(CNN) – Donald Trump está a punto de quedarse sin tiempo en su último intento desesperado de evitar el estigma histórico de ser el primer expresidente en ir a juicio penal la próxima semana.
El lunes, el virtual candidato republicano sufrió una nueva derrota en un intento de retrasar y trasladar fuera de Manhattan su juicio por el pago de dinero por silencio. Y el martes, un tribunal de apelaciones frustró otro intento de aplazar el inicio del juicio para que Trump pueda impugnar una orden de silencio parcial impuesta por el juez que preside el tribunal.
Las últimas derrotas legales de Trump le sitúan a él, y a la nación, en el umbral de un espectáculo divisivo que tensará aún más los sistemas judicial y político y que podría tener un impacto impredecible en las elecciones de noviembre.
Este caso, que tiene su origen en los pagos a una actriz de cine para adultos antes de las elecciones de 2016, es solo uno de los cuatro casos penales contra el expresidente. Él se ha declarado inocente en todos los casos en su contra.
A medida que se reducen sus opciones legales, los ataques de Trump contra el juez del caso de Nueva York y los implicados en sus otros juicios en ciernes y sus salvajes afirmaciones de que es víctima de una persecución política son cada vez más extremos. En una oscura publicación de Truth Social durante el fin de semana, Trump se preguntaba cuántos jueces “corruptos” tendría que “soportar antes de que alguien intervenga”.
Y en un correo electrónico para recaudar fondos, el expresidente arremetió contra su “juicio farsa” y advirtió que “se desatará el infierno” a menos que reciba una nueva inyección de apoyo financiero. El juez Juan Merchán, que presidirá el caso, amplió la semana pasada una orden de silencio sobre Trump después de que éste nombrara a la hija del magistrado y la atacara en las redes sociales. Ahora el expresidente se queja en su red social Truth Social de que Merchán “me está quitando mis derechos de la Primera Enmienda”. Un tribunal de apelaciones aún estudiará la petición de Trump de levantar la orden de silencio, pero el fallo del martes significa que el juicio seguirá adelante mientras se desarrolla el proceso.
Los crecientes esfuerzos de Trump por deslegitimar el juicio en Nueva York antes de que comience se produjeron al tiempo que CNN obtuvo el cuestionario para el jurado en el caso, que refleja el inusual contexto político de este juicio. Los jurados potenciales serán interrogados sobre dónde obtienen sus noticias, si han estado en un mitin de Trump y si han sido miembros de un grupo extremista como los Proud Boys. También se les preguntará sobre sus sentimientos hacia el expresidente, pero no a qué partido político pertenecen ni por quién han votado.
Esto es coherente con los intentos que se hacen antes de todos los juicios de garantizar que los jurados puedan ser justos e imparciales a la hora de juzgar un caso basándose en las pruebas y no en sus opiniones o prejuicios políticos.
Los fiscales en el caso no están tratando de demostrar que un pago de dinero por silencio a Stormy Daniels en 2016 fue ilegal. Más bien dirán al jurado que el expresidente falsificó registros comerciales para encubrirlo, en un intento de engañar a los votantes antes de las elecciones de 2016. Pero algunos críticos del caso ven exagerada la idea de que se trate de una injerencia electoral. Y si hay uno de los cuatro juicios penales que Trump preferiría que se celebrara primero, es este.
Los retrasos en los múltiples casos que rodean a Trump se deben a menudo a que está ejerciendo sus derechos como acusado para agotar todo su derecho a apelar. Pero hay una clara tendencia a que utilice recursos legales frívolos para ralentizar el camino hacia los juicios. Con sólo cuatro días hábiles hasta que comience el juicio en Nueva York, las posibilidades de que se retrase aún más se están desvaneciendo rápidamente. Aun así, Trump es uno de los litigantes más prolíficos de la historia moderna y, dados los incentivos políticos que tiene para eludir la rendición de cuentas, no se pueden descartar más desafíos legales de largo alcance.
Si no consigue retrasar la apertura del juicio el 15 de abril, pasará cuatro días a la semana confinado en un juzgado, lo que dejará la campaña abierta a su rival, el presidente Joe Biden. Pero el expresidente trató el lunes de mitigar una de sus principales vulnerabilidades en la carrera, declarando que el aborto, una cuestión potencialmente decisiva en las elecciones generales, debería dejarse en manos de los estados. Biden no se quedó de brazos cruzados y dijo que no se podía confiar en que su predecesor no firmara una prohibición federal si alguna vez se aprobaba en el Congreso, y añadió en un acto de recaudación de fondos en Chicago: “Trump tiene problemas y lo sabe. Le preocupa que los votantes le pidan cuentas”.
