otoño pasado.
Asumió el cargo después de que su predecesor Manuel Merino fuera obligado a renunciar en medio de manifestaciones masivas contra la clase política peruana. El propio Merino acababa de reemplazar a Vizcarra; entre el 9 y el 17 de noviembre, Perú tuvo tres presidentes diferentes: Vizcarra, Merino y Sagasti.
El escándalo de las vacunas —que algunos en el país andino ya llaman “vacunagate”— surgió la semana pasada luego de una investigación de la organización de noticias local Willax TV.
Muchos peruanos dicen estar indignados, pero no sorprendidos de que funcionarios del Gobierno y sus círculos íntimos, incluidos familiares, supuestamente se aprovecharon de sus puestos para acceder a una vacuna a la que no tenían derecho.
José Ugaz, un abogado de derechos humanos de Perú y expresidente de Transparencia Internacional, lo calificó como “una crónica de escándalo anunciada”, haciéndose eco de las palabras del escritor colombiano Gabriel García Márquez. “Ya había pedido, y varias organizaciones habían hecho lo mismo, que se debía tener mucho cuidado en cómo se deben manejar las vacunas”, dijo a CNN.
Ugaz dijo que muchos peruanos están acostumbrados a “decepción tras decepción” de sus líderes elegidos a estas alturas.
“Hemos visto gobiernos profundamente arraigados en la corrupción, con débiles capacidades de gobierno, mintiendo permanente y sistemáticamente al pueblo, y anteponiendo los intereses de ellos mismos y los de sus partidos y círculos internos al país; lo que también ha sucedido durante la pandemia”.
Los problemas con la justicia de los expresidentes de Perú
La lista de líderes nacionales decepcionantes es larga, y en ese sentido, Vizcarra no se equivoca en que reina el caos en la clase política. Los últimos seis presidentes de Perú han tenido problemas con la ley.
Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos. Alejandro Toledo (2001-2006), quien se encuentra actualmente en Estados Unidos, enfrenta una solicitud de extradición por cargos de lavado de dinero, que él niega. Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril de 2019, cuando estaba a punto de ser detenido por acusaciones relacionadas con el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por su papel relacionado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, lo que niega. Ollanta Humala (2011-2016) fue arrestado en 2017 por acusaciones similares; no solo discute los cargos, sino que planea postularse nuevamente para presidente. Y finalmente, la Procuraduría General del Estado anunció este lunes que investiga a Martín Vizcarra por el escándalo de la vacuna.
Muchos peruanos aún recuerdan el escándalo denominado “vladivideos”, una serie de videos que salieron a la luz en el 2000. Los videos mostraban a Vladimiro Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia de Perú, sobornando a miembros de la oposición del Congreso para que cambiaran de bando y apoyaran las políticas del entonces presidente Alberto Fujimori, cuyo lema de campaña fue “honestidad, tecnología y empleo”.
Montesinos ha sido declarado culpable de numerosos delitos que van más allá del escándalo “vladivideos”. En 2016 fue condenado a 22 años de prisión por secuestrar y asesinar a tres personas. En 2019, la Corte Suprema de Perú confirmó un aumento de su sentencia de 15 años a 17 años, por su papel en el secuestro en 1992 del empresario Samuel Dyer.
Aún así, para Ugaz, exdirector de Amnistía Internacional, hay motivos para tener esperanza. El sistema judicial de Perú todavía funciona a pesar de las probabilidades, dice. Las autoridades están avanzando con una investigación contra Vizcarra por el escándalo de la vacuna y es probable que Toledo sea juzgado si regresa al país. Lo mismo ocurre con los demás, aunque las acusaciones de persecución política y venganzas van y vienen.
El 11 de abril, los peruanos tienen la oportunidad de un reinicio, cuando regresen a las urnas para elegir un nuevo presidente y los 130 miembros de su Congreso unicameral. Como muchos peruanos, Ugaz espera un cambio importante de la agitación política de Perú y el manejo muy criticado de la pandemia de coronavirus.
“Los escándalos podrían ser representativos de una clase política que está respirando sus últimos suspiros”, dijo.
– Jimena de la Quintana, en Lima, y Claudia Rebaza, en Londres, contribuyeron a este informe