(CNN Español) –– El pleno del Congreso de Perú debate este jueves un proyecto que propone inhabilitar para cargos públicos al expresidente Martín Vizcarra y a las exministras Pilar Mazzetti Soler, de Salud, y Elizabeth Astete Rodríguez, de Relaciones Exteriores, en relación con el escándalo de vacunaciones conocido como “vacunagate”.
Si los legisladores aprueban una propuesta de la Comisión Permanente del Congreso, Vizcarra podría recibir una inhabilitación por 10 años, Mazzetti por 8 y Astete Rodríguez por 1 año.
El debate en el pleno se basa en un informe de la Comisión Permanente. El reporte acusa a Vizcarra y a sus dos exministras de incurrir en infracciones constitucionales. Ese informe se aprobó este jueves tras una sesión de la comisión en la que participaron los tres exfuncionarios.
Vizcarra, en su defensa, dijo que el Congreso debería retornar el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto porque, según él, el reporte cuenta con “flagrantes errores e infracciones a la constitución”.
“No solo errores, falsedades que afirma este informe”, indicó Vizcarra.
Poco antes de la votación de la comisión, Vizcarra también se refirió al asunto en Twitter. “El fondo de esta acusación es una venganza, es una persecución política. El tema legal es solo un pretexto para sacar a un contrincante de la carrera electoral, dejen al pueblo peruano que decida”, escribió. Vizcarra compite por una curul legislativa en las elecciones generales del domingo.
Mazzetti y Astete se defienden
Por su parte, la exministra Mazzetti dijo durante la sesión que cometió “es cierto, un error de criterio. Un error político con respecto a una vacuna que existía en el ámbito privado, con un marco regulatorio aprobado meses atrás por las autoridades competentes, que ciertamente ahora puede ser cuestionado, incluso éticamente. Pero que era válido en su momento”.
Mazzetti agregó: “He reconocido y pagado el precio político, he pedido disculpas. Pero, de ahí a decir que no se han protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la Nación hace ver que no se ha evaluado en forma integral la situación. Y, sobre todo, la magnitud de los esfuerzos realizados”.
La exfuncionaria puntualizó que el informe no tipifica “con exactitud las infracciones constitucionales supuestamente cometidas y el daño supuestamente ocasionado a la población, al hacer uso de una vacuna que no estaba destinada a la población”.
En cuanto a su defensa, la excanciller Astete reconoció en la comisión “que cometí un grave error de criterio al confiar que la vacunación que se me ofrecía repetidamente se trataba de un proceso regular. Y asumo plenamente las consecuencias del error que cometí al vacunarme, y de no haber investigado y analizado de manera profunda y oportuna el tema”.
Astete también sostuvo en su descargo que al mismo tiempo rechazaba “categóricamente las acusaciones” de haber aprovechado su cargo para solicitar la inoculación de la vacuna y “de haber otorgado algún beneficio a Sinopharm o a cualquier otro laboratorio”.
“Vacunagate”
El escándalo conocido como “vacunagate” en Perú estalló tras conocerse que más de 480 personas, incluidos funcionarios públicos y el expresidente Vizcarra, se vacunaron en sigilo contra el covid-19 antes de que comenzara la campaña oficial de inmunización en el país.
La crisis se originó después de que un programa de televisión local informara que Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz Cabello, se vacunaron en octubre de 2020. Fecha en la que Vizcarra aún era presidente, y no revelaron esta información.
El exmandatario reconoció públicamente que él y su esposa fueron vacunados. Dijo que fue como parte de un ensayo clínico, pero la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a cargo de las pruebas clínicas de Sinopharm, negó que hubieran participado como voluntarios.
La Fiscalía comenzó también diligencias contra Vizcarra por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Específicamente concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, relacionados con el caso.
Mazzetti y Astete renunciaron a sus cargos en febrero de este año, tras reconocer que habían recibido vacunas contra el covid-19.