(CNN) – La legislatura de Florida aprobó el jueves un proyecto de ley que eliminaría la configuración legal especial que permite a Disney operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando.
La medida se produce cuando el gobierno liderado por los republicanos de Florida señaló a Disney —el mayor empleador de un solo sitio en el estado— por su oposición a una ley que restringe la educación sobre temas LGBTQ en las escuelas.
Sin embargo, la eliminación del distrito de propósito especial de Disney —conocido como Reedy Creek— podría tener implicaciones mucho mayores para la empresa y para los contribuyentes estatales.
He aquí un vistazo a la historia de Reedy Creek, por qué se ha convertido en un tema central en esta sesión especial y qué significaría eliminar su estatus especial para Disney y para los contribuyentes de Florida.
¿Qué es Reedy Creek?
Reedy Creek es el nombre de Reedy Creek Improvement Distric, un distrito de propósito especial creado por ley estatal en mayo de 1967 que otorga a The Walt Disney Company el control gubernamental sobre la tierra y alrededor de sus parques temáticos del centro de Florida. El distrito se encuentra al suroeste de Orlando.
En ese momento, la tierra era poco más que pastos y pantanos deshabitados, según el sitio web de Reedy Creek. Con el distrito de propósito especial, Disney asumió la responsabilidad de brindar servicios municipales como energía, agua, carreteras y protección contra incendios, pero también se liberó de lidiar con trámites burocráticos legales o pagar impuestos por servicios que beneficiaban al público en general.
Según Richard Foglesong, autor del libro “Married to the Mouse: Walt Disney World and Orlando”, Disney había tenido problemas con el gobierno de Anaheim, California, en su parque Disneyland, completado una década antes. Con esos problemas en mente, Disney impulsó un distrito de propósito especial en Florida que le daría a la empresa la capacidad de autogobernarse.
A cambio, Florida se convirtió en la base de operaciones de Disney World y sus decenas de turistas.
“Florida necesitaba a Disney más de lo que Disney necesitaba a Florida”, dijo Foglesong a CNN.
Hoy, el distrito especial de Reedy Creek abarca alrededor de 10.117 hectáreas en los condados de Orange y Osceola, incluidos cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, un complejo deportivo, 281 kilómetros de carretera, 107 kilómetros de vías fluviales y las ciudades de Bay Lake y Lake Buena Vista, dice su sitio web.
“La cooperación y el compromiso entre Reedy Creek Improvement District y Walt Disney World Company es tan fuerte hoy como lo era cuando se creó el Distrito en 1967”, afirma el sitio web de Reedy Creek. “El resultado es un ejemplo de cómo una asociación de trabajo entre las empresas y el gobierno puede ser próspera para ambas partes”.
¿Por qué esto es un problema ahora?
El proyecto de ley aprobado por la legislatura de Florida es una forma de represalia política contra Disney por sus críticas al proyecto de ley “Derechos de los padres en la educación”, que los críticos han denominado como el proyecto de ley “Don’t Say Gay”.
Esa legislación estatal, promulgada el mes pasado, prohíbe que las escuelas enseñen a los niños sobre la orientación sexual o la identidad de género “de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo”. La legislación también permite que los padres presenten demandas contra un distrito escolar por posibles infracciones.
El lenguaje vago de la ley y la amenaza de demandas por parte de los padres han generado temores de que conducirá a la discriminación contra los estudiantes LGBTQ y tendrá un efecto escalofriante en la discusión en el aula. Sin embargo, la portavoz del gobernador Ron DeSantis, Christina Pushaw, dijo que la legislación protegería a los niños de los “groomers”, un término para referirse a los pedófilos, y describió a quienes se oponen a la ley como “probablemente groomers”.
El CEO de Disney, que emplea a 75.000 personas en Florida, inicialmente se negó a condenar la ley, pero cambió de rumbo después de enfrentar las críticas de los empleados. Un portavoz de la compañía emitió un comunicado el mes pasado indicando que su objetivo es que la ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales.
“El proyecto de ley HB 1557 de Florida, también conocido como el proyecto de ley ‘Don’t Say Gay’, nunca debería haberse aprobado y nunca debería haberse convertido en ley”, dice el comunicado. La compañía dijo que estaba “dedicada a defender los derechos y la seguridad de los miembros LGBTQ+ de la familia Disney, así como de la comunidad LGBTQ+ en Florida y en todo el país”.
A principios de esta semana, DeSantis desafió a los legisladores a desentrañar la Ley de Mejoramiento de Reedy Creek de 55 años como parte de una sesión legislativa especial. Disney no ha emitido un comunicado sobre el tema.
¿Qué hace el proyecto de ley?
El proyecto de ley declara que cualquier distrito especial creado antes de noviembre de 1968 se disolverá el 1 de junio de 2023. El texto tiene poco más de una página y ofrece pocos detalles.
Lo que eso significa para Disney y para los contribuyentes de Florida no está del todo claro. Los patrocinadores republicanos no pudieron dar respuestas detalladas a las preguntas sobre las implicaciones financieras y legales de la legislación durante las discusiones del jueves. Sugirieron que la legislatura podría trabajar en la logística de la disolución durante el próximo año.
La disolución del distrito especial significaría que los condados de Orange y Osceola asumirían los activos y pasivos de Reedy Creek. Eso podría conducir a impuestos más altos para que esos residentes paguen las deudas de Reedy Creek y se hagan cargo del cuidado de las carreteras, la policía, la protección contra incendios, la gestión de desechos y más.
El senador estatal Gary Farmer, demócrata, fue uno de varios legisladores demócratas que criticaron el proyecto de ley por lo que llamó “disparar primero, hacer preguntas después”.
“Solo el servicio de la deuda de Reedy Creek supera los mil millones de dólares”, dijo Farmer el miércoles. “Este proyecto de ley no prevé cómo se asumirá ese servicio de la deuda. Las entidades del gobierno local deben recoger los activos y pasivos de cualquier distrito especial que se disuelva”.
Aún así, el proyecto de ley fue aprobado en el Senado de Florida el miércoles con una votación de 23 a 16 y en la Cámara el jueves con una votación de 70 a 38. Ahora va al escritorio de DeSantis para su firma. La votación del jueves ocurrió sin ningún debate final y se produjo cuando varios miembros demócratas negros organizaban una protesta por el mapa de redistribución de distritos del Congreso.
Por su parte, Foglesong dijo que la extensión del proyecto de ley indica que “no ha habido mucho estudio y reflexión” sobre las consecuencias de este movimiento.
“Alguien todavía tendrá que pagar los bonos que se compraron para construir esa infraestructura. Muchas carreteras. Alguien tendrá que hacer esas inspecciones de edificios. Se necesitarán muchos de esos inspectores con mucho de experiencia”, dijo. “Alguien tendrá que pagar por eso. Si esa carga recae sobre los contribuyentes, eso no se verá bien para el gobernador Desantis. Esto parecerá una locura”.