(CNN Español) – La situación inmigratoria es uno de los ejes de las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos, y no es para menos: viven en el país unos 45 millones de inmigrantes, según los datos del Censo.
Además, el tema ha escalado en el último periodo debido a que el número de personas que cruzaron la frontera sur del país de forma ilegal superó un récord histórico: hubo más de 2 millones de registros durante el año fiscal 2022, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
Se trata de un tema que suma presión al Gobierno de Joe Biden, cuando faltan poco para las elecciones intermedias que, entre otras cosas, definirán quién tiene el control del Senado y de la Cámara de Representantes, clave para impulsar iniciativas legislativas o reformar las existentes.
En términos generales, demócratas y republicanos han hecho campaña de cara a los comicios de noviembre con miradas opuestas sobre qué hacer ante las presiones que existen sobre el sistema inmigratorio.
Según un reporte del Pew Research Center del mes de septiembre, los republicanos consideran prioritaria la seguridad fronteriza y la deportación de quienes están en el país ilegalmente, mientras que los demócratas otorgan mayor importancia a los caminos hacia el estatus legal de aquellos que ingresaron ilegalmente al país, especialmente para quienes lo hicieron siendo niños.
Desde que asumió el cargo en enero de 2021, Biden trabajó para revertir las restricciones inmigratorias de la era Trump aumentando las admisiones de refugiados, preservando el DACA, y no haciendo cumplir la regla de “cargo público” que niega las tarjetas de residencia a los inmigrantes que podrían usar beneficios como Medicaid, entre otras cosas. Sin embargo, todo indica que no ha logrado ir más allá.
A continuación, los principales elementos sobre la situación inmigratoria y los que podría cambiar tras los comicios de de noviembre:
Seguridad fronteriza
Se trata del primer punto de conflicto para el Gobierno de Biden, debido al aumento de las llegadas que las autoridades atribuyen al mayor número de personas procedentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis en esos países.
No es un dato menor: mientras que décadas atrás los migrantes que llegaban a la frontera eran abrumadoramente mexicanos, y hace algunos años se sumaron los provenientes del triángulo norte —Guatemala, Honduras y El Salvador—, en la actualidad muchos de los llegados lo hacen desde Cuba, Venezuela, Nicaragua y hasta Colombia y Perú.
El Gobierno llega a las elecciones con una situación de parálisis al respecto de la seguridad fronteriza, o al menos en una de idas y vueltas. “La parálisis en la frontera ha afectado a toda su agenda”, dijo a CNN una fuente cercana a la Casa Blanca recientemente.
Uno de los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) meses atrás había sido transportar a una parte de quienes llegaban a la frontera a ciudades del interior del país para su procesamiento. Sin embargo, las dificultades logísticas obligaron a descartar dicha iniciativa. De acuerdo con múltiples fuentes cercanas al Gobierno, lo mismo ha sucedido en varias oportunidades, con un tira y afloje entre la Casa Blanca y el DHS, lo que ha aumentado la frustración, sobre todo entre quienes se encuentran en las primeras lineas.
Pese a que todo indica que el Gobierno demócrata no tiene claridad sobre qué plan llevar adelante en la frontera, recientemente el vocero Abdullah Hasan, defendió lo actuado hasta el momento: “Fomentar un debate sólido, escuchar diferentes ideas y obtener mucha experiencia antes de tomar decisiones políticas que impacten en millones de vidas es una característica, no un error”.
Un vocero del DHS argumentó en la misma línea: “El Gobierno ha respondido ante un número de inmigrantes irregulares sin precedentes intentado entrar a EE.UU., ha interceptado más drogas e interrumpido más operaciones de contrabando que nunca, todo mientras revierte las políticas crueles y dañinas del gobierno anterior”.
Traslado de inmigrantes por parte de gobernadores republicanos
Varios gobernadores republicanos —entre ellos Ron DeSantis de Florida, Greg Abbott de Texas, Doug Ducey de Arizona— han enviado grupos de inmigrantes a ciudades gobernadas por los demócratas como una afrenta contra ellos y la Casa Blanca, lo que ha llevado el tema de la inmigración al primer plano de la discusión nacional y ha suscitado fuertes críticas de los defensores de los inmigrantes, de los funcionarios municipales y de la administración de Biden.
