(CNN) – Estados Unidos y sus aliados están intensificando la presión sobre China en una demostración unificada de fuerza contra la presunta represión de Beijing contra los uigures, una minoría étnica predominantemente musulmana, en la región de Xinjiang, en el occidente del país.
El Departamento de Estado de EE.UU. estima que hasta 2 millones de uigures y otras minorías musulmanas han pasado por una extensa red de centros de detención en toda la región, donde los exdetenidos alegan que fueron sometidos a un intenso adoctrinamiento político, trabajos forzados, torturas e incluso abusos sexuales.
Los grupos de derechos humanos y los activistas uigures en el extranjero también han acusado al gobierno chino de asimilación cultural forzada y de control de la natalidad y esterilización forzados contra los uigures.
La antigua administración de Trump determinó oficialmente que China está cometiendo genocidio y crímenes de lesa humanidad contra musulmanes uigures.
China niega con vehemencia las acusaciones de abusos a los derechos humanos, insistiendo en que los campamentos son “centros de formación profesional” voluntarios diseñados para acabar con el extremismo religioso y el terrorismo.
Esta semana, Estados Unidos junto con la Unión Europea, Canadá y Reino Unido anunciaron sanciones a funcionarios chinos por violaciones de derechos humanos en Xinjiang. En una declaración conjunta, la agrupación condenó el supuesto “uso de trabajo forzado, detención masiva en campos de internamiento, esterilizaciones forzadas y la destrucción concertada de la herencia uigur” por parte de China.
China respondió casi de inmediato imponiendo sanciones de ojo por ojo, prohibiciones de viajes y negocios contra diez políticos de la UE y cuatro entidades. Ambas partes se han redoblado, con los líderes europeos acusando a China de “confrontar” y Beijing acusando a la UE de “interferir enormemente” en sus asuntos internos.
Esto es lo que necesitas saber sobre Xinjiang y las acusaciones de atrocidades.
¿Dónde está Xinjiang y quién vive allí?
Xinjiang, oficialmente la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, es una región extensa y remota en el lejano oeste de China. Con una extensión de 1,6 millones de kilómetros cuadrados desde la meseta tibetana en el sureste hasta Kazajstán en su frontera noroeste, es, con mucho, la región administrativa más grande de China, pero una de las menos densamente pobladas.
Una región étnicamente diversa, es el hogar de una variedad de grupos étnicos minoritarios, incluidos los hui, los kazajos y el grupo más grande, los uigures, que hablan un idioma estrechamente relacionado con el turco y tienen su propia cultura distintiva.
Xinjiang es rico en recursos naturales, especialmente petróleo y gas natural. El gobierno central ha realizado un esfuerzo concertado para desarrollar la economía de la región, lo que provocó una afluencia a gran escala de la población de mayoría étnica Han de China en las últimas décadas.
Históricamente, los uigures habían sido la mayoría en la región. Ahora, representan poco menos de la mitad de la población total de Xinjiang de 22 millones, y muchos de ellos viven en la parte rural del sur de Xinjiang.
La región es geográficamente estratégica para Beijing. Xinjiang es la puerta de entrada de China a Asia Central, que limita con Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Afganistán, así como Mongolia y Rusia en el norte y Pakistán e India en el sur.
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¿Qué llevó a la represión?
Los grupos minoritarios de Xinjiang durante mucho tiempo se han sentido marginados y excluidos del auge económico, alegando una discriminación laboral generalizada en las industrias controladas por el estado que han dominado la economía local.
Las restricciones respaldadas por el gobierno sobre las prácticas y costumbres religiosas que son fundamentales para su identidad islámica desde la década de 1990 también han servido para avivar las tensiones interétnicas y la violencia ocasional.
En los últimos años, Beijing ha reforzado su control sobre la región. Un punto de inflexión se produjo en 2009, cuando los disturbios étnicos en Urumqi, la capital de la región, resultaron en la muerte de al menos 197 personas, lo que llevó a una represión del gobierno que vio impuestas restricciones generalizadas y duraderas a los grupos minoritarios musulmanes.
El gobierno también ha vinculado a los uigures con los ataques en Xinjiang y otras partes de China. Beijing ha culpado a militantes islamistas y separatistas por la violencia, aunque se discute cuántos de estos incidentes están vinculados o dirigidos por grupos militantes extranjeros.
En los últimos años, Beijing ha intensificado las restricciones al Islam en nombre de la lucha contra el terrorismo. La represión incluye prohibir los velos, las barbas largas y los nombres islámicos, tomar medidas enérgicas contra los grupos de estudio del Corán e impedir que los funcionarios musulmanes ayunen durante el Ramadán.
