(CNN) – Los investigadores continúan examinando la extensa biblioteca de videos de YouTube creados por Frank James, el hombre de 62 años acusado de dispararle a 10 personas en un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York, en busca de pistas sobre sus motivos.
Pero esos videos y su caso también han vuelto a centrar la atención de Estados Unidos en la aguda crisis de salud mental que está afectando a este país, desde la gran cantidad de personas sin tratamiento que necesitan ayuda psicológica hasta la dificultad que enfrentará el Congreso si realmente trata de arreglar lo que ha sido durante mucho tiempo un sistema roto.
Aún se desconocen muchos detalles de la historia de James, pero el retrato que ha surgido de algunos de sus videos es el de un hombre que parecía aislado, profundamente frustrado por el trato que le daba la sociedad y, a menudo, lleno de rabia, misoginia y animosidad hacia las personas de todas las razas, incluidas las personas de raza negra. Sus pensamientos en los videos a menudo estaban inconexos y eran difíciles de seguir. Pero hizo sus amenazas a la vista de cualquiera que hiciera clic, afirmando en un video reciente que había “pasado por muchas cosas, donde puedo decir que quería matar gente” y quería “ver a la gente morir”.
Se refirió explícitamente a su propia “crisis de salud mental en los años 90, 80 y 70” y sus interacciones con los trabajadores de la salud mientras se burlaba del plan del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, para abordar la seguridad y la falta de vivienda en el metro al involucrar a más profesionales de la salud mental, prediciendo que el esfuerzo del alcalde estaba “condenado al fracaso”. En medio de su viaje desde Wisconsin a la costa este, advirtió a sus televidentes en un video subido el 20 de marzo que creía que estaba “regresando a la zona de peligro”, afirmando que tenía un “caso grave de estrés postraumático”.
Incluso para alguien no entrenado, todas esas habrían sido señales de alerta que sugirieron que James podría haberse beneficiado, al menos, de una evaluación psiquiátrica. El alcalde de la ciudad de Nueva York expresó su frustración durante una aparición esta semana en “New Day” de CNN y dijo: “Estamos viendo señales a nuestro alrededor de aquellos que se inclinan hacia acciones violentas, y los estamos ignorando”. Pero los criminólogos también han señalado que James compartió sus pensamientos violentos dentro de un océano de redes sociales, un desafío enorme para las fuerzas del orden, y es posible que solo sea uno de los millones de estadounidenses que podrían haberse beneficiado de la ayuda o una intervención que él no obtuvo.
En una audiencia judicial el jueves, la fiscal federal adjunta Sara Winik describió el ataque como “premeditado y cuidadosamente planeado”. James ha sido acusado de violar una ley que prohíbe los ataques terroristas y violentos contra el transporte público; no se declaró culpable y se le negó la fianza.
Aún cuando los neoyorquinos se preguntan si el ataque se pudo haber evitado, el caso de James revigoriza el debate sobre la cantidad de estadounidenses que se están quedando sin nada mientras Estados Unidos enfrenta una escasez aguda de proveedores de salud mental, una cantidad lamentablemente inadecuada de pacientes hospitalizados, camas psiquiátricas y muy pocos centros comunitarios de crisis donde las personas puedan buscar ayuda fuera de las salas de emergencia.
Hay brechas continuas en la cobertura de seguro de salud para problemas psicológicos y barreras importantes incluso en el punto de entrada para encontrar un proveedor, empeorado por los bajos niveles de reembolso para los profesionales de la salud mental dispuestos a tratar pacientes con seguro del gobierno. Esos problemas apenas rascan la superficie del problema, y todos se han visto agravados por la presión que la pandemia de covid-19 ha ejercido sobre el sistema de atención médica.
Incluso antes de la pandemia, los estudios demostraron que uno de cada cinco estadounidenses vivía con una enfermedad mental y aproximadamente el 5,6 % de los adultos padecía una enfermedad mental grave, incluidos diagnósticos como depresión grave, trastorno bipolar o esquizofrenia. La crisis de salud mental entre los jóvenes en particular se ha acelerado. Tanto para los adolescentes como para los adultos, la enfermedad mental a menudo puede entrelazarse con los trastornos por abuso de sustancias a medida que la nación se enfrenta a un número récord de muertes por sobredosis de drogas.
Uno de los hallazgos más sorprendentes del “Informe Nacional de Calidad y Disparidades en la Atención Médica” del año pasado es que más de la mitad de las personas que necesitan atención de salud mental en este país no la obtienen. El informe señaló que la “necesidad insatisfecha” es mucho mayor entre las personas de color: alrededor del 63% de los afroamericanos que experimentan esos problemas de salud mental no recibieron tratamiento, junto con el 65% de los hispanos y casi el 80% de los asiáticos y de las personas de las islas del Pacífico.
De repente, el público está prestando más atención, no solo por la pandemia, la crisis de los opioides y el aumento de las muertes por sobredosis, sino también porque se encuentran con un número cada vez mayor de personas que tienen enfermedades mentales a medida que la falta de vivienda se ha vuelto más visible en sus vecindarios. El presidente Joe Biden mencionó los problemas de la nación con la salud mental en su discurso sobre el estado de la Unión, y pidió “paridad total entre la atención de la salud física y mental”.
Pero las ruedas del Congreso están rechinando lentamente y la realidad es que hay muy poco espacio en el calendario de ese organismo este año para avanzar en la legislación importante que aún está en proceso, a pesar de que las audiencias recientes sugieren que en realidad existe un consenso bipartidista de que se debe hacer algo.
