(CNN) – El mes pasado, mientras la administración Biden se apresuraba a gestionar la última ola de migrantes que desbordaba la frontera sur de Estados Unidos, las principales autoridades de inmigración de Estados Unidos cruzaron a México para una reunión de emergencia.
Sentados alrededor de una sala de conferencias de Ciudad Juárez, los funcionarios y sus homólogos mexicanos redactaron un plan de 15 puntos para ayudar a desactivar el punto crítico, en su mayor parte una lista de verificación de acciones para el Gobierno mexicano. En particular, según un comunicado de la agencia federal de inmigración de México, México acordó llevar a cabo deportaciones más costosas de los migrantes que se reúnen en su lado de la frontera, una medida que algunos creían disuadiría los cruces desordenados.
Las medidas, que también especifican los esfuerzos mexicanos para reprimir la aglomeración de migrantes que viajan hacia el norte en vagones, son los últimos de una serie de cambios de política en México que han aliviado, aunque sea ligeramente, el enorme dolor de cabeza político en Washington causado perennemente por migración. Los analistas de ambos países ven un trato pragmático: a medida que México carga cada vez más con el peso de la estrategia de inmigración de Estados Unidos, la administración Biden ha otorgado un inusual margen de maniobra al divisivo pero popular líder del país.
“México tiene una influencia real en la relación con Estados Unidos. Y en este momento esa influencia gira en torno a la migración”, dijo Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista.
Al compartir casi 3.200 kilómetros de frontera terrestre y una historia de importante intercambio económico, México y Estados Unidos han mantenido durante mucho tiempo políticas de inmigración entrelazadas que se adaptaron a medida que cambiaron los patrones de migración internacional. Cuando George W. Bush hizo su primer viaje fuera de Estados Unidos como presidente en 2001, fue al rancho del entonces presidente de México Vicente Fox para discutir una nueva era de cooperación en temas fronterizos, como el comercio, las drogas y el flujo constante de mexicanos hacia el norte, que en ese momento constituían la mayor parte de los que cruzaban la frontera indocumentados.
Pero a medida que la espiral de violencia y las desesperadas condiciones económicas alimentaron años de migración masiva desde Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos, dominando el sistema de admisión legal del país, la franja de territorio mexicano intermedia se convirtió en un “estado tapón” crítico, dijo Maureen Meyer de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
“La frontera sur de México era prácticamente la frontera sur de Estados Unidos”, dijo Meyer.
Bajo presión de varias administraciones estadounidenses, México ha enviado repetidamente recursos a su frontera con Guatemala durante los últimos 10 años para formalizar rutas migratorias y ha detenido a un número récord de migrantes en puestos de control recién instalados mientras se dirigían hacia el norte.
Al frente de la última coordinación migratoria de México con Estados Unidos ha estado el presidente Andrés Manuel López Obrador, un líder de izquierda que en 2018 hizo campaña sobre la resistencia a hacer el “trabajo sucio” de Estados Unidos en materia de migración. Su cálculo político ha cambiado rápidamente desde entonces.
Cruzando “otra línea” en la aplicación de la ley de inmigración
Bajo la amenaza de aranceles devastadores por parte del entonces presidente Donald Trump, AMLO acordó en 2019 permitir que los solicitantes de asilo esperaran sus solicitudes dentro de México bajo la política “Permanecer en México”, lo que generó agitación entre activistas que dijeron que obligaba a los migrantes a vivir en condiciones de vida peligrosas.
Durante la pandemia de covid-19, cuando Estados Unidos empleó una medida de salud pública conocida como Título 42 para devolver a muchos solicitantes de asilo en la frontera, López Obrador acordó recibir a muchos de los migrantes, revirtiendo una posición de larga data en el país y tensando la situación y recursos de las propias ciudades fronterizas de México. En mayo, cuando Estados Unidos puso fin al uso del Título 42, López Obrador continuó permitiendo los retornos por “motivos humanitarios”.
“Creo que estas medidas más recientes realmente cruzan otra línea porque no se trata simplemente de impedir que la gente venga a Estados Unidos, que ha sido el papel más importante para hacer cumplir la ley”, dijo Meyer.
“En realidad, está permitiendo que las personas deportadas de Estados Unidos se queden en México o, en este caso ahora, tal vez regresen activamente a sus países de origen por Estados Unidos”, dijo.
Los detalles sobre el plan de deportación anunciado el mes pasado han sido limitados. En una conferencia de prensa desde Washington el pasado viernes, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo que las autoridades mexicanas estaban realizando seis vuelos cada semana para devolver a los migrantes a Guatemala, Honduras y El Salvador. Bárcena agregó que los funcionarios estaban “explorando” la posibilidad de ampliar los retornos a Ecuador, Venezuela y Colombia.
No estaba claro dónde se realizaban los vuelos de deportación y cuándo habían comenzado. Tampoco se pudo saber si los migrantes retornados ya habían sido deportados de Estados Unidos o si tenían solicitudes de asilo pendientes. Las partes interesadas en México dijeron a CNN la semana pasada que no parecía haber ningún cambio significativo en el ritmo de los vuelos de repatriación en el norte del país.
