Agentes policiales condenados por violación, homicidio y otros delitos graves cobran decenas de millones de dólares en su retiro

Nota del editor: Esta historia contiene lenguaje explícito que describe casos de abuso sexual, tal y como fueron descritos a la policía en los registros de investigación y judiciales, con el fin de comunicar la plena naturaleza del delito. 

(CNN) – Decenas de millones de dólares fluyen a las cuentas bancarias de policías retirados condenados por violar las mismas leyes que juraron respetar.

Estos policías han sido declarados culpables de delitos sexuales y violentos, incluidos homicidio y violación, u otros hechos graves relacionados con el trabajo, como soborno y malversación de fondos. Algunos han admitido haber abusado sexualmente de niños pequeños. Otros han utilizado sus insignias para enriquecerse o ejercer poder sobre miembros vulnerables de sus comunidades. Muchos todavía están sentados en celdas de prisiones. Sin embargo, los cheques siguen llegando y lo harán por el resto de sus vidas. Todo mientras los contribuyentes ayudan a pagar las facturas.

La promesa de estos cheques de jubilación mensuales ilimitados es una de las mayores ventajas de ingresar en el campo físicamente exigente y peligroso de las fuerzas del orden. Solo en raros casos el gobierno de Estados Unidos despoja a los funcionarios deshonrados de estos beneficios, utilizando una dura sanción conocida como “incautación de la pensión”.

Ahora, frente a los crecientes pedidos de reforma policial, algunos legisladores, académicos y defensores de la reforma policial dicen que la pérdida de estas codiciadas compensaciones de jubilación policial podría usarse como una herramienta para desalentar malos comportamientos. Varias investigaciones recientes respaldan esta hipótesis, lo que sugiere que los estados con leyes más estrictas de incautación de pensiones han experimentado niveles más bajos de mala conducta policial.

Sin embargo, a nivel nacional, no hay consenso sobre cuándo y si deben retirarse las pensiones. Las leyes, si es que existen, varían ampliamente de un estado a otro y no siempre apuntan a los mismos delitos. Lo que significa que, el hecho de que los policías condenados puedan conservar sus beneficios depende en gran medida del estado en el que han trabajado.

Más de 350 policías condenados por delitos graves ya han recibido pagos de pensión o son elegibles en el futuro, según un análisis de CNN. Los reporteros identificaron a los agentes utilizando datos de pensiones de miembros individuales de más de 70 fondos obtenidos a través de solicitudes de registros, cronogramas de derechos de jubilación y datos sobre agentes condenados que fueron arrestados entre 2005 y 2015 de la base de datos de delitos policiales Henry A. Wallace de la Universidad estatal Bowling Green. El análisis incluye a los policías condenados por delitos sexuales y violentos, así como por delitos graves cometidos en la “capacidad oficial” de un agente. Y esta es solo una muestra de los agentes elegibles para obtener los beneficios de pensión pública, en parte porque los datos de pago se mantienen confidenciales en más de 15 estados y no todos los fondos consultados por CNN respondieron a las solicitudes.

De los agentes identificados por CNN, más de 200 ya tienen sus prestaciones y colectivamente han recibido aproximadamente US$ 70 millones, según muestra el análisis de datos de pensiones. Los pensionados actuales recibirán más de US$ 8 millones tan solo este año, sin incluir los pagos en los estados donde los montos de las pensiones son confidenciales. Los agentes son elegibles para recibir cientos de millones de dólares durante el transcurso de sus jubilaciones.

“Tiene que haber una manera de presionarlos”, dijo D. Bruce Johnsen, profesor de derecho de la Universidad George Mason que ha estudiado la incautación de pensiones específicamente para agentes policiales. “Si se imponen sanciones más graves por mala conducta, habrá menos casos de mala conducta “.

El estacionamiento oscuro

La mujer de la furgoneta vino tinto ya sentía que la seguían. Entonces, las luces de la patrulla policial comenzaron a parpadear en su espejo retrovisor, iluminando el cielo de medianoche.

El agente Bradley Stewart Wagner había visto a la mujer cuando llenaba su tanque de gasolina momentos antes. Cuando ella se alejó, él la siguió y luego detuvo su vehículo mientras ella se dirigía hacia una zona industrial aislada de la ciudad, no lejos de Disneyland, en Anaheim, California.

Wagner se acercó a la ventanilla de la conductora, miró dentro y le preguntó si tenía licencia o papeles. Como inmigrante indocumentada de México, estas eran preguntas que la mujer temía que le hicieran cada vez que se subía a su automóvil. Dijo que no.

“Sabes que puedo llevarte a inmigración, y de ahí a la deportación”, le advirtió.

Ella le rogó que la dejara ir a casa. “No, no, por favor, tengo a mis hijos”, dijo la madre de cuatro, que aún vestía el uniforme azul de la planta de autopartes donde había trabajado el turno nocturno.

Sin inmutarse, el agente le ordenó que lo siguiera al otro lado de la calle hasta otro estacionamiento.

Allí, le dijo que saliera de la camioneta. Le preguntó si tenía alguna droga y procedió a registrarla, incluso cuando ella dijo que no. Apretó los senos de la mujer y pasó sus dedos por encima de la cremallera de sus pantalones mientras ella temblaba incontrolablemente.

Las luces de la torreta se habían apagado. Agarrándola del brazo, la obligó a sentarse en el asiento trasero de su patrulla y le juntó las muñecas como si fuera a esposarla. A ella le preocupaba que esto significara que estaba a punto de arrestarla y deportarla, pero, en cambio, él le presentó una solución.

“You sexo for me, no problema”, explicó.

La hizo mover su camioneta una vez más y la llevó a otro estacionamiento, aún más apartado. Por un segundo, la mujer consideró girar y pisar el acelerador para huir, pero le preocupaba que eso la metiera en más problemas aún. En cambio, agarró una servilleta y , mientras lo seguía, anotó el número de matrícula de la patrulla. Temía que la matara. De esta manera, supuso, encontrarían la información del policía en su coche, junto a su cadáver.

Esta vez, Wagner le bajó los pantalones hasta las rodillas. Ella nuevamente le dijo que no, que estaba menstruando. El policía apuntó la linterna a la ropa interior de ella y se rió cuando vio que decía la verdad. “Oro”, lo escuchó decir en respuesta. Después de pensar primero que le estaba pidiendo joyas, se dio cuenta de lo que quería. Él le dijo que “se callara” cuando la escuchó comenzar a llorar de nuevo.

Se aflojó el cinturón, se bajó la cremallera de los pantalones y la jaló con fuerza hacia su pene. Solo la dejaba levantar la cabeza cuando ella se ahogaba y riendo decía “más, más”, antes de forzarla a bajar de nuevo. Ella gritó, pero no había nadie para escucharla. Ella trató de apartarlo, pero entró en pánico cuando él puso su mano sobre su arma.

