(CNN Español) – La XIV legislatura de España, iniciada en diciembre de 2019 y a escasos días de cumplir su ciclo, pasará a la historia como una de las más turbulentas de los últimos años. Al menos así lo ha destacado en múltiples ocasiones el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha puesto de relieve las complejidades de gobernar en un período en el que coincidieron la pandemia de covid-19, la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma y la guerra de Rusia en Ucrania.
Bajo estas circunstancias, los miembros de las Cortes Generales sacaron adelante 214 leyes y tres presupuestos generales del Estado, tal y cómo recordó Sánchez a los diputados y senadores del Partido Socialista Obrero Español a finales de mayo.
Ahora bien, de entre todas las medidas adoptadas por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos ¿cuáles son las más destacadas del primer Gobierno de coalición de la democracia española? A continuación, resumimos cinco de ellas.
En materia de prestaciones sociales y cumpliendo con el objetivo que figuraba en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, se encuentra la aprobación del ingreso mínimo vital. Se trata de una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social para aquellas personas que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas y que pueden solicitar los mayores de 23 años que acrediten una situación de vulnerabilidad económica. Las ayudas parten del equivalente a unos US$ 634 y se incrementan según las personas que conformen cada unidad de convivencia que las solicitan. Hasta junio, más de 1,8 millones de personas se han beneficiado de esta medida, según datos de la Seguridad Social.
Uno de los acuerdos que más ha presumido este Ejecutivo de izquierda de forma recurrente es el de los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha aumentado un 20% en cuatro años. En enero de 2020, pocos días después de la formación del gobierno de coalición, el Consejo de Ministros anunció el aumento del SMI a unos US$ 1.066 por mes, alrededor de US$ 56 más respecto del tope vigente en 2019. Un incremento que alcanzó los US$ 1.083 en 2021, US$ 1.122 en 2022 y US$ 1.212 en 2023.
Desde el 25 de junio de 2021, España se convirtió, no sin polémica, en el cuarto país de la Unión Europea que tiene en vigor una ley que regula la eutanasia. Esta medida permite a aquellos mayores de edad nacionales o residentes en España y que acrediten una enfermedad grave, crónica e incurable que les cause un gran sufrimiento poder acceder a la ayuda para morir. Esta prestación es financiada públicamente, aunque se ofrece tanto en centros públicos como privados o, incluso, en el domicilio. 319 personas han terminado su vida con este procedimiento entre 2021 y 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
La reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como la “Ley del aborto”, fue una de las medidas más relevantes que se impulsaron desde el Ministerio de Igualdad. Con su entrada en vigor en marzo de este año, la ley permite a las mujeres de 16 y 17 años y personas con discapacidad interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales y que esta prestación se garantice tanto en centros públicos como privados. Además, también regula por primera vez en Europa que las mujeres que tengan reglas dolorosas e incapacitantes puedan recibir una incapacidad temporal pagada por el Estado.
Otra de las normas impulsadas por el Ministerio de igualdad y de profundo calado social es la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, popularmente conocida como “Ley trans”. Esta entró en vigor en marzo de este año con el objetivo de ofrecer una mayor protección y erradicar la discriminación contra el colectivo LGTBI. Entre sus puntos más destacados, esta ley permite que los menores de edad trans puedan cambiar su mención registral del sexo en los documentos identificativos. Concretamente, que los mayores de 16 años puedan hacerlo de forma autónoma, a partir de los catorce años con la asistencia de los progenitores y desde los doce años con un aval judicial. Además, también se elimina el requisito por el que hasta ahora se solicitaba a las personas trans un informe médico sobre su inconformidad de género y dos años de tratamiento hormonal para hacer efectivo su cambio de sexo en el Registro Civil.