(CNN) – Una ley aprobada hace 150 años que prohibió el envío por correo de anticonceptivos, materiales obscenos y medicamentos que inducen el aborto podría abrir un camino para prohibir la interrupción del embarazo de manera efectiva en todo el país, incluso en los estados donde el procedimiento es legal.
Cuando la Corte Suprema revocó el fallo del caso Roe vs. Wade y eliminó las protecciones constitucionales que garantizaban el derecho al aborto en todo el país, la mayoría conservadora consideró que su decisión devolvía la cuestión de la formulación de políticas sobre el aborto a los funcionarios electos, específicamente en las legislaturas estatales.
Pero las líneas de batalla que ahora se trazan en torno a la ley federal de la era de la Reconstrucción, la Ley Comstock, son un ejemplo de cómo el panorama posterior a la anulación de Roe vs. Wade es mucho más complicado, ya que quienes se oponen al aborto están llevando los medios para abortar, como la mifepristona, ante los tribunales.
Los argumentos más generalizados de los activistas en contra del aborto sobre la Ley Comstock podrían, como mínimo, acabar con la disponibilidad del aborto con medicamentos, que representan la mayoría de los abortos en Estados Unidos en la actualidad, y podrían tener el efecto de eliminar también los abortos quirúrgicos al restringir el envío de los instrumentos y suministros médicos utilizados en el procedimiento.
“Comstock es realmente la forma clandestina de eliminar el acceso al aborto en todo el país”, dijo Greer Donley, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh especializada en leyes sobre el aborto.
En los tribunales se está empezando a librar una lucha por el alcance de la ley y la forma en que se puede implementar. También ha estado en el radar de los funcionarios estatales y locales. Sin embargo, el objetivo final es que un gobierno federal dirigido por el Partido Republicano esté dispuesto y facultado para hacer cumplir la ley de una manera que imposibilite el funcionamiento de los proveedores de servicios de aborto.
Si las actuales batallas legales por poder sobre el significado de la ley se desarrollan de la manera que esperan quienes se oponen al aborto, la aplicación de la ley podría ser un tema central en la carrera por la Casa Blanca y en las campañas al Congreso de 2024, dado el poder de los legisladores federales para derogarla.
“Ahora que Roe no existe”
La Ley Comstock, aprobada por primera vez en 1873, lleva el nombre de Anthony Comstock, que era un agente especial del Servicio Postal de Estados Unidos y un activista contra los vicios.
Los críticos de la ley afirman que es discriminatoria contra las mujeres y señalan que, en el momento de su aprobación, las mujeres no podían votar y que la Corte Suprema aún no había interpretado la Cláusula Constitucional de Igualdad de Protección para prohibir la discriminación por género.
La ley prohíbe enviar por correo artículos o cosas “diseñados, adaptados o destinados a producir abortos, o a cualquier uso indecente o inmoral” y, en una sección separada, describe su prohibición como “cualquier droga, medicamento, artículo o cosa diseñada, adaptada o destinada a producir un aborto”.
Los procesamientos en virtud de la ley se aceptaron en las primeras décadas después de su aprobación, pero en la década de 1930, los tribunales comenzaron a reducir algunas de sus disposiciones y la aplicación de la ley cesó.
Mientras tanto, el Congreso modificó la ley en la década de 1970 para eliminar la prohibición de enviar anticonceptivos por correo.
Sin embargo, los activistas antiaborto sostienen que la parte de la ley que tiene que ver con los fármacos que inducen el aborto sigue siendo una buena ley, incluso si no había ganas de hacerla cumplir cuando aún figuraba en los libros el precedente de la Corte Suprema de 1973 Roe vs. Wade, que protegía el derecho al aborto en todo el país. Ese precedente fue anulado por la mayoría conservadora del tribunal superior en junio pasado.
“Ahora que Roe no existe, la ley vuelve a cobrar vida”, dijo Roger Severino, vicepresidente de política interna del centro de estudios conservador Heritage Foundation, quien también se desempeñó como uno de los principales abogados de derechos civiles en el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Trump.
Severino sostuvo que, al menos en lo que respecta a las prohibiciones de la Ley Comstock de enviar píldoras abortivas por correo, el Congreso está dentro de sus facultades para regular esos envíos.
Si bien los principales abogados antiaborto se centran en la forma en que la ley se aplica al envío de medicamentos abortivos por correo, las interpretaciones maximalistas que presentan algunos contrarios al aborto significarían que las herramientas e instrumentos médicos que facilitan los abortos quirúrgicos que se envían por correo a clínicas y otros centros quedarían atrapados bajo el alcance de la Ley Comstock.
“Si Comstock revive, tiene el poder de prohibir el aborto en todo el país… No se trata solo de pastillas”, dijo Donley. “Cualquier proveedor de servicios de aborto del país utilizará el correo para obtener lo que necesita para practicar el aborto”.
