(CNN) – Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están aprovechando el estancamiento del techo de la deuda para defender uno de sus objetivos de siempre: exigir que más estadounidenses con bajos ingresos trabajen para poder recibir prestaciones del Gobierno, en particular cupones de alimentos y Medicaid.
Los republicanos consideran que los requisitos de trabajo resuelven dos problemas, ya que les permiten reducir el gasto público y reforzar la mano de obra del país en un momento en el que muchas empresas siguen teniendo dificultades para contratar personal.
Sin embargo, la controvertida política, incluida en el paquete del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para aumentar el techo de la deuda, está causando cierta consternación dentro de la conferencia republicana, con los partidarios de la línea dura queriendo incluir requisitos aún más estrictos y con los miembros moderados en los distritos indecisos preocupados de que podrían enfrentarse a un contragolpe sobre el tema.
Si la Cámara Baja aprueba la legislación esta semana, como espera McCarthy, es seguro que no avanzará, ya que la Casa Blanca y los demócratas del Senado se oponen ferozmente a los requisitos de trabajo, junto con otros componentes del proyecto de ley. Pero sirve como punto de partida para las negociaciones con el Gobierno de Biden sobre el techo de la deuda.
Los legisladores del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, incluidos algunos que crecieron en familias que dependían de la asistencia pública, argumentan que los requisitos de trabajo pueden sacar a la gente de la pobreza y poner fin a su dependencia del Gobierno.
Los críticos, sin embargo, ven los mandatos como un intento de reducir programas vitales de la red de seguridad sin tener en cuenta a los millones de personas que podrían terminar con serias dificultades para poner comida en la mesa y hacer frente a sus necesidades de atención médica.
¿Qué dice el plan?
Según el paquete, los adultos de 18 a 55 años sin hijos y sanos solo podrían recibir cupones de alimentos durante tres meses de cada tres años, a menos que trabajen al menos 20 horas a la semana o cumplan otros requisitos. En la actualidad, ese mandato se aplica a las personas de 18 a 49 años, aunque se suspendió durante la emergencia de salud pública por el covid-19, que expira el mes que viene.
La disposición pondría a unas 900.000 personas de entre 50 y 55 años en riesgo de perder su asistencia alimentaria a menos que trabajen suficientes horas y registren ese empleo con sus agencias estatales, reciban una exención o vivan en un área donde el mandato esté exento, según el Center on Budget and Policy Priorities, de tendencia izquierdista.
El paquete sobre el techo de la deuda no llega tan lejos como algunos republicanos desearían. Dusty Johnson, congresista por Dakota del Sur, presentó a principios de año un proyecto de ley que obligaría a trabajar a los beneficiarios de hasta 65 años y a los que tuvieran hijos mayores de 7 años. El centro descubrió que esa legislación habría puesto en peligro las prestaciones de los cupones de alimentos de más de 10 millones de personas, incluidos millones de niños.
El paquete del techo de la deuda también exigiría a ciertos beneficiarios adultos de Medicaid que trabajen, realicen servicio comunitario o participen en un programa de empleo durante al menos 80 horas al mes, o que obtengan unos ingresos mensuales mínimos. Se aplicaría a las personas de 19 a 55 años, pero no a las embarazadas, a los padres de niños dependientes, a los incapacitados física o mentalmente para el empleo o a los inscritos en programas de educación o de abuso de sustancias, entre otros.
Se trata en gran medida de adultos con bajos ingresos que pueden acogerse a la ampliación de Medicaid, una disposición de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).
Medicaid nunca ha tenido un requisito de trabajo, pero en el gobierno de Trump se otorgaron exenciones a varios estados para imponer tal mandato a ciertos inscritos. Los litigios detuvieron o frenaron la implementación del esfuerzo por parte de los estados, y la administración Biden posteriormente retiró los permisos, aunque un juez federal de distrito permitió que la iniciativa siguiera adelante en Georgia.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), esta disposición supondría que una media de 1,5 millones de adultos perderían la financiación federal de su cobertura de Medicaid. Sin embargo, los estados se harían cargo de la totalidad de los gastos de unos 900.000 de ellos, lo que dejaría a unos 600.000 sin seguro.
Además, el proyecto de ley sobre el techo de la deuda modificaría los requisitos laborales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), creado a partir de la reforma de la asistencia social de 1996.
Debate encarnizado
La inclusión de esta disposición en el proyecto de ley sobre el techo de la deuda ha reavivado el debate sobre si los requisitos laborales contribuyen realmente a mejorar la vida de los estadounidenses de bajos ingresos.
Los defensores de la asistencia pública, que la consideran una forma de apoyar el trabajo, y los detractores, que la consideran un elemento disuasorio, señalan cada uno datos que apoyan sus puntos de vista.