“La vicepresidenta Harris afirma que nuestra frontera es ‘segura’ y niega la crisis”, tuiteó al respecto el gobernador Greg Abbott, principal impulsor del envío de migrantes hacia el noreste del país. “Estamos enviando migrantes a su patio trasero para pedirle a la administración de Biden que haga su trabajo y haga que la frontera sea segura”.
El mensaje resume a la perfección el enfrentamiento entre los gobernadores republicanos del sur y el Gobierno federal demócrata. En medio de esa disputa política quedaron, precisamente, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos después de viajes extenuantes y rodeados de peligros.
Título 42
En los primeros días de la pandemia de covid-19, bajo el Gobierno de Donald Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden de salud pública que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del virus. Se conoció como Título 42, por la parte del código de EE.UU. que permitió que el director de los CDC la emitiera, y permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de EE.UU.
Dicho título se ha prorrogado en varias oportunidades, incluso más allá del mandato del presidente republicano. Pese a las promesas de campaña, bajo el Gobierno de Biden ha sido utilizado para devolver a miles de migrantes venezolanos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos.
“Ampliar el Título 42 para incluir ahora a los venezolanos añade sal a una herida abierta mientras erosiona aún más el sistema de asilo que el presidente Biden prometió restaurar”, dijo el senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey en un comunicado. Las críticas se multiplicaron entre los sectores progresistas del partido demócrata y los defensores de los inmigrantes.
Gracias al Título 42 los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia EE.UU. Los menores migrantes no acompañados están exentos de esta medida.
DACA
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) creado en 2012, protegió de la deportación a unos 800.000 jóvenes inmigrantes que llegaron o se quedaron en Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir los 16 años. Además, DACA también dio a los beneficiarios, conocidos como dreamers (soñadores), autorización para ejercer algunos trabajos.
Sin embargo, DACA no ofrece un camino para la ciudadanía, ya que existen vías limitadas para permitir que inmigrantes no autorizados adquieran el estatus de residentes permanentes que les da la tarjeta verde o green card, a comparación de los que ingresaron legalmente, por ejemplo, con una visa temporal.
Además, en 2017 el DACA sufrió un duro golpe cuando el Gobierno de Donald Trump anunció la cancelación del programa, decisión que fue bloqueada por la Corte Suprema pero que contribuyó a aumentar la incertidumbre entre miles de sus beneficiarios.
En agosto de este año, el Gobierno de Biden dio un paso en pos de la preservación del programa, cuando el DHS anunció la regla final, que reemplaza un memorando de la era Obama.
“Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los dreamers, pero los republicanos del Congreso deberían dejar de bloquear un proyecto de ley que brinda un camino a la ciudadanía para los dreamers”, dijo Biden entonces. “No solo es lo correcto, también es lo inteligente para nuestra economía y nuestras comunidades”.
TPS, o Estatus de Protección Temporal
Cientos de miles de inmigrantes que residen en Estados Unidos podrían encontrarse en un limbo legal después de que se frustraron las conversaciones entre abogados y el gobierno de Joe Biden sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
El caso se deriva de una demanda de 2018 contra la administración Trump que intentó poner fin a una forma de ayuda humanitaria destinada a los migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) protege a los inmigrantes de países que han sido golpeados por condiciones extremas, como epidemias, guerras o desastres naturales y que se encuentran en EE.UU. Pero el Gobierno de Trump intentó terminar con las protecciones para la mayoría de los inmigrantes bajo el programa, argumentando que las condiciones iniciales que las requerían ya no estaban presentes.
Con todo, recientemente el Gobierno amplió el TPS a otras nacionalidades, al brindarles a aproximadamente 143.800 inmigrantes de Afganistán, Camerún y Ucrania la oportunidad de solicitar un permiso por tiempo limitado para vivir y trabajar en los Estados Unidos y evitar una posible deportación.
El DHS, que supervisa el programa, también extendió, designó o redesignó recientemente protecciones de TPS para inmigrantes elegibles de Myanmar (también llamada Birmania), Sudán del Sur, Sudán, Siria y Venezuela.
En septiembre, justamente, entró en vigor la extensión de esta forma ayuda humanitaria para los venezolanos. Va hasta el 10 de marzo de 2024.
En la actualidad, luego de las adiciones y extensiones más recientes del gobierno de Biden, aproximadamente 500.000 personas de 15 países están actualmente registradas para TPS o son elegibles para recibirlo.
Priscilla Alvarez, Ángela Reyes Haczek, Catherine E. Shoichet contribuyeron con este reporte.