Johannesburgo, Sudáfrica (CNN) – Para muchos observadores, la postura de Sudáfrica ante la guerra de Rusia en Ucrania es desconcertante.
Aunque el país se declara “no alineado”, los diplomáticos y expertos políticos occidentales señalan una serie de acciones que, según ellos, demuestran lo contrario.
La lista es larga: la abstención de Sudáfrica en las votaciones de condena a Rusia en Naciones Unidas; la organización de juegos de guerra con la Armada rusa; la crítica reiterada y pública a Estados Unidos e, incluso, la supuesta carga de armas y municiones en un carguero ruso sancionado.
Esta semana, mientras muchos líderes africanos se mantienen alejados, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, asistirá a una cumbre Rusia-África en San Petersburgo junto con ministros clave.
El Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder en Sudáfrica, tiene lazos históricos con la antigua Unión Soviética, pero ese legado ideológico no suele llegar muy lejos.
Normalmente, el dinero habla. Y la relación comercial y de ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea con Sudáfrica supera con creces la contribución relativamente exigua de la Federación Rusa.
Entonces, ¿por qué Sudáfrica está poniendo en peligro este importante vínculo? Investigadores sin fines de lucro del Centro AmaBhungane de Periodismo de Investigación y activistas contra la corrupción buscan respuestas en un lugar insólito: el desierto de Kalahari.
Una relación lucrativa
A muchos kilómetros de casi ninguna parte, un gigantesco muro de tierra se eleva sobre la maleza. Es el borde de una extensa mina de manganeso, un metal crucial para fabricar hierro y acero.
Las minas de United Manganese of Kalahari (UMK) son muy lucrativas y la empresa tiene estrechos vínculos financieros con el sancionado oligarca ruso Viktor Vekselberg, aliado clave del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Otro actor importante en las minas es el holding Chancellor House (CHH), vinculado al ANC. Durante años, Chancellor House ocultó su relación con el partido, pero tras una amplia investigación del periódico Mail & Guardian y otros medios de comunicación sudafricanos, el holding confirmó sus vínculos en 2021, cuando los partidos políticos tuvieron que empezar a hacer públicas las cuantiosas donaciones que recibían.
Su director general, Mogopodi Mokoena, declaró a CNN en un comunicado que Chancellor House no es una tapadera de financiación del CNA, sino que se creó para “ayudar a personas o entidades sudafricanas históricamente desfavorecidas”.
Mokoena es también presidente del consejo de administración del grupo minero UMK.
En los últimos años, el partido gobernante se ha visto avergonzado por sus problemas financieros, a veces hasta con dificultades para pagar al personal en su emblemática sede del centro de Johannesburgo.
Según los registros públicos, es el mayor donante del partido en los últimos años. Si se suman las contribuciones de Chancellor House, las donaciones alcanzan al menos US$ 2,9 millones desde 2021.
En una declaración proporcionada a CNN, UMK dijo que sus donaciones eran todas legales.
“Al igual que muchas democracias internacionales, incluido Estados Unidos, el marco legal sudafricano permite a individuos y organizaciones privadas hacer donaciones transparentes a partidos políticos. Las donaciones de UMK cumplen en todos los aspectos con la legislación nacional”, decía el comunicado.
“Un juego peligroso”
Pero en un país donde la línea que separa al ANC del gobierno es, en el mejor de los casos, difusa, a muchos les preocupa que la política exterior de Sudáfrica hacia Rusia pueda verse afectada por esta conexión.
“Creo que existe una preocupación creciente de la que somos más conscientes que nunca: que pueda haber dinero extranjero de origen ruso que llegue a Sudáfrica, y que fluya hacia diferentes arcas políticas —dijo Karam Singh, director ejecutivo de Corruption Watch, un influyente grupo anticorrupción sin fines de lucro—. Creo que eso podría influir absolutamente en la postura que adopte Sudáfrica ante determinadas políticas”.
El ANC no accedió a conceder una entrevista a CNN a pesar de los múltiples intentos realizados a lo largo de varias semanas ni proporcionó una declaración en respuesta a las acusaciones concretas que se le formularon.
Las donaciones y los vínculos entre la Cancillería, el ANC, Vekselberg y UMK han inquietado a los líderes de la oposición y a los observadores de Rusia.
“Creo que Sudáfrica está jugando a un juego peligroso y, de hecho, a veces los políticos anteponen el partido político, el ANC, a las necesidades de los ciudadanos, porque no tiene sentido asociarse tan estrechamente con Rusia cuando hay tanto en juego y tanto en riesgo”, declaró Steven Gruzd, analista de Rusia y África en el Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales.
