(CNN) – En cuatro extensos documentos presentados este jueves por la noche, el expresidente Donald Trump busca que se desestime la acusación penal que enfrenta por mantener información clasificada en su residencia de Mar-a-Lago, argumentando que los cargos, así como el fiscal especial, carecen de legitimidad.
Los expedientes presentan una serie de argumentos que van al corazón del caso de los documentos clasificados y dejan en claro que el equipo legal del expresidente todavía está aplicando su estrategia legal más clara hasta la fecha: retrasar cualquier fecha eventual del juicio.
Al intentar desestimar el caso, sus abogados nuevamente argumentaron que Trump está protegido por la inmunidad presidencial, haciéndose eco de los argumentos que Trump presentó en el caso de subversión electoral en su contra en Washington, que fueron rechazados rotundamente por un juez federal y un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de DC.
Los abogados defensores escribieron que la acusación cubre supuestas decisiones que Trump tomó como presidente, que están “sujetas a inmunidad presidencial” como acto oficial.
En su fallo a principios de este mes, el panel de tres jueces en Washington desestimó enérgicamente el argumento de que Trump debería ser inmune al procesamiento: “Sería una sorprendente paradoja si el presidente, quien es el único que tiene el deber constitucional de ‘cuidar que las leyes sean fielmente ejecutadas’, fuera el único funcionario capaz de desafiar esas leyes con impunidad”.
Los abogados de Trump, en uno de los documentos, calificaron la conclusión del panel de “mal razonada”.
“El análisis del Circuito de Washington no es convincente por muchas de las razones”, escribieron sus abogados, “y el presidente Trump está buscando una revisión adicional de esa decisión errónea, incluida (…) una revisión en la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario”.
El 13 de febrero, Trump pidió a la Corte Suprema que bloqueara temporalmente el fallo del Circuito de Washington sobre inmunidad en el caso del 6 de enero. El tribunal superior aún no ha dicho si escuchará argumentos sobre la cuestión de la inmunidad presidencial.
Trump también hizo la audaz afirmación de que el fiscal especial Jack Smith, cuyo equipo está procesando ambos casos penales federales contra Trump, fue designado ilegalmente y que sus acciones para conservar los documentos estaban permitidas bajo la Ley de registros presidenciales.
Los abogados defensores acusaron al secretario de Justicia, Merrick Garland, de nombrar a Smith de manera inadecuada y escribieron que la cláusula de nombramientos de la Constitución no le otorga a Garland el poder de nombrar “sin la confirmación del Senado, a un ciudadano privado y un aliado político de ideas afines para ejercer el poder de procesamiento de Estados Unidos”.
Al designar a Smith, Garland citó una ley que le otorga la autoridad para nombrar funcionarios para investigar asuntos “según lo indique el secretario de Justicia”. El propio secretario de Justicia de Trump, Bill Barr, citó el mismo estatuto para nombrar al entonces fiscal especial John Durham.
Los abogados defensores también afirmaron ante la jueza que preside el caso de Florida, Aileen Cannon, que debido a que Trump todavía era presidente cuando llevó los documentos clasificados a Mar-a-Lago, no se le puede acusar penalmente por mantenerlos en su poder.
El argumento deja constancia formal en el expediente judicial de lo que el expresidente ha argumentado repetidamente durante la campaña electoral: que estaba cumpliendo con la ley pertinente, la Ley de registros presidenciales, cuando tomó y guardó documentos en su club de Florida.
Trump tenía “autoridad ejecutiva del Artículo II (…) para designar los registros como personales” como presidente, escribieron, y agregaron que “demolería la noción de cadena de mando dentro del Poder Ejecutivo si un empleado [de los Archivos Nacionales], incluido el archivista, pudo dictarle a un presidente, que encarna toda esa rama del gobierno, cómo manejar los registros”.
La Ley de registros presidenciales (PRA, por sus siglas en inglés) establece que en el momento en que un presidente deja su cargo, la Administración Nacional de Archivos y Registros obtiene la custodia y el control de todos los registros presidenciales de su administración. Los registros personales se describen en la ley como notas personales, materiales relacionados con asociaciones políticas privadas o materiales relacionados exclusivamente con la elección del presidente a la Casa Blanca.
Sus abogados también dijeron que los cargos contra Trump en relación con la retención ilegal de documentos clasificados después de dejar el cargo eran “inconstitucionalmente vagos” porque, en parte, Trump disfrutaba de la autoridad para desclasificar dicha información como presidente.
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