Wagner finalmente se detuvo cuando la mujer comenzó a vomitar. Mientras ella usaba las servilletas en su automóvil para limpiarse la boca, con la esperanza de dejar rastro de su ADN, el agente de policía de Anaheim se masturbó afuera de la camioneta y eyaculó en el suelo del estacionamiento oscuro y desolado.

Le advirtió a la mujer que tendría que seguir encontrándose con él por sexo “para siempre”, incluida la noche siguiente, y que no le contara a nadie lo que había sucedido si quería quedarse en el país. Sabía dónde vivía, le dijo, antes de finalmente dejarla ir.

Ella se apresuró a salir del estacionamiento, con los ojos mirando ansiosamente por el espejo retrovisor en busca de alguna señal de las luces de él. Desorientada, condujo sin rumbo fijo hasta que cruzó una calle que reconoció y pudo encontrar el camino a casa: el pollo crudo y las tortillas que había comprado para el almuerzo de su hijo al día siguiente todavía estaban en el auto con ella.

Su familia la encontró alrededor de las 3:00 a.m. vomitando en los arbustos afuera de su casa, tan indispuesta que había saltado de su auto antes de apagarlo. Era evidente que algo no estaba bien, que algo malo había sucedido.

La historia de Bradley Wagner

La narrativa del caso de Wagner se basa en relatos detallados en más de 1.000 páginas de registros de investigación policial, transcripciones de entrevistas, expedientes judiciales, récords médicos y otros documentos. CNN también obtuvo el audio de la entrevista policial de Wagner y revisó los datos de pensiones y los contratos laborales durante las décadas que Wagner trabajó en el departamento. Los reporteros entrevistaron a varios exagentes de la Policía de Anaheim sobre la investigación y también a la primera mujer que acudió a la Policía.

Cientos de exagentes condenados cobran sus pensiones

Los agentes policiales tienden a ser recompensados con algunas de las prestaciones de jubilación más lucrativas entre los empleados públicos, lo que les permite jubilarse mucho antes, y con mayores pagos que la mayoría de los estadounidenses.

Las pensiones, beneficios cada vez menos frecuentes en el sector privado, siguen siendo comunes para los empleados públicos y garantizan ingresos mensuales de por vida independientemente del rendimiento de la inversión, a diferencia de los planes de ahorro para el retiro, como el 401(k). Se financian a través de contribuciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores del gobierno, y generalmente pagan mucho más de lo que los empleados invirtieron.

Muchos gobiernos estatales y locales han tenido dificultades para cubrir sus costos, pero los sindicatos y algunos expertos en leyes de pensiones dicen que se trata de una forma de compensación que no se puede denegar, incluso si el destinatario es condenado por el más atroz de los delitos. Argumentan que los empleados y sus familiares dependen de este dinero y que los agentes ayudan a financiar las pensiones con su propio cheque de pago, aunque sus contribuciones se les reembolsan si pierden la pensión.

Norman Stein, experto en derecho de pensiones y profesor de la Universidad de Drexel, argumentó que los agentes condenados no deberían tener que pagar una multa adicional al perder su pensión cuando ya han pagado sanciones penales y multas asociadas con cualquier condena. “La pensión es para mantenerlos, y lo que es más importante, a su cónyuge después de que ya no puedan trabajar”, dijo.

¿Qué es una pensión?

A diferencia de las cuentas de ahorro para la jubilación que utilizan muchos trabajadores privados, una pensión promete a su beneficiario una cantidad fija de dinero cada mes durante la jubilación, a menudo compensando el aumento del costo de vida. No están vinculadas directamente a la cantidad de dinero que un empleado y su empleador han aportado al fondo; en cambio, las pensiones de la policía han prometido históricamente alrededor del 3% del salario promedio final de un agente por cada año de servicio. (En los últimos años, muchas jurisdicciones han hecho que estas fórmulas de pensión sean menos generosas para los nuevos agentes). Entonces, un policía que trabajó durante 30 años y se jubila ganando US$ 100.000, recibirá US$ 90.000 al año durante toda su jubilación. Los beneficios de las pensiones generalmente protegen a sus beneficiarios de los riesgos del mercado de valores, lo que significa que los gobiernos locales se ven obligados a compensar la diferencia cuando los fondos de pensiones se quedan sin efectivo. Esto es diferente de las cuentas de inversión privadas como las 401(k), que no garantizan ingresos mensuales de por vida.

La indignación pública estalla cuando los policías reciben pagos después de cometer delitos. Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis condenado por el homicidio de George Floyd, sigue siendo elegible para recibir aproximadamente US$ 1,5 millones en beneficios de pensión cuando alcance la edad de jubilación. Y Kim Potter, la expolicía de Brooklyn Center, Minnesota que disparó y mató al joven de 20 años Daunte Wright y que está acusada de homicidio involuntario, también mantendrá su pensión por un valor de alrededor de US$ 2 millones, según el análisis de CNN de sus datos de empleo y su plan de pensiones. Las autoridades han dicho que el tiroteo fue accidental. Ella se quedará con los beneficios independientemente de que sea declarada culpable o no.

Después de más de una década de liderar departamentos de policía en varias ciudades importantes, el jefe de la Policía de Miami, Art Acevedo, dijo que la amenaza de arrebatar una pensión podría servir como un poderoso impedimento para el mal comportamiento.

“Imagínese si este tipo de consecuencia hubiera impedido que el agente Chauvin se arrodillara en el cuello de George Floyd durante 9 minutos y 29 segundos”, dijo Acevedo. “Imagínese si, de repente, le hiciera clic en la mente que ‘si algo le pasa al Sr. Floyd, podría perder mi jubilación’… si pudiéramos evitar otro George Floyd, estoy totalmente de acuerdo”.

CNN intentó comunicarse con cientos de agentes condenados, tanto dentro como fuera de prisión, y quienes hablaron con los reporteros brindaron una variedad de opiniones sobre el tema. Algunos dijeron que necesitaban el dinero y estaban agradecidos de poder seguir manteniendo a sus familias, aunque uno reconoció que habría sido razonable despojarlo de su pensión. Otros dijeron que es injusto que se les quite las pensiones a los policías a menos que se les hubiera advertido de tales políticas cuando fueron contratados. “No creo que eso sea justo porque yo puse dinero ahí y no me lo dijeron de antemano”, dijo el expolicía de Tennessee Edwin Millán, quien recibió alrededor de dos años de beneficios antes de que el estado iniciara un proceso de incautación a principios de este año. Millán, condenado por fraude de seguros y manipulación de pruebas, dijo que la amenaza de que le quitaran la pensión habría afectado “en gran medida” su toma de decisiones.