Según Gruzd, durante mucho tiempo Estados Unidos ha tratado a Sudáfrica con guantes de seda, consciente de no poner en peligro una relación importante.
No ha sido así en los últimos meses. En mayo, el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Reuben Brigety II, criticó públicamente al gobierno y al ANC por su postura ante Rusia.
En una reunión informativa con los medios de comunicación locales, acusó al gobierno sudafricano de haber enviado armas a Rusia el pasado diciembre en un carguero ruso sancionado.
Las autoridades lo han negado, pero la acusación es ahora objeto de una investigación reservada del gobierno sudafricano.
Pero Brigety también discrepó con la persistente crítica del CNA a Estados Unidos y su actitud hacia la invasión rusa a Ucrania.
“Se trata de una cuestión de orientación política del partido gobernante de un país y de lo que significa como partido responsable del despliegue de altos funcionarios en el gobierno de Sudáfrica”, dijo.
Mokoena, director general de Chancellor House, declaró a CNN que la empresa no tiene nada que decir en la política del ANC y que las políticas de este partido sólo le competen al partido mismo. También negó que hubiera conflicto de intereses y añadió que las donaciones de la empresa al ANC eran transparentes y sin condiciones.
Mientras tanto, la presencia de Ramaphosa y otros líderes africanos en la cumbre de San Petersburgo esta semana subraya la importancia de Rusia para el continente y el fracaso de las potencias occidentales a la hora de aislar a Putin.
El gobierno sudafricano sostiene que su política de “no alineamiento” es solo eso, y que es lo mejor para el país y para las perspectivas a largo plazo de las negociaciones entre Rusia y Ucrania.
Le molestan las críticas de las potencias occidentales, pero el reciente anuncio de que Putin no asistirá en persona a una importante cumbre de las naciones BRICS, que se celebrará en Johannesburgo el mes que viene, parece haber dado al país una vía de escape.
Si el presidente de Rusia hubiera decidido acudir, habría puesto a prueba el compromiso de Sudáfrica con la Corte Penal Internacional (CPI), dado que ésta tiene una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra.
Vínculos de larga data
Los vínculos entre Sudáfrica y Vekselberg no son nuevos. Imágenes de archivo muestran que ya en 2006 estuvo presente en un foro empresarial en Ciudad del Cabo, firmando documentos de acuerdos, con Putin mirándole por encima del hombro.
El oligarca dirige el Grupo Renova, una entidad de gran envergadura con intereses en una amplia gama de proyectos de infraestructura y minería.
El Tesoro estadounidense sancionó a Vekselberg en 2018 y de nuevo en 2022, por apoyar la invasión rusa a Ucrania.
Después de que comenzara la invasión a gran escala, las autoridades españolas y el FBI incautaron su yate Tango, de US$ 90 millones, en la isla española de Mallorca.
Sin embargo, a pesar de las sanciones occidentales, Vekselberg sigue teniendo una participación significativa en UMK, según los registros comerciales conservados en Chipre.
CNN preguntó al Grupo Renova sobre la implicación de Vekselberg y su posible influencia en la política sudafricana. “La suposición de cualquier influencia de Renova es infundada. No existe absolutamente ninguna influencia en el ANC ni conflicto de intereses alguno”, respondió un portavoz de Renova en un comunicado, añadiendo que es accionista minoritario indirecto de UMK.
Las empresas no estadounidenses a menudo pueden evitar las sanciones reduciendo la participación de una persona sancionada en una empresa a menos del 50% y trasladando sus activos a una estructura fiduciaria.
Vekselberg y UMK parecen haber hecho ambas cosas, reduciendo probablemente las posibles repercusiones del gobierno estadounidense.
“Los inversores de toda la vida tienen pleno derecho a sus intereses comerciales en una empresa privada —declaró UMK a CNN—. El señor Vekselberg no es accionista directo de UMK y no ejerce ningún control de gestión o accionarial sobre UMK”.
Las afirmaciones pueden no ser suficientes para calmar las preocupaciones de los escépticos sudafricanos, o de los tenaces medios locales de comunicación, sobre las posibles consecuencias de la política del país hacia Rusia.
“Pone en riesgo la inversión, pone en riesgo el comercio, pone en riesgo el empleo, pone en riesgo el crecimiento económico, pone en riesgo la moneda, pone en riesgo el aislamiento de Occidente. Creo que hay mucho en juego”, concluyó Gruzd.