(CNN) – Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, decretó la “muerte cruzada”, una cláusula constitucional con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Eso quiere decir que el presidente Lasso puede gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 90 días.
“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo No. 741. Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, dijo Lasso en su anuncio.
La “muerte cruzada”, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial. En abril —antes de que procediera al camino al juicio político— Lasso le había dicho a CNN que no quería decretar dicha medida para no perder la estabilidad del país.
Como primera medida, Lasso dijo que firmó un primer decreto de ley de urgencia económica “para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de US$ 200 millones regresen a sus hogares. Este decreto-ley, será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen”.
La medida de “muerte cruzada” se da un día después de que comenzara en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado, en el marco de la investigación denominada “Caso Encuentro”, por la supuesta existencia de una trama de corrupción dentro de al menos cuatro empresas públicas., señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario.
Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.
El primer mandatario ha insistido en que es inocente y que quienes buscan destituirlo quieren desestabilizar al país y atentar contra la democracia. Lasso niega la existencia de una estructura de corrupción en su Gobierno y dice que hay instituciones del Estado “preocupadas por tumbar al Gobierno”.
“Todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un caso de corrupción”, dijo Lasso en su anuncio de este miércoles 17 de mayo.
“Se trata de un contrato de 2018, tres años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo. Es el mecanismo para destruir al presidente”, aseguró.
Con información de Ana María Cañizares