“Los incentivos importan. Y los incentivos de hoy están fuera de lugar”, dijo McCarthy en un discurso pronunciado la semana pasada en la Bolsa de Nueva York. “Es hora de que los estadounidenses vuelvan a trabajar”.
Los programas de asistencia se supone que son temporales, continuó, argumentando que el plan del Partido Republicano no dañará la red de seguridad social de la nación para aquellos que la necesitan durante periodos duros de sus vidas.
Hay casi 10 millones de puestos de trabajo vacantes en EE.UU., y los salarios de muchos empleos de nivel inicial han subido en los últimos años, dijo Tarren Bragdon, CEO de Foundation for Government Accountability, un grupo de reflexión conservador que aboga por los prerrequisitos de trabajo. Así que es un buen momento para implantar requisitos laborales. Y cuando la economía se deteriora, los estados pueden solicitar exenciones para suspender temporalmente los mandatos.
“Los requisitos de trabajo proporcionan el plazo y los incentivos que todos necesitamos”, dijo Bragdon. “La alternativa es que la gente quede atrapada en la pobreza a largo plazo”.
Señaló como ejemplo a Florida, que –en 2016– restauró el requisito de trabajo para ciertos adultos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, como se conocen formalmente los cupones de alimentos. Las inscripciones entre esta población cayeron un 94 % dos años después. Si bien el análisis de la fundación de los datos estatales muestra que los residentes tomaron puestos de trabajo en más de 1.000 industrias, no dice qué proporción de los inscritos despedidos encontraron trabajo ni cuánto tiempo les tomó conseguir empleo.
Existen cifras divergentes sobre el número de participantes en el programa de cupones de alimentos que tienen empleo, dependiendo de la fuente de datos y del periodo de tiempo examinado.
Alrededor del 75 % de los adultos sin hijos, no mayores y no discapacitados que recibían cupones de alimentos no trabajaban, según un análisis de la Fundación de los datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. anteriores a la pandemia.
Pero si miramos a más largo plazo, aproximadamente el mismo porcentaje de adultos sujetos al límite de tiempo trabajaron en el año anterior o posterior al mes en que recibieron los cupones de alimentos, según el Center on Budget and Policy Priorities. Lo más probable es que la mayoría participara en el programa durante periodos de desempleo.
Múltiples estudios han encontrado que el requisito de trabajo existente para los cupones de alimentos no ayuda a los beneficiarios a obtener un empleo o aumentar sus ingresos, dijo Ed Bolen, director del Centro de Estrategias Estatales del SNAP.
“Sabemos que el SNAP no ayuda a la gente a encontrar trabajo”, dijo.
El análisis de la CBO encontró que la ampliación del requisito de trabajo para los cupones de alimentos puede incitar a algunos beneficiarios a trabajar un poco más, pero que tendría poco impacto en los ingresos medios debido a que la pérdida de beneficios sería igual o superior a los ingresos adicionales.
En cuanto a los beneficiarios de Medicaid en edad laboral y sin discapacidades, alrededor del 61 % trabajaba en 2021, según la KFF, antes conocida como Kaiser Family Foundation. Pero muchos tienen empleos con salarios bajos, por lo que aún pueden acogerse al programa en los estados que ampliaron la cobertura de Medicaid, donde el límite de ingresos es de poco más de US$ 20.100, al año, para un individuo y US$ 34.300, para una familia de tres miembros.
Una breve experiencia con los requisitos de trabajo de Medicaid durante la administración Trump mostró que el mandato no resultó en ganancias de empleo para los beneficiarios. Solo Arkansas tuvo la disposición en vigor el tiempo suficiente para que los residentes se vieran afectados antes de que fuera detenida por los tribunales.
Durante esos siete meses, más de 18.000 habitantes de Arkansas de bajos ingresos perdieron la cobertura, o casi una cuarta parte de aquellos sujetos al mandato. Algunos de los que fueron dados de baja estaban trabajando, pero no eran conscientes de la obligación o no fueron capaces de reportar sus horas a la agencia estatal.
El paquete del Partido Republicano en la Cámara de Representantes pondría en peligro la cobertura sanitaria de unos 21 millones de personas, según un análisis publicado este martes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Aunque la gran mayoría de los beneficiarios de Medicaid en edad laboral trabajan o tienen derecho a una exención, muchos podrían quedar excluidos debido a los nuevos requisitos administrativos y de información.
Según la CBO, instituir un requisito de trabajo supondría un “aumento muy pequeño” del empleo, pero también aumentaría los gastos médicos de los beneficiarios. Sin embargo, reduciría los desembolsos federales en el programa de red de seguridad en US$ 135.000 millones, a lo largo de 10 años.
“Estos requisitos son esencialmente un recorte del gasto de Medicaid”, dijo Laura Harker, analista política sénior del equipo de salud del centro.