(CNN Español) – Este jueves, Pedro Sánchez logró el apoyo necesario para su investidura como presidente del Gobierno de España. Los votos clave los obtuvo de los partidos catalanes separatistas, con quienes había negociado una ley de amnistía.
El principal reto de Sánchez era cerrar un acuerdo con las formaciones independentistas catalanas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, para lograr el voto a favor de sus 14 diputados en el Congreso.
Ese apoyo o ofrecieron a cambio de una ley de amnistía para los políticos encausados o juzgados por promover la independencia de Cataluña en años anteriores, así como el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña.
¿Qué es una amnistía?
La amnistía, tal y como recoge la Real Academia Española (RAE), es el perdón que los poderes públicos conceden a la comisión de un delito y a la posible pena aparejada.
“La amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción”, aclara el Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE.
Precedentes
En octubre de 1977, las Cortes resultantes de las primeras elecciones generales celebradas tras la dictadura de Francisco Franco aprobaron una Ley de Amnistía que benefició a los presos y condenados por delitos de intencionalidad política cometidos previo a la promulgación de esta ley.
Ocurrió en plena legislatura constituyente, donde el principal objetivo del Congreso de los Diputados y el Senado fue trabajar en la Constitución que finalmente fue aprobada en referéndum en 1978. Un paso indispensable para que el país materializara su transición del franquismo a la democracia.
¿Cómo se aplicaría?
El PSOE registró este lunes en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Esta ley, que el PSOE pretende que sea tramitada en las Cortes por el procedimiento de urgencia ––en tiempos más cortos que los habituales––, contempla beneficiar a todas aquellas personas que promovieron la consulta popular del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por la Justicia española.
Tal y como consta en el texto ―al que CNN ha tenido acceso―, los beneficiados verían extinguida su responsabilidad penal, administrativa y contable sobre los actos que fueron objeto de juicio.
Específicamente, se beneficiarían aquellas personas encausadas o condenadas por su responsabilidad en estos eventos, siempre que sus actos hayan sido realizados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
No obstante, la propuesta hace constar que la amnistía no dará derecho a los que se acojan “a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares”.
En caso de que la ley sea aprobada, las personas que puedan acogerse a esta tendrán un margen de cinco años para solicitar su amnistía, mientras que los órganos judiciales competentes para cada caso deberán dar respuesta en un plazo máximo de dos meses.
Este texto fue publicado el 8 de noviembre y ha sido actualizado