Algunos agentes también reciben pagos del Seguro Social además de sus pensiones. Pero a diferencia del Seguro Social, que se suspende a los jubilados si están encarcelados, los cheques de pensión continúan enviándose a quienes están tras las rejas. Los agentes identificados por CNN fueron condenados a un promedio de 7 años de prisión, según los datos de condenas de la Universidad de Bowling Green.

Richard McKeon Jr., un expolicía universitario de Nueva York, ha estado en prisión durante más de una década tras ser declarado culpable de estrangular a su novia, poner su cuerpo en su automóvil y conducirlo a un camino rural para prenderle fuego. Sin embargo, los contribuyentes se verán obligados a mantener la pensión de aproximadamente US$ 500.000 de McKeon, según los registros públicos.

Cerca de la mitad de los agentes condenados elegibles para recibir pensiones cometieron sus delitos mientras cumplían sus funciones laborales. De los que cometieron sus faltas fuera de servicio, casi el 50% fue condenado por delitos sexuales contra menores, un tipo de crimen que provocaría la confiscación en al menos algunos estados, según las leyes actuales, incluso si ocurre fuera del horario laboral. Más de una docena de policías fuera de servicio fueron condenados por matar a alguien.

De los casi 200 agentes que actualmente están recibiendo beneficios, según confirmó CNN, cerca de la mitad recibe pensiones superiores al ingreso medio anual de una persona, y algunos cobran montos de hasta seis cifras cada año. La mayoría de los agentes con montos de pensión conocidos obtienen beneficios por valor de más de US$ 18.000 al año, el pago promedio del Seguro Social que reciben los jubilados estadounidenses.

El destituido sheriff del condado de Los Ángeles, Lee Baca, recibe actualmente casi 14 veces esa cantidad, alrededor de US$ 250.000 al año (sin incluir los beneficios adicionales que recibe su exesposa), desde su celda en una prisión federal. Baca renunció en 2014 y finalmente fue hallado culpable de ayudar a orquestar un encubrimiento generalizado de palizas propinadas a reclusos y otros abusos en la cárcel del condado, incluyendo mentir a los investigadores federales y amenazar a un agente del FBI con arrestarlo.

Ya había recibido alrededor de US$ 1,4 millones cuando comenzó a cumplir su sentencia de prisión de tres años en 2020.

El interrogatorio

Menos de 24 horas después de agredir a la mujer en la furgoneta vino tinto, el 11 de noviembre de 2005, Wagner estaba patrullando de nuevo. Mientras conducía por Anaheim, recibió una llamada por radio. Debía presentarse de inmediato en la estación.

Pensó que le darían una nueva asignación, pero tan pronto como entró al departamento vio a uno de sus jefes esperándolo. El teniente le indicó a Wagner que lo siguiera escaleras arriba y lo condujo a una oficina donde estaban sentados dos detectives.

El teniente se fue y uno de los detectives cerró la puerta.

Wagner había entrado y salido de ese edificio durante décadas. Había trabajado en una variedad de puestos en el departamento, imponiendo multas por exceso de velocidad como policía en motocicleta e investigando robos como detective de Disneyland Resort. Pasó el periodo más largo, alrededor de una docena de años, como miembro de la brigada antivicio, donde arrestó a varias trabajadoras sexuales y persiguió el juego ilegal o los bares que permanecían abiertos hasta tarde. Casi tres años antes de la agresión, cuando se acercaba a la edad de jubilación, regresó a patrullar, una decisión que a veces toman los expolicías con la esperanza de obtener cheques de pensión más abundantes, dado el pago adicional que conllevan las horas extras e impredecibles que se requieren.

El interrogatorio comenzó incómodamente cuando los detectives le advirtieron a Wagner que era objeto de una investigación criminal. No tenía que decir nada que no quisiera, le dijeron, y era libre de irse en cualquier momento.

Wagner accedió a hablar.

Había una grabadora sobre el escritorio mientras los detectives acosaban a Wagner con preguntas sobre la noche anterior.

–”¿Hiciste que un auto se detuviera ayer entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana?” “¿Hiciste que se detuviera algún auto?” “¿Hiciste contacto con personas en vehículos?”

–“Uh, uh”. “No”, continuó respondiendo. “Estoy un poco como en modo de jubilación”.

Los detectives siguieron presionando.

–”¿Recuerdas haber contactado a alguien en una camioneta vino tinto?”

– “No”

– “Una furgoneta Ford Windstar vino tinto, ¿no?”

– “No”.

– “¿Para nada?”

Silencio.

El reloj avanzó hacia la mañana. Continuaron las preguntas.

– “Esta foto, ¿la reconoces?”, preguntó el sargento Jack Sharkey, sosteniendo una foto de una mujer de 40 años.

– “No”.

Wagner se puso a la defensiva y preguntó de qué se le acusaba y si necesitaba un abogado presente. Los detectives le dijeron que recibieron una acusación de que había tenido contacto sexual con una mujer la noche anterior. No solo tenía ella el número de matrícula de su patrulla, sino que recordaba claramente tanto su cabello como su característico bigote, ambos blancos.

“Por eso estamos aquí. Ahora no sé qué pasó allí, no sé cuál fue la situación”, dijo el detective Robert Conklin.

“Créanme, esto es, esto es, esto es difícil para todos aquí, está bien, está bien… la verdad es que quiero darle la oportunidad de escuchar su versión de esto”.

Pero incluso después de que los detectives le dijeron de la gravedad de la acusación, y de que se trataba de sexo oral forzado, Wagner sostuvo su mentira.

Cuarenta y cinco minutos después de haber iniciado el interrogatorio, Conklin aclaró su garganta y lo intentó una vez más.

– “Te involucraste con ella anoche, Brad … ¿Físicamente?”

Silencio.

– “Quiero decir, ¿en serio?”, Conklin espetó, aparentemente exasperado.

– “Apáguenla”, dijo Wagner, señalando la grabadora.

“Ustedes deben pensar que soy un verdadero imbécil”, dijo una vez que la grabadora dejó de funcionar. “Borren todo lo que dije antes y denme la oportunidad de empezar de nuevo”.

Mosaico de leyes

En la mayoría de los estados, no le quitarían la pensión a un agente que sea encontrado culpable de violar o matar a alguien, incluso si está trabajando.

Menos de la mitad de todos los estados de EE.UU. tienen leyes que permiten que se retiren las pensiones de la policía y otros empleados públicos condenados por cualquier tipo de delito grave en el trabajo. Otros estados solo permiten que se retiren las pensiones por delitos específicos como el soborno o la extorsión, pero no por la condena de un agente condenado por usar fuerza excesiva u otros delitos violentos. Algunas leyes tienen como blanco funcionarios electos o a maestros, pero no incluyen a los agentes policiales.