La represión se ha intensificado aún más después de que Chen Quanguo, de línea dura del Partido Comunista, fuera puesto a cargo de Xinjiang en 2016. Chen, el exjefe del Partido en la vecina Región Autónoma del Tíbet, desató una serie de medidas de seguridad, instalando una red de puestos de control tripulados y cámaras de vigilancia alimentadas por inteligencia artificial para rastrear las rutinas diarias de las personas. Las autoridades también recopilaron datos biométricos de los residentes y realizaron verificaciones al azar en sus teléfonos para buscar contenido que se considere problemático o sospechoso.
¿Qué son los campos de detención?
El mayor paso que ha dado China en su represión es su red de campos de detención en toda la región. Exdetenidas han descrito haber experimentado adoctrinamiento político y abuso dentro de los campamentos, como privación de comida y sueño, inyecciones forzadas, esterilizaciones forzadas, abortos y violaciones en grupo.
Fueron encadenadas y obligadas a vivir en malas condiciones; una detenida dijo que la pusieron en una celda con otras 20 mujeres y solo se le permitió usar el baño una vez al día durante tres a cinco minutos. Las que tardaron más fueron electrocutadas con porras de choque, dijo.
En un informe publicado en marzo, Amnistía Internacional estimó que puede haber miles de niños uigures que han estado separados de sus padres durante años como resultado del control cada vez más estricto del gobierno sobre Xinjiang.
Inicialmente, Beijing negó rotundamente la existencia de los campamentos. Pero luego afirmó que las instalaciones son “centros de capacitación vocacional” voluntarios donde las personas aprenden habilidades laborales, idioma chino y leyes. El gobierno ahora insiste en que los campos son necesarios para prevenir el extremismo religioso y el terrorismo.
Documentos del gobierno chino filtrados, sin embargo, revelaron que las personas pueden ser enviadas a un centro de detención simplemente por “usar un velo” o dejarse crecer “una barba larga”. Entre los desaparecidos en los campos también se encuentran intelectuales y artistas uigures, personas que no necesitarían formación profesional, como ha afirmado el gobierno chino.
Los documentos, junto con otros informes de primera mano, pintan un cuadro alarmante de lo que parece ser una campaña estratégica de Beijing para despojar a los uigures de su identidad cultural y religiosa y reprimir comportamientos considerados antipatrióticos.
El gobierno chino ha cuestionado la autenticidad de los registros filtrados.
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¿Cómo ha respondido el mundo?
El trato de los uigures y otras minorías en Xinjiang ha sido ampliamente condenado por la comunidad internacional. En julio de 2019, 22 países firmaron una carta instando a China a poner fin a sus “detenciones arbitrarias masivas y violaciones relacionadas” y pidieron a Beijing que permitiera a los expertos de la ONU acceder a la región.
Pero muchos países de mayoría musulmana se han mantenido en silencio sobre la represión de China en Xinjiang, y algunos incluso expresaron su apoyo a Beijing. Apenas cuatro días después de que la carta de condena de las políticas de Xinjiang de China fuera enviada a las Naciones Unidas, 37 países, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Siria, Rusia y Corea del Norte, escribieron a la ONU y elogiaron a China por sus “notables logros en los campos de los derechos humanos” en Xinjiang.
En enero de este año, Estados Unidos determinó oficialmente que China está cometiendo genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los uigures. Un mes después, los parlamentos holandés y canadiense aprobaron mociones similares a pesar de la oposición de sus líderes.
Estados Unidos también prohibió las importaciones de productos de algodón y tomates producidos en Xinjiang por motivos de trabajo forzoso.
En marzo, una organización no gubernamental llevó a cabo un análisis jurídico independiente de las acusaciones de genocidio –y de la responsabilidad que puede tener Beijing– por primera vez. El informe, realizado por más de 50 expertos mundiales, concluyó que las presuntas acciones del gobierno chino han violado todas y cada una de las disposiciones de la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas.
Días antes de que se publicara el informe, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que las acusaciones de genocidio “no podrían ser más absurdas”. El gobierno chino ha defendido repetidamente sus acciones en Xinjiang, diciendo que los ciudadanos ahora disfrutan de un alto nivel de vida y calificando las acusaciones como una campaña de difamación por parte de fuerzas extranjeras.
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Las sanciones declaradas esta semana son algunas de las acciones más fuertes y unificadas tomadas en protesta por el trato de los uigures, aparentemente destinadas a aislar y presionar a Beijing.
Estados Unidos apuntó a Wang Junzheng, secretario del Comité del Partido del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, y a Chen Mingguo, director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang. Mientras tanto, la UE sancionó a Zhu Hailun, exjefe de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, y a otros tres altos funcionarios, por supervisar el programa de detención y adoctrinamiento.
Pero ninguna de las sanciones hasta ahora ha mencionado a Xi Jinping, el líder más poderoso de China en décadas, quien ha calificado la política de Xinjiang de su gobierno como “completamente correcta”.
Ben Westcott de CNN contribuyó a este informe.