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Corte Suprema de Panamá dice que es su “prioridad número uno” resolver demandas sobre contrato minero
(CNN Español) -- La Corte Suprema de Justicia de Panamá aseguró este martes que en este momento es su “prioridad número uno” resolver las demandas de inconstitucionalidad admitidas sobre la ley 406, en la que se basa la renovación de un contrato para la minería de cobre entre el Estado panameño y la compañía Minera Panamá, que pertenece a la compañía canadiense First Quantum Minerals, y que es motivo de protestas desde el pasado 23 de octubre.
Diversos grupos organizados y civiles rechazan el contrato porque —según dicen— pone en riesgo el medio ambiente y la biodiversidad, entre otras consideraciones, por lo cual piden la derogación de la ley así como un rápido pronunciamiento por parte de la Corte Suprema. El órgano judicial informó que hasta este martes tiene admitidas ocho demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas individualmente.
A través de un video compartido a los medios de comunicación, el secretario general de la Corte Suprema de Panamá, Manuel José Calvo, explicó que, si bien estas demandas son su prioridad, no existe un proceso abreviado y hacerlo representaría una grave violación a la ley.
“Debe tomarse en cuenta que el respeto de estos trámites y términos es de suma importancia, y que no es posible establecer un mecanismo abreviado de resolución. Transgredir o evadir estos trámites supone una infracción a la normativa constitucional que exige la resolución de causa, conforme a los trámites legales”, explicó el funcionario judicial.
Procuradores emiten su opinión sobre demandas
Hasta el mediodía de este miércoles, los dos procuradores de Panamá: Javier Caraballo, procurador general de la Nación; y Rigoberto González, procurador de la Administración, enviaron a la Corte Suprema de Justicia sus opiniones sobre las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato minero.
Estos conceptos fueron emitidos a solicitud de la Corte, y lo cual es parte del procedimiento judicial. Ambas demandas fueron admitidas por el Supremo la semana pasada y enviadas a los procuradores, los cuales tenían hasta 10 días hábiles para mandar sus escritos. Por tratarse un tema legal, no es posible dar a conocer públicamente su opinión.
Según el procedimiento, la Corte debe publicar un edicto en el transcurso de tres días y luego se entra en un periodo de 10 días hábiles para que los demandantes y las partes interesadas entreguen sus argumentos por escrito, los cuales la Corte posteriormente analizará y fallará.
Proyectos de ley para frenar las protestas
Mientras las demandas de inconstitucionalidad avanzan, se tiene previsto que este miércoles el pleno de la Asamblea Nacional discuta en un segundo debate dos proyectos de ley enviados el lunes por el Ejecutivo y aprobados el martes en el primer debate.
Uno de los proyectos es para que se convoque a una consulta popular el próximo 17 de diciembre para decidir si se deroga o no la ley del contrato minero. El otro proyecto originalmente proponía la prohibición de la minería metálica en el país, pero diputados oficialistas incluyeron un artículo que pretende derogar de inmediato el polémico contrato.
De aprobarse ambos o alguno de estos proyectos de ley en su segundo y tercer debate, este último previsto para este jueves, quedaría en el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionarlos y publicarlos en la Gaceta Oficial para que sean ley del país.
Ante los hechos, la compañía canadiense First Quantum Minerals aseguró este martes en un comunicado que está al tanto de los acontecimientos, que tiene comunicación con el Gobierno de Panamá y reiteró su intención de cumplir los compromisos contractuales.