Alrededor de una docena de estados han impuesto algún tipo de leyes de incautación en la última década, a menudo impulsadas por la indignación pública tras algún ejemplo de alto perfil de un empleado del gobierno condenado que aún es elegible para recibir beneficios. Y ciertos departamentos de policía estatales o locales tienen su propia normativa sobre las incautaciones.

Leyes de incautación por estado

Leyes de incautación por estado
Las leyes de incautación que se aplican a los policías y otros funcionarios públicos varían ampliamente a lo largo del país. De aquellos estados que cuentan con leyes, cerca de una docena incautan las pensiones de los agentes condenados por un delito grave cometido en servicio, mientras que otros se enfocan en delitos específicos, como soborno o extorsión.

La naturaleza relativamente nueva de varias de estas leyes significa que no se han aplicado a muchos expolicías condenados previamente. Y en ciertos estados, como California, solo pierden la parte de la pensión ganada después de la comisión de un crimen, lo que significa que -en algunos casos- los pagos quedan relativamente fuera de peligro. Las leyes existentes no siempre se aplican y, por lo general, solo en casos de condenas por delitos graves, y la mayoría de los agentes que son despedidos por brutalidad u otra mala conducta nunca son acusados formalmente, y mucho menos condenados.

En la mayoría de los casos, las leyes tampoco afectan a las pensiones cuando se cometen delitos fuera del horario laboral. Pero puede haber un área gris sobre si una ofensa fuera de servicio está relacionada de alguna manera con el trabajo de un agente o su cargo de autoridad, y las decisiones finales a menudo terminan en los tribunales.

En Massachusetts, un exagente perdió su pensión después de dispararle a un colega con su revólver de servicio a pesar de que no estaba trabajando en ese momento. Un juez dictaminó que se había “involucrado en el mismo tipo de comportamiento delictivo que la ley le exigía prevenir”. Más recientemente, sin embargo, la Corte Suprema del estado restableció la pensión de un agente que fue sorprendido tratando de obtener sexo de un adolescente de 14 años en una operación encubierta, y calificó de demasiado severa la decisión de la junta de pensiones de incautarle los pagos porque su conducta violaba los principios de ser un policía estatal.

Un arresto y una jubilación rápida

Eran cerca de las 3 de la mañana cuando terminó el interrogatorio de Wagner.

En los minutos finales de la entrevista, admitió el que describió como un encuentro sexual consensuado y de inmediato fue enviado con los agentes de asuntos internos, quienes lo pusieron en licencia administrativa.

Antes de regresar a casa, salió al patio del departamento y se fumó cuatro cigarrillos, uno tras otro. En busca de su ADN, los detectives agarraron las colillas y las consignaron como pruebas.

Luego lo siguieron a su casa, que estaba a más de 60 kilómetros de distancia, para recuperar sus pantalones como evidencia para practicarles pruebas en el laboratorio de criminalística del departamento. Más tarde, el ADN de la saliva de la víctima sería encontrado en la bragueta de la cremallera.

Los investigadores regresaron la semana siguiente con una orden de allanamiento y confiscaron artículos como zapatos, ropa, una porra de policía y el revólver Cobra que escondía bajo su cama.

El mismo día del cateo, Wagner regresó al Departamento de Policía de Anaheim. Su estatus laboral todavía estaba en el limbo. Queriendo terminar su carrera en sus propios términos, decidió jubilarse un par de semanas antes de lo planeado.

Fue arrestado inmediatamente después de presentar la documentación. Con grilletes en la cintura y los tobillos, sus excompañeros lo condujeron por el pasillo principal, mientras el jefe de la policía daba una conferencia de prensa frente a una multitud de reporteros y cámaras de televisión.

Intentos de reforma

Los llamamientos a la reforma policial han dominado los titulares e inspirado acciones poco frecuentes de los legisladores estatales y locales después de las protestas que surgieron en todo el país a raíz del homicidio de George Floyd.

Si bien gran parte de la atención se ha centrado en cambios como limitar el uso autorizado de la fuerza por parte de los agentes, exigir cámaras corporales y reducir la inmunidad legal otorgada a la policía, las pensiones forman parte de algunas de estas discusiones.

Varios funcionarios de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, pidieron recientemente una ley estatal que reduciría o eliminaría las pensiones de los agentes que incurran en un uso excesivo de la fuerza resultante en lesiones graves o la muerte – argumentan que “la incautación de la pensión debe ser una sanción disciplinaria más significativa y utilizada en la mayoría de casos atroces de mala conducta”.

Acevedo, el jefe de la Policía de Miami, dijo que espera que más legisladores se ocupen de este tema. Reconoció que ha sido frustrante ver a los agentes solicitar pensiones después de deshonrar a sus departamentos y dañar la reputación de las fuerzas del orden en general, por lo que la incautación de las pensiones debería ser una opción. Y dijo que también cree que podría ayudar a cambiar la cultura dentro de los departamentos.

En su opinión, la incautación solo debe suceder tras delitos atroces, se debe garantizar el debido proceso a los agentes y las familias deben ser tomadas en consideración, como sucede en ciertos estados donde las leyes brindan algún nivel de beneficio a un llamado “cónyuge inocente” que no estuvo involucrado en el crimen.

Pero la presión de los poderosos sindicatos policiales hace extremadamente difícil la aprobación de leyes relacionadas con las pensiones, especialmente cualquier cosa dirigida específicamente a la policía. Los sindicatos han luchado arduamente para mantener intactas las pensiones, con el argumento de que los gobiernos deben cumplir con los cheques que han prometido a los jubilados actuales y futuros.

Los legisladores de Connecticut se enfrentaron cara a cara con los sindicatos locales cuando intentaron aprobar la legislación para incautar pensiones hace cuatro años. En virtud de la ley actual del estado, que únicamente permite la incautación de las pensiones de los empleados públicos condenados por delitos de corrupción, a un policía estatal que robó dinero de un motociclista moribundo después de un accidente lo despojaron de los beneficios de jubilación, pero se los mantuvieron a un agente condenado de agresión por patear brutalmente a un hombre esposado. La legislación propuesta habría permitido específicamente que se incautaran las pensiones a los policías condenados por delitos relacionados con su trabajo. Pero nunca llegó a una votación plena.

“El rechazo a ese proyecto de ley en particular fue realmente diferente a cualquiera que haya visto antes”, dijo el director ejecutivo de la ACLU de Connecticut, David McGuire, quien presionó a favor de la propuesta. “Los sindicatos de policía alzaron la voz en manada”.

Más recientemente, los legisladores de Maryland agregaron una disposición de decomiso a una legislación histórica que derogó la “declaración de derechos” otorgada a los agentes acusados de mala conducta. Y aunque el sindicato de policías más grande del estado dijo que podía aceptar esta derogación, se opuso firmemente a la parte de la legislación propuesta que habría permitido que se les quitaran las pensiones a los expolicías condenados por delitos graves.

