(CNN) –– El gobierno del presidente Joe Biden defenderá en corte este miércoles el uso de una controvertida política de la era Trump que resultó en que deportaran más de 1 millón de migrantes arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México.
La autoridad de salud pública, conocida como Título 42, se invocó al comienzo de la pandemia de coronavirus, a pesar de las sospechas entre algunos funcionarios de que tenía motivaciones políticas. La medida permite a las autoridades expulsar rápidamente a inmigrantes que se encuentren en la frontera sur de EE.UU. Lo que impide que los solicitantes de asilo puedan presentar su caso y marca una desviación del protocolo anterior.
El uso de esta política ha recibido duras críticas por parte de defensores de inmigrantes, abogados y expertos en salud, quienes argumentan que no tiene base en la salud y pone a los inmigrantes en peligro. La agencia de refugiados de las Naciones Unidas también ha rechazado la medida.
Pero este miércoles, abogados del Departamento de Justicia argumentarán ante la Corte de Apelaciones del Circuito de EE.UU. en la ciudad de Washington que se necesita la orden de salud pública.
La demanda contra la medida para deportar migrantes
Los procesos judiciales de este miércoles se derivan de una demanda que se presentó en enero pasado. En ese momento, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros desafiaron la política fronteriza de la era Trump en nombre de las familias inmigrantes. La ACLU también cuestionó el hecho de someter a los niños no acompañados a esta política, aunque ahora están exentos.
“Regresamos a la corte porque el gobierno de Biden ha optado por continuar con esta política brutal contra las familias. A pesar de la ausencia de cualquier apoyo por parte de los funcionarios de salud pública”, dijo Lee Gelernt, miembro de la ACLU y abogado principal en el litigio.
Los demandantes en el caso negociaron con el gobierno durante varios meses. Y, como parte del litigio, la ACLU remitió a algunas familias para que fueran admitidas en EE.UU.
Sin embargo, esas negociaciones fracasaron cuando la administración de Biden decidió mantener el orden de salud pública. Una decisión que enfureció a los defensores de los inmigrantes que, argumentan, debería dejar de implementarse.
El argumento de Seguridad Nacional
En ese momento, un alto funcionario de Seguridad Nacional, que desde entonces dejó el gobierno, expuso durante una presentación judicial una imagen extrema de lo que ocurriría si se suspendiera la orden de salud pública. Como parte de su argumento, señaló un incremento de inmigrantes en la frontera entre EE.UU. y México que había abrumado las instalaciones.
“Estas tasas de encuentros (de inmigrantes) han puesto a prueba las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Y han provocado que las instalaciones fronterizas se llenen más allá de su capacidad operativa normal. Lo que afecta la capacidad de emplear el distanciamiento social en estos entornos. Al mismo tiempo, el departamento también está experimentando un aumento significativo de las tasas de no ciudadanos que dan positivo a covid-19”, decía la declaración de agosto. La comunicación también señalaba que el riesgo había aumentado debido a la variante delta del coronavirus, altamente transmisible.
Un mes después, un juez federal impidió que la administración de Biden expulsara a familias inmigrantes con niños bajo la orden de salud pública. Pero, un tribunal de apelaciones suspendió el fallo.
Preocupaciones de la medida para deportar migrantes
El gobierno sigue dependiendo de la orden de salud pública. Y cuando se le pregunta al respecto, la Casa Blanca refiere el tema a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que, según un portavoz, la considera necesaria dadas las variantes delta y ómicron.
Eso ha hecho poco para calmar las preocupaciones de los abogados de inmigración, defensores y expertos en salud pública.
“El argumento del gobierno Biden de que se le debe permitir expulsar a los refugiados porque quiere ese poder no puede cambiar el hecho de que el Título 42 es una política ilegal y xenófoba, que los médicos y otros expertos en salud pública han declarado clara y repetidamente no detiene la propagación del covid-19”, dijo Diana Kearney, asesora legal principal de Oxfam América, en un comunicado.
En un informe reciente, Human Rights First encontró casi 9.000 reportes de secuestros y otros ataques violentos contra personas que fueron expulsadas a México o que no pudieron buscar protección en EE.UU.