(CNN) – “Si algo me pasa, no llores”, le dijo Leonardo Hancco a su esposa, Ruth Bárcena, la mañana del 15 de diciembre en la ciudad de Ayacucho, en el sur de Perú.
El taxista de 32 años y padre de una niña de 7 años había decidido unirse a las protestas políticas nacionales en el país en el último minuto.
“Si he decidido unirme es porque quiero dejar un futuro mejor para mis hijos, estoy luchando por mis derechos”, agregó antes de irse, según Bárcena.
Las manifestaciones que estallaron por primera vez después de la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre han continuado desde entonces, principalmente en el centro y sur de Perú, donde se encuentra Ayacucho, alimentadas por denuncias de corrupción en el gobierno y los funcionarios electos, así como por la indignación por las condiciones de vida y desigualdad en el país. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales cuanto antes y una nueva Constitución.
La antigua ciudad de Ayacucho, conocida por su historia preincaica y sus iglesias coloniales, ha sido testigo de dramáticos estallidos de violencia en medio de las manifestaciones. Solo en esta región, al menos 10 personas han muerto y más de 40 han resultado heridas, según la Defensoría del Pueblo del país.
Hancco fue uno de ellos. Horas después de unirse a la marcha, recibió un disparo en el abdomen cerca del aeropuerto de Ayacucho, donde se habían concentrado los manifestantes y algunos intentaban tomar el control de la pista.
Murió dos días después por sus heridas, dijo Bárcena a CNN.
Las protestas y su contexto histórico
La histórica región de Ayacucho fue el hogar de la civilización Wari y se convirtió en parte de el imperio Inca. Su capital, también llamada ahora Ayacucho, fue una de las principales ciudades durante la conquista española. Fue también cuna de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia reciente del Perú, como sede del grupo rebelde armado Sendero Luminoso durante las violentas décadas de los años 80 y 90.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del país, casi 70.000 personas murieron a causa del conflicto interno entre las fuerzas de seguridad peruanas, el grupo rebelde maoísta Sendero Luminoso, y el marxista-leninista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos rebeldes fueron acusados de violaciones de los derechos humanos mientras luchaban. Más del 40% de los muertos y desaparecidos de este cruento conflicto se registraron en la región de Ayacucho.
Desde entonces, esta región recibe turistas locales e internacionales, se basa en la agricultura, la minería y la fabricación de productos locales. Pero todavía refleja las desigualdades del pasado. En comparación con la capital de Perú, Lima, el sistema de salud y educación de Ayacucho está subdesarrollado, con instalaciones y estándares muy por debajo de los que benefician a la capital.
“Dicen que al Perú le va muy bien económicamente, pero la pandemia nos desnudó”, dijo a CNN Lurgio Gavilán, profesor de Antropología de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
Después de casi dos décadas de crecimiento económico sostenido, el covid-19 golpeó duramente al país en 2020, con el mayor número de muertes per cápita del mundo y más de la mitad de la población sin acceso a suficientes alimentos durante la pandemia. La pobreza ha sido particularmente insidiosa en las zonas rurales del país.
Aunque la economía se ha recuperado, con el PIB de vuelta a los niveles previos a la pandemia, la persistente desigualdad en el país significa que no todos se beneficiarán. El Banco Mundial ha pronosticado que la pobreza se mantendrá por encima de los niveles previos a la pandemia durante los próximos dos años.
Algunos manifestantes han pedido la liberación del encarcelado expresidente Castillo, quien fue maestro rural que prometió corregir la desigualdad económica antes de su caída. Pero la polarización y el caos en torno a su presidencia, incluidas las denuncias de corrupción y los múltiples intentos de juicio político por parte del Congreso, que Castillo descartó como motivados políticamente, solo exacerbaron las tensiones preexistentes en Perú.
El doloroso pasado de Ayacucho ha sido escenario de enfrentamientos en la región. El lenguaje despectivo utilizado por funcionarios públicos, parte de la prensa y del público para criticar a los manifestantes, calificándolos de vándalos, criminales y “terroristas” ha tocado un nervio histórico.
“No sostenemos que en las protestas todos son terroristas, pero la población debe saber que a su lado tienen gente vinculada a Sendero Luminoso”, dijo el general Óscar Arriola Delgado, vocero de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que tres personas involucradas en las protestas fueron detenidas en Ayacucho por supuestos vínculos con Sendero Luminoso. Uno de ellos está acusado de entregar dinero a los manifestantes y presuntamente participar en la planificación de los ataques contra la propiedad pública y privada.