Clyde Boatwright, presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Maryland State Lodge, dijo que los agentes policiales estaban siendo atacados injustamente por la disposición ya que, a diferencia de las leyes de otros estados, no se aplicaría a otros empleados públicos. “Atacar la pensión de alguien va demasiado lejos, esté condenado o no”, dijo, y agregó que no cree que la incautación sirva para disuadir la mala conducta. “No se trata de una reforma policial, se trata de una venganza hacia la policía”.

Cuando el paquete de reformas masivas se convirtió en ley a principios de este año, la provisión sobre las pensiones quedó fuera del texto final.

Más mujeres alzan la voz

La mujer de la furgoneta vino tinto a la que se hace referencia en los informes policiales como Jane Doe, se frotaba las manos nerviosamente y golpeteaba el suelo con los pies.

“Empecé a llorar”, le dijo a un reportero de noticias en español acerca de esa noche en el oscuro estacionamiento. Solo se mostraron partes de su rostro durante el segmento de noticias de televisión para proteger su identidad. “Te juro que pensé que después de que hizo lo que iba a hacer, no me dejaría vivir”.

Joe Vargas, quien en ese momento era capitán de la Policía de Anaheim, también apareció en el informe de noticias, representando a la agencia que empleaba a Wagner y que luego lo arrestó. Vargas dijo que el incidente fue “una vergüenza para este departamento y para la profesión policial en este país”.

El reportaje se emitió poco después del arresto de Wagner y mientras continuaba la investigación sobre su conducta. Dada la larga trayectoria de Wagner en el departamento, y como había usado la amenaza de deportación para atacar a una inmigrante indocumentada, los funcionarios de la ciudad sospechaban que había otras víctimas por descubrir.

Jane Doe dijo que una de las razones por las que hablaba era que le preocupaba no estar sola. “Espero que si hay otras mujeres que pasaron por esto, lo denuncien”, manifestó.

Tres mujeres más lo reportaron.

Dos de ellas también eran inmigrantes indocumentadas. Wagner supuestamente le hizo tocamientos sexuales a una en un callejón oscuro después de detenerla a altas horas de la noche y amenazar con deportarla. Ella dijo a los investigadores que anotó su número de placa con su delineador de labios después de la segunda vez que la detuvo. Una compañera de trabajo le dijo a la policía que había notado a un agente con bigote acechando cerca de su lugar de trabajo. La mujer dijo que Wagner la detuvo cuatro veces, haciéndola sentir incómoda y aterrorizada de ponerse detrás del volante, aunque no la agredió físicamente.

La otra mujer que se presentó fue la prima de Wagner.

Ella dijo a los detectives que tenía 8 o 9 años cuando fue agredida, por lo que Wagner habría tenido 16 o 17. Contó que estaban en la casa de su abuela en Anaheim cuando Wagner le indicó que lo siguiera al baño. Cerró la puerta, se bajó los pantalones y se expuso ante ella, afirmó la mujer. Supuestamente, él le dijo que le practicara sexo oral, manteniéndole la cabeza hacia abajo con fuerza cuando ella trató de alejarse. Le dijo “no”, y cuando su voz se hizo más fuerte, él la hizo callar. “Está bien, está bien, vete”, recordó que él le dijo, indicándole que saliera primero del baño y que él saldría en unos minutos, ya que había otros miembros de la familia en la casa. También le advirtió específicamente que no se lo contara a nadie.

Para respaldar sus afirmaciones ante los detectives, la prima proporcionó evidencia de que, al menos una década antes, había hablado con un terapeuta sobre haber sido abusada sexualmente por Wagner. Wagner negó el relato de su pariente.

En ese momento, ella pensó que se trataba de un incidente aislado. Pero cuando se enteró de lo que le había sucedido a la mujer de la camioneta color vino tinto, decidió acudir a la policía.

El alto costo de las pensiones

Muchos de los policías condenados que siguen acumulando grandes beneficios de jubilación trabajaron para departamentos que se enfrentan a dificultades para costear los pagos de pensiones que siguen creciendo. Esta situación obligó a los gobiernos locales a decidir entre el despido de empleados, fuertes reducciones a los servicios comunitarios e impuestos más altos para los residentes.

Los policías frecuentemente pueden comenzar a recibir pensiones, o al menos pensiones parciales, antes de su edad de jubilación, inclusive desde los 30 años. Esto las vuelve aún más costosas y difíciles de mantener ya que el gobierno tiene que pagarles por más tiempo.

En San José, California, el expolicía Stephen Gallagher comenzó a cobrar su pensión en 2010 cuando tenía 54 años, cinco años después de que, gracias a una cámara oculta, lo descubrieran abusando sexualmente de su hija de 11 meses. Gallagher, quien fue sentenciado a cinco años de prisión en 2005, recibirá más de US$ 70.000 este año y recaudará más de US$ 2,5 millones hasta el fin de sus 85 años de vida. Un compañero de trabajo de Gallagher, Kenneth Earl Williams Sr., también solicitó la jubilación a mediados de sus 50, a pesar de haber sido sentenciado a dos años de prisión en 2008 por solicitar fotos desnudas de una jugadora de baloncesto femenino en una escuela secundaria local. Recibirá aproximadamente US$ 90.000 este año y puede cobrar un total de más de US$ 3 millones.

En la misma época en la que estos agentes empezaron a cobrar las prestaciones, su antiguo empleador tenía que hacer frente a una factura de pensiones cada vez más elevada: pagó casi US$ 250 millones por todos los costos de la atención sanitaria y las pensiones de los jubilados en el ejercicio fiscal 2011-2012, frente a los US$ 70 millones de la década anterior. El personal de parques y actividades recreativas de la ciudad, por su parte, se redujo casi a la mitad y las mejoras de infraestructuras básicas, como la reparación de carreteras, fueron suspendidas.

Las facturas de las pensiones siguieron subiendo y se produjeron más recortes que se tradujeron en todo tipo de consecuencias, desde la reducción de las horas de la biblioteca hasta la disminución de la fuerza policial, a pesar de que la ciudad es una de las más ricas del país. “Si San José no puede costear sus servicios públicos básicos, ¿qué ciudad puede?”, se preguntaba un artículo de The Atlantic en 2016. Ahora se prevé que San José gaste unos US$ 470 millones en sus planes de pensiones este año fiscal, más de la mitad de los cuales irán al fondo de pensiones de la policía y los bomberos.

