(CNN) – Se espera que la Cámara de Representantes vote este jueves para aprobar un proyecto de ley de gastos por US$ 1.900 millones para aumentar la seguridad en el Capitolio de Estados Unidos en respuesta a la mortal insurrección del 6 de enero.
La amplia legislación, presentada por la presidenta de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Rosa DeLauro, demócrata de Connecticut, cubre una variedad de prioridades, incluida la financiación para mejorar la seguridad en los terrenos del Capitolio, así como disposiciones para reforzar las protecciones y aumentar la preparación para los legisladores, incluso en las oficinas de sus distritos y la fuerza policial del Capitolio.
Después de que la Cámara acepte el proyecto de ley, también debería aprobarse en el Senado antes de que pueda ir al escritorio del presidente Joe Biden para que se promulgue como ley.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, dijo en una conferencia de prensa, el miércoles, que la legislación “protegerá al Capitolio y a todos los que sirven y trabajan aquí”.
“No podemos esperar, tenemos que hacer esto”, dijo DeLauro en la misma conferencia de prensa. “Tenemos que actuar, y tenemos que actuar ahora”.
El impulso para aumentar la seguridad es parte de un enfoque múltiple de los demócratas del Congreso para responder al ataque de enero. La Cámara votó el miércoles para aprobar una legislación que establezca una comisión independiente que investigue la violenta insurrección. Treinta y cinco republicanos de la Cámara votaron a favor de la medida, que fue producto de un acuerdo bipartidista, pero los principales líderes republicanos, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, se han opuesto.
Los demócratas han argumentado que se necesitan mejoras de seguridad, así como un proyecto de ley de financiamiento complementario para abordar la seguridad en el Capitolio a raíz del ataque provocado por las mentiras del expresidente Donald Trump de que las elecciones presidenciales fueron robadas. Algunos republicanos han advertido, sin embargo, contra una extralimitación que, según ellos, crearía efectivamente un Capitolio cerrado.
Los desacuerdos partidistas sobre cómo responder a la insurrección surgen cuando varios republicanos, en la Cámara, en particular, continúan minimizando la gravedad del ataque.
¿Para qué se destinará el dinero aprobado?
La legislación de US$ 1.900 millones se desarrolló en respuesta a los hallazgos y recomendaciones de un grupo de trabajo dirigido por el teniente general retirado del Ejército Russel Honoré, a quien Pelosi le encargó que dirigiera una revisión de la seguridad en el Capitolio después de la insurrección.
Entre una serie de disposiciones, la legislación proporcionaría US$ 250 millones para la seguridad de los terrenos del Capitolio, que podrían usarse para infraestructura física que incluye “vallas retráctiles o ‘pop-in’ y sensores de seguridad”, según un resumen de la ley publicado por la Comisión de Asignaciones de la Cámara.
Habría US$ 162,7 millones para reforzar las garantías de seguridad para ventanas y puertas en el Capitolio, así como en los edificios de oficinas de la Cámara y el Senado.
El plan tendría US$ 7,4 millones reservados para aumentar la seguridad de los legisladores, incluidas las evaluaciones de amenazas, y US$ 10,6 millones se destinarían a medidas de seguridad y la instalación de sistemas de cámaras en las oficinas del distrito para los miembros.
La Policía del Capitolio obtendría US$ 8,6 millones para cámaras corporales, US$ 6,8 millones para entrenamiento especializado y US$ 2,6 millones “para adquirir equipo básico de control de disturbios y para equipar a todos los agentes con cascos balísticos, porras y escudos corporales”, dice el resumen del proyecto de ley.
La legislación reservaría US$ 200 millones “para crear una Fuerza de Reacción Rápida dedicada a aumentar la Policía del Capitolio”, según el resumen.
Además, la medida proporciona fondos para los esfuerzos relacionados con el enjuiciamiento de las personas que participaron en el ataque del 6 de enero.
El resumen del proyecto de ley dice que habría US$ 39,5 millones “para procesar los cientos de procesamientos de los autores de la insurrección del 6 de enero, incluidos US$ 34 millones, para los fiscales de Estados Unidos; US$ 3,8 millones, para la División de lo Penal del Departamento de Justicia; y US$ 1,7 millones, para la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia”.
El representante republicano Tom Cole, de Oklahoma, el miembro de mayor rango en la Comisión de Reglas, describió en la Cámara de Representantes –el martes– por qué está en contra de la legislación, criticando a los demócratas por avanzar demasiado rápido en el proceso.
“Es realmente decepcionante que los demócratas no estuvieran dispuestos a seguir trabajando para lograr un acuerdo con los republicanos sobre un asunto de esta magnitud. Y dado que el Senado no tiene prisa por adoptar esta legislación, unas pocas semanas más de discusión podrían haber, y probablemente hubieran, llevado a un producto bipartidista en lugar de un producto destinado al cementerio legislativo”, dijo Cole.
Criticó específicamente la disposición que establecería una Fuerza de Reacción Rápida para aumentar la Policía del Capitolio, argumentando que esta fuerza debería estar bajo el control del Congreso en lugar de la Guardia Nacional de Washington, para evitar una mayor dependencia del Capitolio del Poder Ejecutivo.
El representante Kevin Hern, de Oklahoma, quien se desempeña como presidente del Grupo de Trabajo sobre Gastos y Presupuesto de la Comisión de Estudio Republicano, dijo a los periodistas el miércoles que está en contra del proyecto de ley porque no sabe cómo se gastará el dinero.
“Votaré en contra, y esta es la razón: ni siquiera sabemos en qué se gastará el dinero”, dijo Hern.
Aunque Hern dijo que se debería establecer una comisión del 6 de enero antes de que se hagan las asignaciones, también le dijo a CNN que votaría en contra de la comisión porque veía la legislación como partidista.