Aunque Sendero Luminoso se disolvió a finales de los 90, los remanentes del grupo siguen activos en el sur del país, donde el gobierno de Perú dice que se están beneficiando de la producción de coca. La policía dijo que una mujer que arrestaron había pasado años en prisión en relación con actividades guerrilleras en los años 80 y 90, pero no ha hecho público si la vinculan con alguna facción existente.
Sin embargo, Gavilán advierte que no se debe exagerar la presencia de vínculos con Sendero Luminoso. “La gente es capaz de pensar, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, también sabemos indignarnos a pesar de haber pasado por tanto”, dijo el antropólogo.
“Para nosotros Sendero Luminoso murió hace mucho tiempo, nadie apoya a Sendero Luminoso, nos llevaron a una guerra horrible que nadie quiere”, añadió.
Él mismo tiene experiencia de primera mano de la relación de Perú con Sendero Luminoso. Después de unirse al grupo como un niño soldado huérfano cuando tenía 12 años, el ejército lo reclutó a los 15 años para luchar contra el mismo grupo. Gavilán luego se convirtió en sacerdote franciscano antes de estudiar antropología.
La verdadera amenaza aquí, en su opinión, radica en otro déjà vu: soldados peruanos enfrentando a civiles una vez más. “Nuestra población ha vuelto a ver las caras de los militares en las calles”, dice.
Acusaciones de exceso de fuerza
Ayacucho es una de las regiones que ahora buscan responsabilizar a las autoridades peruanas por la presunta brutalidad contra los manifestantes. La Fiscalía de la Nación ya abrió una investigación preliminar contra la actual presidenta Boluarte, tres de sus ministros y mandos policiales y militares.
A nivel nacional, al menos 55 personas han muerto y más de 500 policías han resultado heridos en medio de enfrentamientos desde que comenzaron los disturbios, según la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior.
Este miércoles, Boluarte se comprometió a investigar los presuntos abusos de las autoridades contra los manifestantes en las protestas, mientras pronunciaba un discurso en una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Si se han cometido excesos en el uso de la fuerza para restablecer el orden interno, se investigará y se procesará a los responsables”, prometió Boluarte.
La policía dice que sus tácticas coinciden con los estándares internacionales. Pero una misión de investigación a Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que se encontraron heridas de bala en la cabeza y la parte superior del cuerpo de las víctimas durante las protestas, áreas que los agentes del orden deben evitar para preservar la vida humana.
De acuerdo con las directrices emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el uso de armas de fuego para dispersar una reunión siempre es ilegal”.
Boluarte ha dicho que la decisión de desplegar a los militares ha sido difícil, y que ni la policía ni el ejército habían sido enviados a “matar”. También se refirió a las protestas como “terrorismo” cuando visitó a un policía herido en el hospital, una etiqueta que la CIDH ha advertido que podría instigar un “clima de más violencia”.
Bárcena cree que el gobierno debe asumir la responsabilidad por la muerte de su esposo. Tras el dolor de perder a Hancco, decidió encabezar un grupo de familiares de los muertos y heridos en Ayacucho para apoyar la investigación de la fiscalía y exigir al gobierno una reparación civil para los muertos o heridos.
Su familia dependía de sus ingresos como taxista, trabajo que tomó después de perder su empleo como operador de maquinaria pesada en una empresa minera cuando la pandemia de covid-19 azotó al país en 2020, dice Bárcena.
“Los que murieron eran personas inocentes, [las fuerzas de seguridad] no tenían derecho a quitarles la vida. Sé qué tipo de persona era mi esposo; era humilde, amaba la vida, lo daba todo por su familia. Un luchador. A pesar de ser un campesino, nunca bajó la cabeza”, dijo Bárcena a CNN.
Su afirmación está respaldada por expertos en derechos humanos que estudian la violencia actual. Percy Castillo, Defensor del Pueblo Adjunto para los Derechos Humanos y las personas con discapacidad en Perú, le dijo a CNN, después de estar en el terreno en Ayacucho, que su oficina apoya la creación de un mecanismo de reparación para estas familias que vienen de la pobreza.
También apoya tales medidas Joel Hernández García, comisionado de la CIDH, quien le dijo a CNN que las reparaciones para las víctimas era uno de los tres pasos necesarios para solucionar la crisis del país.