El fiscal especial intenta frustrar otra táctica dilatoria de Trump
En Washington, el fiscal especial Jack Smith presentó su último escrito ante la Corte Suprema el lunes, diseñado para descarrilar la amplia reclamación de inmunidad presidencial de Trump que ha retrasado el inicio de su juicio federal por interferencia electoral. Trump argumenta que el cargo de la presidencia quedaría neutralizado si sus ocupantes pudieran ser procesados penalmente por sus acciones una vez que hayan dejado el cargo. Pero Smith se opuso a este argumento, que implícitamente significaría que los presidentes tienen un poder sin control.
“El funcionamiento efectivo de la presidencia no requiere que un expresidente sea inmune a la rendición de cuentas por estas presuntas violaciones del derecho penal federal”, escribió Smith. “Por el contrario, un principio fundamental de nuestro orden constitucional es que ninguna persona está por encima de la ley, incluido el presidente”.
Smith también trató de atajar otra táctica de Trump: una sugerencia a la Corte Suprema de que los jueces podrían devolver el caso a los tribunales inferiores para que presenten más argumentos si consideran que un presidente sólo goza de inmunidad parcial. Esa medida retrasaría el juicio durante muchos meses, seguramente hasta después de las elecciones. Si es reelegido, Trump recuperaría poderes presidenciales que le permitirían paralizar o incluso poner fin por completo al caso federal contra él. La Corte Suprema escuchará los argumentos del caso el 25 de abril, y se espera una decisión para julio.
Los intentos de Smith de llevar al expresidente ante un jurado también se están viendo frustrados en Florida, donde la jueza Aileen Cannon, nombrada por Trump, ha sido acusada por muchos juristas de ralentizar el próximo juicio sobre el almacenamiento de documentos clasificados por parte del expresidente.
Trump está haciendo un nuevo esfuerzo para entorpecer su juicio por injerencia electoral en Georgia, parte de sus constantes esfuerzos para tratar de evitar que los otros casos en los que ha sido acusado sigan adelante antes de las elecciones de noviembre. Los abogados de Trump quieren que el tribunal de apelaciones del estado decida que su esfuerzo por presionar a los funcionarios locales para anular su derrota en las elecciones de 2020 fue simplemente un ejercicio de su libertad de expresión. “No hay democracia sin una libertad de expresión robusta y sin inhibiciones”, dijo el abogado de Trump, Steve Sadow, en un comunicado.
El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, ya se ha negado a desestimar el caso bajo la noción de que las acciones de Trump constituían un ejercicio protegido de la libertad de expresión. Es probable que los críticos de Trump vean su última táctica como un argumento típicamente obtuso para contrarrestar los hechos, en el sentido de que no estaba tratando de destruir la democracia, sino de salvarla.
Cómo Trump intenta politizar los juicios con jurado
La decisión clave en el caso de Nueva York el lunes se centró en una reclamación de los abogados del expresidente republicano de que su cliente no puede tener un juicio justo en la ciudad donde se hizo famoso, y que es abrumadoramente liberal. La jueza asociada Lizbeth González denegó el lunes la moción para detener el juicio mientras se resuelve el asunto y dijo que no habría más argumentos sobre la cuestión.
La estrategia de Trump no es nueva: ya ha hecho reclamaciones similares sobre la imparcialidad de ser juzgado en Washington, otra ciudad liberal. Sin embargo, los fiscales suelen presentar cargos en la jurisdicción donde se cometió el presunto delito. Y si se llevan a sus extremos lógicos, los argumentos del expresidente significarían que un personaje político solo podría ser juzgado en un lugar en el que el jurado estuviera compuesto por personas que probablemente votaran por él. Tal escenario politizaría todo el sistema legal y amenazaría el principio de que todo el mundo es igual ante la ley, incluso y especialmente los expresidentes y posiblemente futuros presidentes.
Durante su campaña de las primarias republicanas, Trump supo sacar partido de sus cuatro acusaciones, esgrimiendo la idea de que era víctima de una justicia politizada para reunir a su alrededor a las bases del Partido Republicano y expulsar a sus rivales.
Uno de los mayores interrogantes de esta campaña será si la realidad de un presidente enjuiciado tiene un impacto similar entre el electorado general o si desatará una reacción violenta contra Trump, especialmente si es declarado culpable.