El senador de Oregon Ron Wyden, un demócrata que encabeza la Comisión de Finanzas del Senado, ha unido fuerzas con el miembro republicano de mayor rango del panel, el senador Mike Crapo de Idaho, para organizar lo que llamó un “esfuerzo bipartidista importante para llevar la atención de la salud del comportamiento a la vanguardia del sistema de salud de Estados Unidos”.
Han encargado a 10 miembros, cinco de cada partido, que desarrollen soluciones legislativas en cinco áreas clave que incluyen reforzar la fuerza laboral de salud conductual y mejorar la atención de niños y jóvenes. El objetivo de Wyden es redactar legislación para el verano, y varios otros comités del Senado y la Cámara están trabajando en vías paralelas.
La motivación surge del hecho de que los miembros del Congreso están escuchando a los electores sobre la necesidad de abordar la salud mental. Esto se debe en parte a la preocupación por el aumento de la delincuencia y también a cómo la salud mental, la inestabilidad de la vivienda y la falta de vivienda pueden entrelazarse de manera inextricable, a veces con resultados desastrosos.
El tiroteo en Brooklyn siguió a varios otros incidentes de alto perfil que han vuelto a centrar la atención en las brechas masivas en el sistema de salud mental. Después de un incidente en enero en Nueva York, donde un hombre sin hogar empujó a una mujer frente a un tren subterráneo que se aproximaba, Adams advirtió que los temores aumentan a medida que la gente ve que “las personas sin hogar con problemas de salud mental no son atendidas”. Ese mismo mes en Los Ángeles, una enfermera de mucho tiempo murió después de ser golpeada en la cara y caer al suelo mientras esperaba el autobús en un ataque de un hombre que la policía describió como una persona sin hogar. El acto, dijo la policía, fue “sin provocación y sin razón”.
Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Estadounidense de Psicología, dijo que era importante que el público recordara que la gran mayoría de las personas que tienen síntomas psicológicos no son violentas y que “si bien estas excepciones aparecen en los titulares, por cada persona violenta que experimenta síntomas psicológicos, hay cientos de miles de personas que están sufriendo en silencio”.
Si bien ha habido más atención a la salud mental debido a la pandemia y otras razones, dijo que le preocupa que lo que ha visto salir de Washington hasta ahora “sugiera un cambio gradual”.
“Está recargando los sistemas actuales que tenemos, para proporcionar un beneficio suficiente para crear la apariencia de que se hizo algo significativo”, dijo Prinstein, quien recientemente testificó sobre lo que se debe hacer en una audiencia de salud mental ante la Comisión del Senado de EE.UU. en Salud, Educación, Trabajo y Pensiones.
Prinstein les dijo a los miembros de la comisión en un testimonio escrito que deberían enfocarse en expandir las filas de la fuerza laboral de salud mental y hacerla más diversa. Además de invertir en más programas que financien la educación y capacitación de los profesionales de la salud mental, dijo que el Congreso debería ayudar a reducir la carga de los préstamos estudiantiles que los psicólogos doctorandos soportan después de la escuela de posgrado, incluso a través de una legislación que autorizaría un programa de pago de préstamos estudiantiles para profesionales de la salud mental que aceptan trabajar en las muchas áreas que carecen de atención accesible.
Para abordar las crecientes necesidades de los niños y jóvenes, también abogó por un mayor acceso a los “servicios de salud mental en las escuelas”. Y enfatizó la necesidad de una mejor integración de la atención primaria y los servicios de salud del comportamiento, así como la necesidad de una aplicación más estricta de las leyes destinadas a terminar con la discriminación de seguros contra las personas con trastornos de salud mental y abuso de sustancias.
“Lo que realmente deseo que la gente reconozca es que el sistema que tenemos en este momento es tan lamentablemente inadecuado, no solo porque no tenemos la cantidad de proveedores de atención médica que necesitamos para abordar la salud mental, sino que estamos ignorando décadas de ciencia que podrían ayudarnos a prevenir que tantas personas sufran síntomas en primer lugar”, dijo.
A modo de ejemplo, señaló que el gobierno federal invierte US$15 mil millones al año para capacitar a proveedores de salud médica y menos del 1% se destina a capacitar a proveedores de atención de salud mental.
La Dra. Michelle P. Durham, vicepresidenta de educación en el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico de Boston, dijo que espera que tanto los legisladores como los estadounidenses reconozcan que es “un sistema en el que realmente nunca se ha invertido”.
“Ahora estamos en este momento en el que la pandemia ha afectado a muchas personas y ha habido un aumento en la demanda de servicios con una falta de infraestructura a nivel comunitario en todo el país… Simplemente no hay suficientes recursos, dijo Durham. “Tenemos que invertir en la infraestructura, tenemos que invertir en nuestra fuerza laboral y luego tenemos que invertir en apoyos comunitarios, punto, para que las personas puedan recibir tratamiento cuando lo necesiten”.
Señaló algunas de las ideas que el Congreso debería explorar, como una mayor inversión en clínicas ambulatorias a nivel comunitario y equipos móviles de crisis que puedan enviar médicos para evaluar y tratar a quienes están experimentando una crisis, así como programas exitosos como la Iniciativa de Salud del Comportamiento Infantil en Massachusetts que ha puesto a disposición de las familias dentro de sus comunidades más terapeutas, administradores de casos y sistemas de apoyo entre pares.
Durham dijo que se sintió alentada de que la pandemia haya sacado a la luz algunas de esas necesidades urgentes. “Creo que muchos de nosotros en el campo, nos sentimos esperanzados, en realidad, de que la gente está empezando a escuchar; la gente está empezando a comprender más sobre las dificultades del sistema de atención de la salud mental en EE.UU.”, dijo.
La pregunta ahora es si los miembros del Congreso mostrarán la voluntad política para seguir adelante.