El alcalde Sam Liccardo dijo que es muy consciente de los continuos efectos en los presupuestos y servicios a la comunidad y que la ciudad ha tomado una serie de medidas para frenar el aumento de los costos de las pensiones. Pero agregó que se sintió indignado al enterarse por medio de CNN de que los dos agentes condenados seguían recibiendo prestaciones de jubilación. En respuesta, ha presionado para que se revise el Código Municipal con el objetivo de que los empleados condenados por delitos graves pierdan todas las prestaciones de pensión, con una disposición que permita asignar pagos a los cónyuges o hijos menores que no vivan con el jubilado.

“Creo que actué mal”: una carta desde la prisión

El exagente de recursos escolares Alan Manchester fue declarado culpable de agresión sexual a un menor y condenado a 20 años de prisión en 2014. Su pensión es actualmente de unos US$ 20.000 al año, incluyendo una parte que, según él, va para su expareja.

En primer lugar, sí, actualmente estoy recibiendo una pensión desde agosto de 2013. Recibo el 55% de mi salario base en el momento de mi detención. Debido a mi desconocimiento de ese aspecto de la ley creí, al ser detenido, que había perdido mi derecho a una jubilación. La idea de que había perdido mi jubilación era particularmente deprimente para mí porque era el único proveedor de ingresos para mis hijos. No lo supe hasta que un empleado de mi departamento que había sido designado para entregar mi carta de despido a la cárcel me dijo que todavía tenía derecho a mi jubilación. Fue un par de semanas después cuando la madre de mis hijos (nunca estuvimos casados) se presentó en la cárcel con el papeleo para que yo rellenara y obtuviera mi jubilación. Me detuvieron el 7 de junio de 2013, fui despedido alrededor del día 10. Unas dos semanas después llené los papeles para la jubilación y recibí el primer pago a finales de agosto.

Creo que actué mal, por lo que para mí no habría sido injusto que me quitaran la jubilación, pero Dios sabe que estoy agradecido de recibirla por el apoyo que podría seguir dando a mis hijos. Mi jubilación va ahora a mis padres, que tienen a mis hijos porque su madre perdió la custodia de ellos. Este dinero ayuda a mis padres a criar a mis hijos con poco o ningún gasto de su bolsillo, lo que es una gran bendición para ellos y para mí. También recibo una parte mensualmente que mis padres depositan en mi cuenta de recluso para que pueda comprar artículos que no son proporcionados por el Departamento Correccional.

Supongo que yo y otros dirán que no soy imparcial al hablar de si después de un arresto se debe recibir una pensión o no. Por un lado, creo que no se debería recibir una jubilación después de un arresto, pero por otro lado sé lo duro que sería si fuera así, y lo duro que sería para mi familia si no recibiera ese dinero mensualmente. Me tranquiliza saber que, aunque esté en la cárcel, puedo seguir manteniendo a mis hijos y que, cuando salga, tendré unos ingresos que me ayudarán a volver a empezar mi vida. He visto a demasiados reclusos sin apoyo ni dinero pasándola mal en la cárcel y luchando contra toneladas de ansiedad al saber que no tienen nada que los espere cuando salgan. Estoy realmente agradecido por tener lo que tengo.

En cuanto a mi condena, todo lo que puedo decir es que fue justa. Había permitido que mi vida personal se me fuera de las manos debido a un mal matrimonio, al estrés en el trabajo y a una forma de estrés postraumático que probablemente tienen muchos agentes que han pasado por incidentes críticos. Nada de esto justifica en absoluto lo que hice, permití que todos estos problemas, a pesar de que había ayuda, me desbordaran. No busqué ayuda porque la mayoría de los exagentes, independientemente de que sean sinceros o no, no quieren parecer débiles ante sus compañeros. Espero no haberme desviado demasiado del tema y haber respondido lo mejor posible a la mayoría de sus preguntas.

Sinceramente,

Alan

Johnsen, de la Universidad George Mason, quien examinó cómo la incautación de las pensiones podría reducir la mala conducta policial, también estudió las posibles implicaciones financieras de estas leyes. Señaló cómo “los sistemas de pensiones estatales y municipales están aterradoramente subfinanciados”.

La crisis financiera de 2008 no solo acabó con años de rendimiento de las inversiones de los que dependían los fondos de pensiones, sino que varios organismos públicos en EE.UU. también hicieron más generosas las prestaciones y aumentaron considerablemente el porcentaje del salario con el que los agentes podían jubilarse en los años 90 y principios de la década de 2000. Incluso, en algunos casos, se hicieron cargo de las contribuciones de los empleados durante los mejores tiempos financieros.

Y las subsiguientes reducciones de las prestaciones para las nuevas contrataciones en muchos departamentos no han hecho frente a las crecientes facturas de los cheques ya prometidos al resto de la plantilla, así como a los jubilados actuales.

Retirar las pensiones a los agentes deshonrados no va a resolver la crisis de las pensiones del país, dijo Johnsen. Pero señaló que una reducción de los problemas policiales podría dar un impulso significativo a los presupuestos locales, teniendo en cuenta los cientos de millones de dólares que las ciudades y los pueblos gastan en la resolución de demandas por malas conductas policiales.

Son estos empleadores los que suelen acabar pagando a las víctimas, dada la inmunidad legal que suelen tener los agentes. Incluso en los casos excepcionales en los que los propios agentes han sido condenados por la vía civil, las pensiones pueden ser muy difíciles de reclamar para las víctimas.

En el centro de los casos de tres expolicías condenados

Karl Thompson

El desprestigiado expolicía de Spokane Karl Thompson ha cobrado más de US$ 150.000 en prestaciones de pensión desde 2011, después de golpear con su porra de madera en marzo de 2006 a un hombre con discapacidad mental que estaba desarmado, lo que finalmente condujo a su muerte.

“El Sr. Zehm sufrió un dolor físico extremo como resultado del impacto combinado de los golpes de la porra y las descargas de la pistola Taser. Las acciones (de Thompson) pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente condujeron a la muerte del Sr. Zehm”.

Otto Zehm, un conserje de 36 años, había sido erróneamente señalado como sospechoso de robar dinero de un cajero automático en una tienda de conveniencia. Zehm utilizó una botella de plástico de Diet Pepsi para taparse la cara y se tiró en posición fetal mientras lo golpeaban 13 veces, le aplicaron una descarga eléctrica y lo ataron. Murió en el hospital dos días después. “Lo único que quería era un Snickers”, informaron los testigos que escucharon las últimas palabras del hombre. Leer más.

“Durante la primera descarga del taser, el individuo dejó caer la botella de refresco y comenzó a gritar en respuesta a los golpes. Hubo varios momentos en los que el policía pudo haber puesto al caballero bajo custodia”.

Un testigo relató haber visto con horror la paliza que recibió Zehm, según se describe en el informe oficial de un investigador. Thompson fue condenado en 2011 por cargos de derechos civiles y obstrucción relacionados con el homicidio de Zehm y posteriormente sentenciado a 51 meses de prisión. Lee más del testigo.

