(CNN Español) – Un juez federal de Estados Unidos le ordenó este miércoles a Alejandro Toledo, expresidente de Perú, que se entregue a agentes federales en California este viernes para ser extraditado a su país, según indican documentos judiciales que obtuvo CNN.
La decisión ocurre luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito le concediera a Toledo, el pasado 6 de abril, una moción parcial que suspendía por 14 días la extradición. Dicha medida expira esta semana.
En la audiencia de este miércoles, el tribunal consultó si Toledo tenía la intención de buscar más suspensiones de la Corte de Apelaciones, según se explicó en la orden de comparecencia emitida por el juez Thomas S. Hixson.
“Su abogado dijo que él no iba solicitar más aplazamientos del Noveno Circuito o de la Corte Suprema”, se indicó en el documento. Se dijo además que el propio Toledo había solicitado que la corte estableciera el lugar para entregarse.
CNN se comunicó este miércoles con la defensa del expresidente para obtener más detalles, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Según la orden del juez, Toledo “será recluido en una cárcel apropiada, donde permanecerá hasta que se concluya su entrega a las autoridades peruanas”.
El juez le ordenó a Toledo entregarse este viernes a las 9 de la mañana en el edificio federal Robert F. Peckham de San José, en California.
Por su parte, el Departamento de Justicia de EE.UU. dijo a CNN este miércoles que por razones de seguridad no dará información sobre cuándo podría ocurrir la extradición de Toledo.
Toledo, quien vive en California, cumple arresto domiciliario en ese estado desde 2019, en respuesta a una solicitud de extradición que EE.UU. envió en mayo de 2018.
El exmandatario es requerido por la Justicia peruana por cargos de colusión y lavado de activos. Toledo ha negado las acusaciones y las ha tildado de persecución política.
Según las autoridades de Perú, Toledo, quien gobernó el país entre 2001 y 2006, habría recibido hasta US$ 30 millones en presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer a la empresa en la obtención de contratos en el país.
En 2016, Odebrecht llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el cual aceptó haber pagado aproximadamente US$ 788 millones en relación con 100 contratos de obra pública en 12 países, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. Como parte del acuerdo, la empresa se avino a pagar multas y compensaciones por al menos US$ 3.500 millones a los gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza.
Al referirse puntualmente a Perú, la empresa declaró ante el Departamento de Justicia haber hecho entre 2005 y 2014 pagos corruptos a funcionarios del gobierno del orden de los US$ 29 millones, como resultado de los cuales obtuvo ganancias de más de US$ 143 millones.