(CNN Español) – El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, considera que en Nicaragua el Gobierno de Daniel Ortega no ejerce el poder de acuerdo al Estado de derecho, lo que es considerado una dictadura. Así se lo dijo en entrevista a Fernando del Rincón en Conclusiones de CNN.
Almagro solicitó una “reunión de urgencia” al Consejo Permanente de ese cuerpo hemisférico para discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo, luego de una serie de arrestos de opositores en menos de una semana, entre los que destacan los de cuatro precandidatos presidenciales. El secretario general de la OEA dice que en el país centroamericano se ha producido una “alteración del orden constitucional” y que en la sesión de urgencia “debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios” para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
“En la categorización que corresponde adoptar a la Consejo Permanente —que corresponde adoptar a los países— está esta deslegitimación de origen y de ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho. No tiene duda la Secretaría General que hoy el ejercicio del poder en Nicaragua no se ajusta a al Estado de derecho democrático, que el ejercicio del poder en Nicaragua está deslegitimado por esta circunstancia y que, por lo tanto, es necesario tomar acciones que estén en consonancia con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, dijo Almagro en Conclusiones.
Almagro le explicó a Del Rincón que la terminología de la Carta Democrática Interamericana no utiliza la palabra dictadura en ningún punto. “Pero si usted lo quiere categorizar de esa manera, si cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo al Estado de derecho democrático, es una dictadura”.
En una carta enviada al presidente del Consejo, Ronald Sanders, y que fue publicada por Almagro en Twitter, el secretario general dice que Nicaragua “se ha embarcado en los últimos días en una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública y líderes sociales y empresariales, encarcelándolos sin ninguna garantía de sus derechos ni procesos judiciales”.
Los arrestos de opositores, ordenados con base en diferentes acusaciones de corrupción y a la presunta violación de la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, actos en contra de la soberanía, comenzaron la semana pasada con Cristiana Chamorro, y el sábado fue el turno Arturo Cruz. El martes detuvieron a Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri, y el miércoles a José Bernard Pallais Arana.
Hay ruptura del orden democrático en Nicaragua, dice Almagro
“En este tiempo el Gobierno de Nicaragua decidió deslegitimar la elección a priori con el encarcelamiento y la persecución de los candidatos, precandidatos y de aquellos políticos opositores y disidentes”, dijo Almagro.
“Por lo tanto está deslegitimación previa implica una ruptura del orden democrático del país y una deslegitimación del proceso que viene por delante, del proceso electoral. Y por lo tanto, es necesario tomar acciones para dar respuesta a la respuesta que la ciudadanía nicaragüense necesita. La respuesta que el pueblo nicaragüense hoy —privado de sus derechos civiles y políticos— necesita”.
Qué dice el artículo 21 de la Carta Interamericana
La Carta Democrática Interamericana fue adoptada en septiembre de 2001 y otorga a los gobiernos “una brújula para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros”, según la OEA.
En su artículo 21 contempla que cuando se “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA (…) La suspensión entrará en vigor de inmediato”.
En el mismo artículo se establece que “el Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos” y que “adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”.
Qué dice el gobierno de Nicaragua
El gobierno del presidente Daniel Ortega no ha reaccionado a la solicitud de Almagro, y las llamadas realizadas y los mensajes enviados este miércoles por CNN al Consejo de Comunicación y Ciudadanía no fueron contestados.
La solicitud de Almagro surge el mismo día en que la Policía Nacional de Nicaragua arrestó a José Bernard Pallais Arana, un dirigente de la opositora Coalición Nacional, mientras emitió una orden de captura contra Mario Arana, dirigente de la también opositora Alianza Ciudadana.
Pallais es el séptimo político opositor al gobierno de Daniel Ortega que es detenido en menos de una semana. Arana podría ser el octavo.
Según explicó la Policía en un comunicado, Pallais está siendo investigado por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Los cargos están basados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz” aprobada por el Parlamento en diciembre de 2020, que prohíbe optar por cargos de elección popular a los nicaragüenses “que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia extranjera y fomenten actos terroristas”.
En el comunicado de la Policía no se detallaron instancias específicas para los señalamientos en contra de Pallais.
La orden de captura contra Mario Arana, por su parte, también se fundamenta en la acusación de que realiza actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, etc.”.
Este miércoles, Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro funcionarios del régimen de Ortega, incluida su hija debido al arresto de los políticos.
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgieron este miércoles a Ortega a liberar a los detenidos.
Reacciones
Estados Unidos impuso sanciones el miércoles contra altos miembros del régimen del presidente Daniel Ortega, incluida su hija, después de las medidas del gobierno para detener a altos líderes de la oposición antes de las elecciones generales de noviembre.
“El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está imponiendo sanciones a varios miembros del régimen de Ortega, que son cómplices de la represión”, dijo el miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. “Eso incluye su fracaso en implementar las reformas electorales, solicitadas por la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
La ONU emitió un comunicado urgiendo la liberación de los opositores en Nicaragua.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), Michael Healy, dijo que “el Estado con estas acciones está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda, con consecuencias que erosionan la paz, la estabilidad social y económica que afectarán el presente y futuro de todos los nicaragüenses”.
“Como empresa privada organizada, demandamos una vez más el cese a la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y que se permita celebrar las elecciones libres, transparentes, a como establece la Carta Democrática Interamericana a la cual estamos obligados”.
Asunción Moreno, especialista en Derecho Constitucional e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua, dijo en el país están “viviendo una crisis humanitaria y de derechos humanos grave, en el que se vienen privando una serie de derechos, en el que la escalada ha subido al punto que hoy tenemos privados de libertad a cuatro precandidatos a la presidencia, tenemos a tres líderes opositores, privados de libertad, quienes han sido detenidos de una forma arbitraria e ilegal”.
Con información de Fernando del Rincón, Marlon Sorto, Mario Medrano, Gerardo Lemos, Stefano Pozzebon, Abel Alvarado y Kiarinna Parisi.