Richard McKeon Jr.

Richard McKeon Jr., un expolicía universitario de Nueva York, fue detenido en marzo de 2008 poco después de que se encontraran los restos carbonizados de su novia Maureen Migliore en una carretera del norte del estado de Nueva York. Lee el informe de su arresto .

“Al investigar, (el agente informante) encontró el cuerpo desnudo de la que parecía ser una mujer blanca… también parecía que se había vertido algún tipo de líquido inflamable sobre el cuerpo… y luego se le había prendido fuego”. Los investigadores determinaron que McKeon había estrangulado a Migliore y la había transportado a un camino rural donde roció su cuerpo con un acelerante y le prendió fuego. El fiscal local sigue atormentado por la espeluznante escena del crimen, y describe el caso como uno de los más perturbadores en los que ha trabajado. Ve el informe de su detención.

“Él declaró que se desmayó y lo siguiente que recuerda es ver a Maureen tirada en el suelo… McKeon declaró que perdió el conocimiento de nuevo y que solo recordaba haber conducido a casa y haber tirado una lata de gasolina por la ventana”.

McKeon confesó su crimen a la policía, aunque afirmó no tener consciencia durante gran parte del homicidio. Se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 20 años de prisión en 2008. Desde la cárcel sigue teniendo derecho a una pensión de unos US$ 500.000. Lea sobre la entrevista a McKeon

Billy Hobbs

El expolicía estatal de Nebraska Billy Hobbs fue condenado en 2006 por agredir sexualmente a su hijastra en repetidas ocasiones desde que la joven tenía 12 años. Fue condenado al menos a 25 años de prisión. Ver el informe policial.

“Tenemos una sentencia de US$ 325.000 que ni siquiera se acerca a compensar a esta joven por lo que le ocurrió y no tenemos absolutamente ninguna forma de cobrarla”.

Hobbs ha estado cobrando miles de dólares al mes en beneficios de pensión, mientras que su víctima apenas ha recibido algo de los cientos de miles de dólares que se le ordenó a él que le pagara después de que la Corte Suprema del estado dictaminara que su pensión no podía utilizarse para pagar la indemnización civil que se le debía a la víctima.

“Sigo lidiando con esto todos los días. Sufro de mucha depresión. Es algo con lo que voy a tener que vivir cada día durante el resto de mi vida. Intentas olvidar; no puedes”.

La víctima de Hobbs habló ante los legisladores estatales de Nebraska sobre el impacto a largo plazo de la agresión. En la misma audiencia, el padre describió cómo su hija había pasado por innumerables horas de terapia, dormía con candados en la puerta de su habitación y luchaba contra pesadillas recurrentes. Él dijo que se había endeudado para tratar de cubrir los gastos médicos de su hija, y añadió que ella tenía que tomar dos medicamentos al día como consecuencia del trauma.

Una jubilación millonaria

Han pasado más de 15 años desde que la mujer de la furgoneta vino tinto se armó de valor para denunciar la agresión sexual de Wagner, pero la experiencia la sigue persiguiendo en su vida diaria, influyendo en todo, desde la ropa que lleva hasta las calles por las que conduce.

Una visita a una gasolinera cualquiera puede desencadenar un ataque de pánico debilitante. Una vez huyó de una sin siquiera llenar el tanque en cuanto vio que un auto del sheriff se detenía cerca de ella. Evita las faldas o los vestidos cortos y suele ponerse una sudadera alrededor de la cintura a modo de protección.

Los recuerdos de aquel día aún la afectan visiblemente. Se secó las lágrimas detrás de sus grandes gafas de sol mientras relataba el calvario recientemente a los periodistas.

Aunque un detective la ayudó a conseguir la residencia legal en el país, siente que Wagner arruinó su vida. “Todo cambió después de eso”, dijo en español desde el porche de su casa, donde unos cojines descoloridos que proclamaban “familia” y “amor” estaban colocados en un pequeño sofá.

Para su frustración, el caso penal se alargó durante años, ya que el tribunal concedió aplazamientos y Wagner sufrió graves lesiones tras chocar con un caballo en su motocicleta. Tuvo que tomar analgésicos que, según dijo, le incapacitaron.

Wagner pasó años negando las acusaciones de las tres mujeres inmigrantes. Finalmente, se declaró culpable de los cargos de agresión sexual, cópula oral forzada, detención ilegal y retención de una persona contra su voluntad relacionados con “Jane Doe” y las otras dos víctimas a cambio de una condena de cuatro años de prisión. Se le incluyó en el registro estatal de delincuentes sexuales y se le ordenó pagar unos US$ 1.000 de indemnización.

Antes de aceptar el acuerdo de culpabilidad, había intentado convencer a uno de sus abogados de que había una explicación sencilla de por qué había cambiado constantemente la historia frente a los detectives: “Estaba tratando de salvar mis prestaciones de jubilación”, recordó el abogado que dijo.

En la sentencia de Wagner en 2010, la mujer le dijo al juez que el expolicía merecía estar entre rejas el resto de su vida. “Quiero saber que hay justicia”, dijo. “No solo para mí, sino también para las demás a las que ha dañado”. En su momento, dijo que ninguna terapia borraría lo que él había hecho. Ahora dice que tuvo que dejar la terapia hace años cuando no pudo pagar el alto costo.

Incluso cuando demandó a la ciudad de Anaheim y a Wagner, su agresor no pagó nada. Anaheim, que no admitió responsabilidad alguna, llegó a un acuerdo en 2011 por US$ 500.000, una parte importante de los cuales fue a parar a los abogados de Jane Doe. “Aunque es una desgracia para nuestra ciudad, estamos orgullosos de cómo la Policía de Anaheim dirigió la investigación y el arresto de Wagner, jugó un papel clave en su condena y trabajó para restaurar la confianza pública”, dijo la ciudad a CNN en un comunicado.

Los fiscales nunca imputaron a Wagner en relación con las acusaciones de hace décadas de su prima, aunque dijeron a un juez que la acusación era relevante para su caso legal, ya que encajaba en el mismo patrón: Wagner actuando en una posición de confianza y ejerciendo poder sobre “mujeres mucho más jóvenes que él, aislándolas y manipulándolas con miedo”.

En lo que respecta a su pensión, resultó que, independientemente de lo que hubiera ocurrido o del delito que hubiera cometido, Wagner tenía poco de qué preocuparse. Cuando se jubiló, California no tenía ninguna ley de incautación de pensiones. Incluso la que los legisladores aprobaron años más tarde solo podía disminuir ligeramente sus beneficios, ya que la ley únicamente se refiere a los beneficios acumulados después de que se haya producido un delito y él cometió los delitos al final de su carrera.