“La Corte Suprema tendrá que abordar este tema”
La Ley Comstock ya ha desempeñado un papel secundario en la demanda en curso y de alto riesgo por la regulación de las píldoras abortivas por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), que llegó a la Corte Suprema una vez y es probable que vuelva a recaer en los jueces.
La Corte Suprema congeló las órdenes de los tribunales inferiores que habrían restringido el acceso a un medicamento para abortar, pero los litigios sobre su uso continuarán, lo que aumenta la posibilidad de que la Ley Comstock desempeñe un papel más central en ese caso. Dependiendo de cómo se desarrolle la batalla legal, podría facultar al Departamento de Justicia, en una posible futura administración republicana, a iniciar procesos en virtud de la ley, lo que podría complicar, o incluso poner fin, al acceso al aborto.
Mientras tanto, el movimiento antiaborto parece estar buscando formas de generar disputas sobre si la ley es aplicable y hasta dónde puede llegar.
“La Corte Suprema tendrá que abordar esta cuestión más pronto que tarde”, dijo Mark Lee Dickson, un activista antiaborto que ha participado en los esfuerzos locales para sacar partido de la legislación estadounidense. Él considera que la Ley Comstock es una “prohibición federal de facto del aborto”.
Ambas partes del debate sobre el aborto reconocen que la prueba más clara de lo que significa la Ley Comstock probablemente no surgiría hasta que un republicano ocupe la Casa Blanca e implemente un liderazgo del Departamento de Justicia que esté dispuesto a hacer cumplir la ley.
La administración de Biden ha adoptado una postura legal que tiene una visión restringida de la aplicabilidad de la ley, argumentando que no prohíbe el envío por correo de medicamentos abortivos si no están destinados a un uso ilegal.
Si la Corte Suprema aprueba la interpretación amplia de la ley presentada por los activistas antiabortistas, aumentaría “significativamente” las apuestas para las elecciones de 2024, dijo Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis y autora de “Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present”.
“Básicamente, en la papeleta electoral figuraría la cuestión de la aplicación de Comstock y también de la posible derogación de Comstock”, dijo Ziegler.
“¿Creo que, bajo la presidencia de Trump, van a confiscar los guantes quirúrgicos porque podrían adaptarse para su uso en el aborto? No, no creo que eso vaya a suceder”, agregó Ziegler. “Pero el lenguaje es tan amplio que realmente sería una licencia para perseguir muchas cosas más allá de las píldoras abortivas”.
La administración de Biden, en una opinión consultiva interna publicada por la Oficina del Asesor Legal (OLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, sostiene que la ley no se aplica al envío por correo de píldoras abortivas si no se envían con la intención de usarlas ilegalmente. La opinión señalaba cómo los tribunales del siglo XX la habían interpretado de manera restringida en el sentido de que excluía los medicamentos enviados por correo con intención legítima.
(Las opiniones de la OLC dictan la forma en que las agencias del poder ejecutivo abordan las cuestiones legales, pero no tienen ningún efecto vinculante en los tribunales de justicia).
El dictamen se publicó justo antes de que la FDA diera a conocer las nuevas normas sobre las píldoras abortivas que permiten a las farmacias dispensar el medicamento.
La Ley Comstock se ha invocado para impugnar la aprobación por parte de la FDA en 2000 del medicamento abortivo mifepristona, y los demandantes —médicos antiabortistas y organizaciones médicas— sostienen que la FDA infringió la ley al no tener en cuenta sus prohibiciones penales al aprobar el medicamento.
También hay dudas sobre si la ley se aplica no solo al aborto con medicamentos, sino también a las herramientas utilizadas para los abortos quirúrgicos. Un abogado que representa a los médicos que se oponen al aborto en el caso actual de la FDA dijo a CNN que no se centran en esa cuestión mientras sus afirmaciones sobre el envío de píldoras abortivas por correo se desarrollen en los tribunales.
Casos que tocan la ley
La impugnación de la aprobación por parte de la FDA en 2000 del medicamento utilizado para el aborto con medicamentos no es el único caso en el que se pide a los tribunales que expongan el alcance de la Ley Comstock.
Varias ciudades, algunas de Nuevo México y otros lugares, han aprobado ordenanzas locales que citan la Ley Comstock y prohíben a las empresas de esas jurisdicciones enviar o recibir por correo artículos utilizados para abortar, tal como lo establece la Ley Comstock. Dickson, quien es director de Right to Life of East Texas y ha abogado por la aprobación de las ordenanzas, dijo que parte del enfoque en los lugares donde se aprueban las ordenanzas son las ciudades de las regiones fronterizas de los estados demócratas, donde las organizaciones de clínicas de aborto podrían estar buscando nuevos centros donde operar.
Las demandas en los tribunales estatales de Nuevo México que han suscitado esas ordenanzas pueden brindar otra oportunidad para que los tribunales expliquen con más detalle lo que significa la Ley Comstock. La Corte Suprema del estado está dominada por jueces demócratas. Sin embargo, lograr que varios tribunales interpreten la ley y generen un desacuerdo judicial sobre su significado parece ser parte de la estrategia del movimiento antiaborto para alentar a la Corte Suprema de Estados Unidos a intervenir.
