(CNN Español) – Panamá vive un fin de año convulsionado por las protestas que han paralizado al país desde hace varias semanas. Las marchas y bloqueos fueron motivados por el rechazo a la iniciativa del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, aprobada por la Asamblea Nacional, de poner en marcha un contrato de concesión con Minera Panamá para la explotación de cobre a cielo abierto en el complejo Cobre Panamá, ubicado a unos 120 kilómetros de la capital.
En el marco de la enorme movilización de distintos sectores de la sociedad en rechazo a la Ley 406 —mediante la que se selló la renovación del contrato entre el Estado y la minera—, la norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Su decisión se tomó a partir de varias denuncias presentadas por abogados, ambientalistas y particulares, mientras que la empresa defendió la legalidad del contrato.
Entre las disposiciones generales del contrato figuraba que el Estado otorgaba a la empresa la “concesión de derechos exclusivos para explorar, extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar” el mineral en cuatro zonas que abarcan un área de casi 13.000 hectáreas.
Roberto Ruiz, firmante de uno de los reclamos, dice a CNN que entre las principales razon es de la denuncia está “la violación a normas constitucionales y convenios internacionales que buscan la protección de la vida humana, el medio ambiente y el agua, como derecho humano”. Ruiz, abogado y exembajador de Panamá en Paraguay, Ecuador y Rusia, agrega que, desde su perspectiva, hubo irregularidades en “el procedimiento de contratación pública, mediante licitación o métodos excepcionales”.
Otro de sus desacuerdos con la Ley 406 fue “la forma en cómo se aprobó el contrato minero por parte de la Asamblea”. Además de concebir como inadecuada la “participación de empresas de propiedad de gobiernos extranjero”.
¿Cómo se llegó al fallo de la Corte contra el contrato minero?
Los bloqueos que hubo durante varias semanas causaron que muchos optaran por no salir de sus casas. El equipo de CNN en Panamá registró que las calles estuvieron vacías y no hubo clases durante casi un mes. Un panorama que resultó similar al de los confinamientos durante la emergencia por la pandemia de covid-19.
La presión social se hizo sentir. En este marco, el tribunal dijo que resolver el asunto era su “prioridad número uno”, pero que darle proceso abreviado podría constituir una grave violación a la ley. El fallo fue emitido este martes, poco más de un mes después de la aprobación de la norma, el 20 de octubre.
Mijael Kaufman, abogado ambientalista, representante del Público por el Acuerdo de Escazú y coordinador de Política Regional e Internacional de Consciente Colectivo, participó en varias de las jornadas de protesta. Le dijo a CNN que no se trata “únicamente del contrato minero”.
“Esa fue la gota que rebalsó el vaso en una sociedad que está cansada de la corrupción, de que cada vez cueste más la canasta alimentaria y de que los temas ambientales no sean considerados”, sostuvo.
Además de las movilizaciones contra el contrato minero, también hubo marchas de los trabajadores de Cobre Panamá, que reclamaron a favor de la norma y exigieron que se respeten sus fuentes de trabajo.
La presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López Arias, informó este martes que habían “decidido por unanimidad declarar inconstitucional de toda la Ley 406”, con lo que la norma queda “expulsada del sistema normativo que rige en el país”.
El fallo de más de 230 páginas, al que accedió CNN, indica que hay por lo menos 25 violaciones a la Constitución, especialmente en materia ambiental.
Entre otros argumentos, los magistrados sostienen que:
- La Asamblea nacional incurrió en “una serie de irregularidades en el procedimiento que llevó a la aprobación de la ley”.
- Se “ha infringido la Constitución”, porque la “naturaleza del contrato de concesión conlleva un importante impacto ambiental” que contraviene normas preexistentes.
- También se cuestiona que no existió una licitación pública y asegura que se violó la Carta Magna al infringir “la naturaleza de bienestar social e interés público”.
Además de que el Parlamento no realizó “un análisis” del contrato ni se llevó a cabo “una consulta pública efectiva y previa” sobre el proyecto minero.
Después de la decisión de la Corte, hubo celebraciones en todo el país, especialmente de los manifestantes que pasaron tres semanas en vigilia en la puerta de la Corte para exigir el revés al contrato, impulsado por el Poder Ejecutivo.
El presidente Cortizo escribió en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que, “siempre respetuoso a la separación de los poderes del Estado”, recibía y acataba la decisión de la Corte.
El vicepresidente José Gabriel Carrizo escribió en X que el Gobierno sería “respetuoso de la institucionalidad democrática”. Agregó el Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que pertenece, respeta “la separación de los poderes” y cumplirá con “lo que dicte la Justicia”.
Además, Carrizo calificó el 28 de noviembre como “un día histórico” y aseguró que “lo que nos toca una vez más es defender a Panamá”.
La respuesta de la minera
Este viernes, una vocera de First Quantum Minerals Ldt., empresa canadiense propietaria de Minera Panamá, respondió ante la consulta de CNN que la compañía mantiene su interés en promover el diálogo para encontrar soluciones.
“Cobre Panamá reitera que la transparencia y el cumplimiento de las leyes siempre han sido fundamentales para el desarrollo de sus operaciones”, señaló.
Actualmente, confirmó la portavoz, hay actividades que están frenadas, debido a bloqueos “por parte de pequeñas embarcaciones que se han producido en las últimas semanas en el puerto internacional de Punta Rincón -lugar de desembarco de materiales e insumos utilizados para la operación de la mina”.
“La empresa se vio en la necesidad de suspender la producción comercial, situación que continúa hasta el día de hoy”, indicó.
En un comunicado inicial, la compañía propietaria de la mina manifestó que “respeta las leyes panameñas” y revisaría el contenido del fallo para comprender sus fundamentos.
Este miércoles, en otro documento, consideró que “la sentencia de la Corte y los comentarios posteriores del presidente no tienen en cuenta los derechos de miles de panameños que dependen de la mina Cobre Panamá y de la minería para su sustento”.
“(El complejo) tiene más de 7.000 empleados directos y 33.000 contratistas y proveedores, que tienen el derecho a un futuro próspero”, detalló.
¿Qué sigue después de la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero?
Para que la decisión de la Corte quedara firme, era necesaria la publicación del fallo en la Gaceta Oficial. Este sábado, el Poder Ejecutivo difundió el documento que ratifica la decisión de la Justicia.
El Gobierno aseguró en una nota de prensa que la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo el lunes 27 de noviembre (aunque la decisión se dio a conocer al día siguiente) y que con su publicación en la Gaceta Oficial se cumplen los términos que establece la Constitución de Panamá para la debida confirmación del dictamen del tribunal.
Según Ruiz, ahora se debe “comenzar el proceso ordenado de cierre de la mina, prohibiendo la extracción y comercialización de cualquier mineral proveniente” de allí.
Y agrega que “ya no hay forma de negociar nuevos contratos, pues precisamente se aprobó la Ley 407 que prohíbe concesiones y contratos de actividad minera metálica a cielo abierto”.
Desde el punto de vista de Kaufman, el grado de movilización social que hubo en Panamá durante estas semanas será cada vez más recurrente, porque “claramente no se viene escuchando la agenda socioambiental en América Latina, siendo una de las regiones más afectadas por los impactos de la crisis climática”.
Elizabeth González de CNN en Español contribuyó a este artículo.