Durante varios años, Wagner ni siquiera tuvo que contribuir con una parte de su propio salario a su pensión, ya que el contrato del departamento con el sindicato de la policía exigía que la ciudad no solo pagara su contribución obligatoria al fondo de pensiones del estado, sino también la contribución obligatoria del agente.

Wagner recibió su primer cheque de jubilación apenas unos meses después de la agresión sexual, y cobró las prestaciones mensuales durante su estancia en la prisión estatal. Gracias al aumento anual del costo de vida, sus prestaciones anuales han pasado de unos US$ 55.000 en 2006 a unos US$ 75.000 este año. Tras las preguntas de CNN, los datos públicos muestran que el fondo de pensiones del estado inició una modesta incautación de unos US$ 2.100 al año a partir de agosto, que continuará durante los años de jubilación que le quedan a Wagner, pero los funcionarios del fondo no quisieron comentar por qué esto ocurrió apenas ahora. En su declaración a CNN, la ciudad de Anaheim condenó “el abuso de poder y el aprovechamiento de las personas vulnerables que se ha visto en el caso de Wagner”, y añadió que “no es satisfactorio que Wagner siga cobrando una pensión pública después de su condena”.

“Jane Doe” se quedó atónita al enterarse por los periodistas de que Wagner recibía una pensión y dijo que, basándose en lo que le habían dicho los detectives, se había imaginado que viviría sus últimos años sin dinero y sin hogar debido a su condición de delincuente sexual registrado.

“Vivo mi vida con miedo, pero ¿qué pasa con él? Yo tengo que salir a trabajar y él recibe dinero a su gusto. No es justo”, dijo. “No es justo que él esté cobrando cuando la gente a la que hizo daño sigue sufriendo”.

En 2019, Wagner y su esposa compraron una casa de US$ 650.000 en San Juan Capistrano, a 15 minutos por carretera de la playa, una dirección que no se encuentra en su perfil del registro estatal de delincuentes sexuales. Se negó a hablar de su caso o de su pensión cuando los periodistas de CNN lo visitaron en la casa. Los registros públicos muestran que al día siguiente transfirió la propiedad exclusiva de la casa a su esposa. Wagner dijo a CNN que tenía planes de volver a impugnar su condena de 2010 en los tribunales, bajo el argumento de que había estado bajo la influencia de medicamentos para el dolor cuando aceptó el acuerdo de culpabilidad. El mismo argumento que desestimó un tribunal de apelaciones en un fallo de 2012.

Wagner tiene ya 73 años.

Ha recibido US$ 1.022.889,42 de la pensión que tanto le preocupaba perder.

Cómo reportamos la investigación

Utilizando la base de datos de delitos policiales de Bowling Green State de los agentes arrestados entre 2005 y 2015, los reporteros se centraron solo en aquellos expolicías condenados por delitos sexuales y violentos, que van desde el homicidio y la violación hasta la agresión y la posesión de pornografía infantil, así como los delitos graves cometidos en la “capacidad oficial” de un funcionario, como el soborno, la malversación, la obstrucción de la justicia y los delitos relacionados con las drogas y el alcohol. Aunque un puñado de agentes cometió sus delitos después de jubilarse, la inmensa mayoría fue condenada por delitos cometidos durante su tiempo en la Policía.

Los reporteros también añadieron a algunos exagentes identificados en las noticias y verificados por los registros judiciales que habían sido condenados después de 2015, el último año de los datos de Bowling Green.

A continuación, los reporteros analizaron los calendarios estatales de adquisición de derechos y solicitaron los datos de las pensiones de estos agentes a unos 200 fondos de pensiones y organismos gubernamentales para determinar cuáles de ellos habían recibido ya sus pensiones o tenían derecho a ellas en el futuro.

Los reporteros descartaron a los funcionarios en los casos en los que se descubrió que sus condenas habían sido anuladas.

A menos que se indique lo contrario, los importes de las pensiones citados en el artículo son los importes completos comunicados por los fondos de pensiones a CNN en 2020 o 2021. En algunos casos, una parte de estas prestaciones puede destinarse a un excónyuge, como dictan los acuerdos de divorcio.

Para estimar la cantidad de dinero que ya han recibido los agentes objeto del análisis de CNN, los reporteros realizaron un análisis de datos revisado por expertos en pensiones utilizando la fecha de jubilación de cada agente y su prestación de pensión anual actual, asumiendo un aumento anual del costo de la vida del 2%, basado en los datos del costo de vida y la inflación de la Asociación Nacional de Administradores de Jubilaciones Estatales y la Oficina de Estadísticas Laborales. Los importes de las prestaciones vitalicias suponen que los funcionarios viven hasta el final de sus 85 años, reciben un aumento anual del costo de la vida del 2% y no se reducen para reflejar el valor del dinero en el tiempo. Los reporteros también incluyeron los pagos únicos a los que algunos agentes optaron en lugar de los pagos mensuales. En algunos casos, los agentes recibieron las prestaciones antes de que se produjera una incautación o las perdieran parcialmente.

Otros cientos de agentes recibieron devoluciones de sus propias cotizaciones, normalmente por no tener suficientes años de servicio, pero también en casos en los que sus pensiones fueron incautadas.

Para analizar las diferentes leyes de confiscación en todo el país, CNN encuestó a organismos estatales y utilizó datos de la Asociación Nacional de Administradores de Jubilaciones Estatales, así como una investigación de D. Bruce Johnsen y Adam Marcus, publicada en el Journal of Law, Economics and Policy de la Universidad George Mason.

Se utilizaron registros judiciales, archivos de casos de fiscales obtenidos a través de solicitudes de registros públicos y entrevistas para informar sobre los casos de agentes específicos. Los reporteros intentaron ponerse en contacto con todos los agentes y organismos citados para obtener sus comentarios. Pocos respondieron, pero los comentarios de los que lo hicieron están incluidos en el artículo.

Créditos

Reporteros: Blake Ellis, Melanie Hicken

Editor: Matt Lait

Colaboradores adicionales: Audrey Ash, Julia Jones, Ben Naughton, Casey Tolan, Jeffrey Winter, CNN Editorial Research

Diseñador: Alicia Johnson

Diseñadora de animaciones: Kelly Flynn

Desarrollador: Curt Merrill

Ilustrador: Alberto Mier

Editor de fotos: Brett Roegiers

Director interactivo: Sean O’Key

Supervisión editorial y verificación de datos: Chip Grabow, Katherine Dautrich

Normas y prácticas: David Valenzuela

Legal: Steve Kiehl

Imágenes animadas: Lacey Russell, Sean R. Clark

Fotos adicionales: AP, Getty Images

Reportaje de televisión: Drew Griffin, Patricia DiCarlo, Audrey Ash, Scott Bronstein, Nelli Black