(CNN) – Un día salvaje de argumentos jurídicos a menudo extravagantes y de historias sensacionalistas no pudo ocultar lo que está en juego para el país.
Sólo Donald Trump podía conjurar un espectáculo legal en dos ciudades que daba igual protagonismo a los pensamientos más profundos de George Washington y a un antiguo editor de National Enquirer conocido por escabrosos escándalos de famosos y dudosos avistamientos de ovnis.
El expresidente fue el epicentro de la atención este jueves durante el testimonio clave del magnate de los medios de comunicación David Pecker en su primer juicio penal en Nueva York y, en ausencia, en una vista de la Corte Suprema de EE.UU. dedicada a sus audaces afirmaciones de que el presidente debería gozar de inmunidad total, como un rey, frente a cualquier acusación.
Los argumentos jurídicos y las referencias abarcaron dos siglos y medio, desde cómo los fundadores concibieron la presidencia hasta los supuestos intentos de Trump de influir en las elecciones de 2016 y 2020 por medios nefastos.
Pero aunque las pruebas se remontaban al pasado, las implicaciones de ambos casos pesan mucho en el futuro, dada su capacidad para dar forma a las elecciones de noviembre, a un posible segundo gobierno de Trump y a la propia presidencia en los eones venideros.
Un caso del Tribunal Supremo con graves implicaciones para el futuro
En el Tribunal Supremo de EE.UU., nueve jueces —tres de ellos nombrados por Trump— debatieron sobre la asombrosa afirmación del posible candidato republicano de que los presidentes deben gozar de inmunidad judicial absoluta, lo que parece refutar directamente la sospecha de los fundadores de un poder monárquico irresponsable. El caso surge de la acusación del fiscal especial Jack Smith contra el expresidente por sus intentos de anular las elecciones de 2020, que él afirma falsamente que ganó. Y el caso conlleva graves implicaciones sobre cómo se comportaría Trump si gana un segundo mandato en noviembre y cree que no puede ser acusado de los delitos que pudiera cometer en el cargo.
Trump lanzó una ominosa advertencia tras la vista de que “es imperativa una inmunidad presidencial muy poderosa o prácticamente dejaremos de tener un país”. Sus sentimientos parecían ser lo que la jueza Ketanji Brown Jackson tenía en mente cuando replicó al abogado de Trump, quien había advertido que un presidente que viviera con el temor de ser procesado por actos en el cargo estaría castrado. Jackson dijo que en tales circunstancias, la Oficina Oval podría convertirse en “una sede de la criminalidad”.
Y añadió: “Parece que le preocupa que el presidente esté relajado. Creo que tendríamos un problema opuesto realmente importante si no lo estuviera”.
El jurado escucha hablar de un plan para “matar” una historia
El tema fue más salaz en el primer juicio penal de Trump, a 370 kilómetros de distancia en Nueva York, donde Pecker testificó durante horas. Habló sobre un esquema de “atrapar y matar” (práctica que consiste en comprar los derechos de historias con un potencial periodístico dañino para alguien, con el fin último de evitar su publicación) supuestamente utilizado por Trump para sofocar historias negativas sobre su vida personal y un pago de dinero por silencio a una estrella de cine para adultos que el entonces candidato del Partido Republicano no quería que los votantes supieran antes de las elecciones de 2016. Los abogados de Trump comenzaron su contrainterrogatorio de Pecker este jueves por la tarde y continuarán este viernes.
Los fiscales han enmarcado el juicio como algo más que un simple caso de falsificación de registros comerciales, el delito del que se ha acusado a Trump. “Este caso trata de una conspiración criminal y un encubrimiento, una conspiración ilegal para socavar la integridad de unas elecciones presidenciales, y luego los pasos que Donald Trump dio para ocultar ese fraude electoral ilegal”, dijo el fiscal Matthew Colangelo al jurado durante las declaraciones de apertura del juicio el lunes.
Los partidarios de Trump tienen una visión mucho menos elevada del caso, argumentando que se le está señalando por ser quien es. Insisten en que las supuestas irregularidades en la contabilidad empresarial nunca deberían haber sido imputadas, o al menos no como delitos graves.
Hasta ahora, el público, que en última instancia deberá emitir su veredicto sobre todo este drama jurídico en noviembre, aún no está convencido, según una nueva encuesta de CNN. Sólo el 44% de los estadounidenses expresó su confianza en que el jurado elegido para el caso será capaz de llegar a un veredicto justo, con un 56% más escéptico.
Sin embargo, hay otro dato que preocupa a Trump. Mientras que la mayoría de los votantes que actualmente apoyan a Trump contra el presidente Joe Biden en las elecciones de 2024 dicen que seguirán con él incluso si es condenado por un delito, el 24% dice que una condena podría hacerles reconsiderar su apoyo, aunque la mayoría de esos votantes dijeron que no apoyarían a Biden. La pregunta no se refería a una condena penal derivada de un caso específico. Trump se enfrenta a cuatro causas penales, en todas las cuales él dice que es inocente. El caso del pago de dinero por silencio puede ser el único que vaya a juicio antes de las elecciones, pero sigue sin estar claro cómo una absolución o condena en cualquiera de ellos podría remodelar el entorno político.
La versión de Trump de la historia constitucional
El caso del dinero de silencio y la apelación de Trump ante el Tribunal Supremo generan preguntas sobre si y cómo un expresidente debe ser juzgado por socavar las elecciones —los pilares del sistema democrático estadounidense. Trump, como cualquier otro acusado penal en el sistema legal que a menudo tacha de injusto, goza de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero el tema subyacente de ambas acusaciones es la idea de que Trump puso sus propias ambiciones por encima de la necesidad vital de preservar dichas instituciones. Y como en el caso adicional de interferencia electoral en Georgia y en otro federal sobre su acaparamiento de documentos clasificados en Florida, las acusaciones contra Trump giran en torno a su constante falta de voluntad para acatar las normas y limitaciones que otros estadounidenses —y otros presidentes— han aceptado.