Un caso es una impugnación de algunas de las ordenanzas que el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó ante la Corte Suprema del estado a principios de este año. Sus escritos sostienen que la Ley Comstock es irrelevante para las cuestiones planteadas ante el tribunal superior de Nuevo México, y afirma que las ordenanzas infringen la ley estatal y la constitución del estado.
Sin embargo, la ciudad de Eunice, un pueblo de Nuevo México cerca de la frontera con Texas que aprobó su propia ordenanza que no estaba incluida en la demanda de Torrez, presentó un segundo caso. Eunice solicita una sentencia judicial que interprete la Ley Comstock en el sentido de que prohíbe “todo envío y recepción de píldoras abortivas y parafernalia relacionada con el aborto en Estados Unidos, independientemente de si el remitente” pretende que los artículos se usen ilegalmente. La ciudad sostiene que se debe permitir que la ordenanza siga en vigor porque la ley federal de 1873 prevalece sobre la ley de Nuevo México y la constitución del estado.
En Texas, la Ley Comstock se planteó en una demanda por homicidio culposo que un hombre presentó contra amigos de su exesposa que supuestamente la ayudaron a adquirir medicamentos abortivos para interrumpir un embarazo. La demanda afirma que el fabricante de las píldoras tiene responsabilidad penal en virtud de la ley, al tiempo que alega que la responsabilidad penal se extiende a las dos personas acusadas de ayudar a la exesposa a adquirir las píldoras.
Jonathan Mitchell, el artífice de la innovadora prohibición del aborto por seis semanas impuesta por la ley civil en Texas, participa tanto en el caso de homicidio culposo en Texas como en la demanda interpuesta por Eunice.
Mientras tanto, una coalición de fiscales generales estatales republicanos invocó la Ley Comstock en una carta dirigida en febrero a las cadenas de farmacias, advirtiendo a las empresas que podrían utilizarse litigios privados para hacer cumplir la ley en su contra si las farmacias buscan dispensar píldoras abortivas en sus estados.
“Realmente creo que la industria del aborto va a chocar con Comstock, de una forma u otra”, dijo Dickson. “Se van a dar cuenta de que estas leyes federales se les están imponiendo de una forma u otra”.
El papel de la Ley Comstock en el caso contra la píldora abortiva
Al tiempo que esos casos se van propagando, el caso contra la FDA por la aprobación de la mifepristona seguirá adelante y es casi seguro que volverá a presentarse ante la Corte Suprema. Sin embargo, la demanda no es el vehículo perfecto para resolver las cuestiones sobre el poder procesal de la Ley Comstock, ya que la FDA no desempeña ningún papel en la aplicación de la ley.
En cambio, los demandantes utilizan la Ley Comstock para argumentar que la FDA nunca debería haber aprobado el medicamento, que ha estado en el mercado durante casi 23 años, en primer lugar.
“La FDA hizo todo lo posible por aprobar el medicamento”, dijo Erik Baptist, abogado de los demandantes, a CNN al señalar el plan de distribución presentado a la FDA en ese momento que mostraba cómo se enviarían los medicamentos. “De hecho, requiere algo del fabricante del medicamento que es explícitamente ilegal”.
Al menos en los sectores más conservadores del poder judicial, donde se desarrollaron las dos primeras rondas del litigio sobre la aprobación de la píldora abortiva por la FDA, el movimiento antiaborto ha cobrado cierto impulso con sus afirmaciones sobre la amplitud de la Ley Comstock.
El juez de distrito estadounidense Matthew Kacsmaryk, que emitió una sentencia ahora congelada que habría interrumpido la aprobación del medicamento, estuvo de acuerdo con las afirmaciones de los demandantes sobre la Ley Comstock y calificó de “poco convincente” la lectura más restringida de la ley promovida por el Departamento de Justicia.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos —cuando suspendió algunos aspectos de la sentencia de Kacsmaryk, pero dejó intactas partes de la orden que bloqueaban la política de la FDA que permitía enviar los medicamentos por correo a los pacientes— sugirió que se inclinaba por ver la ley de la misma manera, aun cuando no llegó a adoptar plenamente la afirmación de Kacsmaryk de que enviar los medicamentos por correo violaba la ley de 1873.
La Corte Suprema, en la orden de emergencia que emitió la semana pasada, no dijo nada sobre la Ley Comstock. Sin embargo, los expertos legales anticipan que los enemigos del aborto seguirán promocionando la ley en este y otros casos.
“Harán todo lo posible para tratar de llevar la cuestión de la Ley Comstock ante la Corte Suprema”, dijo David Cohen, profesor de la Facultad de Derecho de Drexel Kline y coautor del libro “Obstacle Course: The Everyday Struggle to Get an Abortion in America”.