Una portavoz de la agencia federal de inmigración de México se negó a proporcionar más detalles sobre las deportaciones.
Pero es posible que el anuncio ya haya tenido el efecto de disuadir a los migrantes de cruzar a Estados Unidos sin la cita requerida para solicitar asilo. En el fin de semana que siguió a la reunión, el número de migrantes encontrados por las autoridades fronterizas que ingresaban a Estados Unidos cerca de El Paso, Texas, cayó aproximadamente un 30%, informó CNN.
El miércoles pasado, López Obrador también anunció que tenía previsto celebrar en los próximos días una cumbre con funcionarios de varios países de América Latina y el Caribe “cuyas poblaciones están migrando”. México también acordó el mes pasado instar a países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tienen relaciones diplomáticas limitadas con Estados Unidos, a aceptar a sus ciudadanos deportados en la frontera.
“Lo que buscamos es llegar a un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio abordando las causas”, dijo López Obrador en conferencia de prensa. “Tenemos que alinearnos”.
Un repunte en la diplomacia itinerante
La reciente cooperación entre los dos países ha venido acompañada de una apretada agenda de diplomacia itinerante. La semana pasada, Bárcena sostuvo reuniones en Washington con líderes del Senado y Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad nacional de Biden. Se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaje a México esta semana junto con otros secretarios del gabinete y se reúna con López Obrador.
Para los negociadores mexicanos, las mayores responsabilidades del país a menudo han estado condicionadas al compromiso de Estados Unidos de ampliar las formas en que los migrantes pueden ingresar al país legalmente, como a través de visas de trabajo temporales y un programa de permiso humanitario recientemente ampliado que, según la administración Biden, permitió a decenas de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cumplen ciertas condiciones, incluido un patrocinador local en EE.UU., volar al país y obtener una autorización de trabajo.
El mes pasado, antes del anuncio sobre las deportaciones mexicanas, la ministra de Relaciones Exteriores de México le dijo a Bloomberg en una entrevista que Estados Unidos y México estaban cerca de llegar a un acuerdo con las Naciones Unidas para realizar una evaluación previa de decenas de miles de inmigrantes en México para su entrada a Estados Unidos bajo los programas de libertad condicional. Estados Unidos ha abierto centros de procesamiento similares en Colombia, Costa Rica y Guatemala.
Un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo a CNN que la organización está “regularmente en contacto con las autoridades estadounidenses y mexicanas, incluso sobre cómo podemos brindar apoyo a posibles iniciativas futuras”.
“Políticamente para el Gobierno mexicano, no pueden hacer una mayor aplicación de la ley sin demostrar que también están luchando por el bienestar de los migrantes y por oportunidades legales, porque es un país con una historia de migración a Estados Unidos”, dijo Selee.
¿Mano libre para López Obrador?
Aún así, algunos analistas ven un incentivo más cínico detrás de la cooperación, argumentando que la administración Biden en gran medida ha hecho la vista gorda ante elementos de la agenda de López Obrador que normalmente habrían sido reprendidos.
“López Obrador comprendió muy rápidamente que si cedía a la solicitud de apoyo de Biden tendría un capital político significativo para garantizar que se limitara la presión de Estados Unidos sobre una serie de cuestiones bilaterales o de política interna mexicana”, dijo Arturo Sarukhán, exembajador de México en Washington, que ha sido crítico de la actual administración.
Los detractores señalan un retroceso democrático en varias posiciones de López Obrador: un intento de reforma de la autoridad electoral independiente del país, críticas frecuentes al poder judicial y la prensa, y la capitulación de los poderes estatales en materia de vigilancia y transporte de militares.
La reforma electoral, que fue aprobada a principios de este año pero luego bloqueada por la Corte Suprema de México, disminuyó la autoridad electoral independiente del país, recortando su fuerza laboral en todo el país y limitando su autonomía antes de una votación presidencial el próximo año.
Decenas de miles de mexicanos marcharon hacia la capital contra la política en la protesta de oposición más grande de la presidencia de López Obrador. Los críticos lo denunciaron como una peligrosa erosión de las instituciones democráticas.
Pero en Washington, la administración Biden estuvo inusualmente silenciosa. En una declaración posterior a las protestas de febrero, Ned Price, asesor principal de Blinken, describió “un gran debate sobre las reformas electorales y la independencia de las instituciones electorales y judiciales que ilustra la vibrante democracia de México”.
“Respetamos la soberanía de México. Creemos que un sistema electoral independiente y con buenos recursos y el respeto por la independencia judicial respaldan una democracia saludable”, dijo Price.
Si México tuviera menos influencia en su relación con Estados Unidos, “creo que se vería una mayor presión pública por parte del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, en la pendiente resbaladiza de la erosión democrática que estamos viendo en México”, dijo Sarukhan.
“Creo que Estados Unidos debería invertir en la fortaleza democrática de México porque, si no, lo que tendremos tarde o temprano en Washington será que alguien pregunte: ‘¿Quién perdió a México y por qué?’”, añadió.