Por eso los casos tienen tanta importancia política. Si Trump no fuera el posible candidato con posibilidades de recuperar la presidencia, estas cuestiones serían más académicas y se referirían exclusivamente a conductas pasadas. Pero los resultados de los casos pendientes de Trump —y si llegan a juicio— podrían ayudar a decidir el tono de una futura presidencia.
Al salir de una larga jornada de declaraciones en Nueva York, Trump se refirió a su recurso ante el Tribunal Supremo y advirtió que, a menos que la presidencia gozara de plena inmunidad, sería un cargo meramente “ceremonial”. Afirmó: “Eso no es lo que los fundadores tenían en mente”. Pero su anhelo de una presidencia de hombre fuerte, sin embargo, contradice directamente la visión de uno de los fundadores a los que se refirió: Washington, que junto con Benjamin Franklin, fue mencionado en los argumentos orales. Los abogados de Trump argumentaron que la advertencia de Washington en su discurso de despedida sobre el peligro de los partidos políticos debería ayudar a inocular a Trump de ser procesado por interferencia electoral, aunque como informó Zachary B. Wolf de CNN, pueden haber sido selectivos con el contexto necesario.
Washington estaría desconcertado por muchas cosas del mundo moderno, pero el primer presidente reconocería de inmediato los peligros para la democracia planteados por el 45º. En una carta al marqués de Lafayette, desde la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia, Washington escribió que se sentía obligado a volver a la vida pública para construir un sistema de gobierno estadounidense que pudiera sobrevivir a “la anarquía y la confusión” y que no fuera “dictado tal vez por algún aspirante a demagogo que no consultará tanto el interés de su país como sus propias opiniones ambiciosas”.
El Tribunal Supremo frustra a muchos liberales, pero se enfrenta a una cuestión vital
Muchos demócratas están furiosos porque la Corte Suprema decidió escuchar lo que consideran una frívola apelación de Trump diseñada para adelantarse a la posibilidad de un juicio penal potencialmente perjudicial —y posible condena— antes de las elecciones de 2024. Sus maniobras legales pueden significar que no tenga que responder por su intento de robar las elecciones de 2020 antes de que se celebren las de 2024.
Pero al mismo tiempo, Trump está utilizando al máximo los privilegios de apelación de que dispone cualquier acusado. En el proceso, está planteando cuestiones fundamentales sobre los poderes del presidente y el acuerdo constitucional de EE.UU. que, en cierto nivel, sólo puede decidir el Tribunal Supremo, independientemente de las presiones del calendario electoral.
George Conway, un abogado conservador que se ha convertido en un crítico de Trump y ahora es un importante donante de Biden, argumentó que los jueces necesitaban abordar la cuestión de la inmunidad presidencial antes de un posible nuevo mandato de Trump.
“Supongamos que el 20 de enero de 2025 asume el poder en la Casa Blanca un hombre que quiere buscar represalias contra sus enemigos políticos y que nombra a un fiscal general que iniciaría procesos contra personas que se opusieron a este presidente en el pasado”, dijo Conway a Wolf Blitzer de CNN. “Estas son preguntas legítimas”.
El juez Neil Gorsuch, designado por Trump, hizo esta observación en la audiencia del jueves: “No estoy preocupado por este caso, pero sí por futuros usos del derecho penal para atacar a oponentes políticos basándose en acusaciones sobre sus motivos”, dijo. “Estamos escribiendo una norma para la eternidad”.
Siempre es arriesgado especular sobre cómo fallarán los jueces del Tribunal Supremo basándose en sus preguntas en los alegatos orales. Pero el consenso de muchos expertos legales este jueves fue que, si bien Trump probablemente perderá en su reclamo de inmunidad presidencial general, el tribunal podría reconocer algunas áreas distintas de inmunidad para que los futuros presidentes no estén sujetos a enjuiciamientos por motivos políticos.
Esto podría significar que el caso vuelva a los tribunales inferiores para más litigios, una medida que podría retrasar el juicio electoral federal durante meses, mucho más allá de las elecciones de noviembre. Eso es significativo porque si es elegido presidente de nuevo, Trump podría nombrar a un un secretario de Justicia que pondría fin a la acusación y él escaparía a la rendición de cuentas por sus actos relacionados con las elecciones de 2020.
Pero la jueza Amy Coney Barrett, otra de las designadas por Trump, ofreció una posible solución de compromiso al conseguir que el abogado de Trump, David Sauer, aceptara que no todo el comportamiento del expresidente después de las elecciones de 2020 constituía un acto oficial que pudiera ser objeto de inmunidad. Esto planteó la posibilidad de que los fiscales pudieran redactar una acusación reducida como base para que un juicio procediera más rápidamente.
Mientras se desarrollaba el debate intelectual sobre las afirmaciones sin precedentes de Trump, el hecho de que la vista se estuviera celebrando resultaba surrealista.
El momento más espeluznante de los argumentos orales se produjo cuando Sauer se vio obligado a reconocer la extensión lógica de la posición del expresidente. “¿Y si un presidente ordena a los militares dar un golpe de Estado?”, preguntó la magistrada liberal Elena Kagan.
Sauer respondió: “Si es un acto oficial, tiene que haber un juicio político y una condena previa” a través del Congreso antes de cualquier procesamiento. Kagan preguntó entonces si Sauer creía que tal golpe sería un “acto oficial”.
“Por la forma en que ha descrito esa hipótesis, bien podría serlo”, respondió.
“Eso sí que suena mal, ¿no?”, replicó Kagan.