ATLANTA, GEORGIA - JUNE 27: Republican presidential candidate, former U.S. President Donald Trump participates in the CNN Presidential Debate at the CNN Studios on June 27, 2024 in Atlanta, Georgia. Former President Trump and U.S. President Joe Biden are facing off in the first presidential debate of the 2024 campaign. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
La Corte Suprema decide que Trump tiene cierta inmunidad en el caso del 6 de enero
03:33 - Fuente: CNN

(CNN) – Cuando el verano pasado llegó a su fin, los cuatro casos penales abiertos contra el expresidente Donald Trump planteaban tanto un peligro político extraordinario como la amenaza muy real de que el favorito republicano a la Casa Blanca en 2024 fuera condenado por múltiples jurados antes de que se emitiera la primera votación.

Qué diferencia entre un año y otro… o, mejor dicho, qué poca diferencia.

Con la decisión del lunes de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, que probablemente impida un juicio en el caso federal de subversión electoral antes de las elecciones, Trump está en condiciones de evitar juicios previos a las elecciones en los tres procesos penales más importantes a los que se enfrenta.

Fue condenado en el cuarto. Pero el caso del pago de dinero por silencio presentado por el fiscal del distrito de Manhattan fue ampliamente visto como el menos grave y más tangencial a la decisión que los votantes tomarán el 5 de noviembre, ya que utilizó una controvertida teoría legal para apuntar a una conducta que ha sido públicamente conocida durante casi una década.

Es posible que ni siquiera reciba pena de prisión en el caso.

“Lo triste es que, de los cuatro, es el que alimenta la narrativa de persecución política de Trump, lo cual es trágico”, dijo Ty Cobb, que fue abogado de Trump en la Casa Blanca durante la investigación fiscal especial sobre Rusia, pero ahora se opone a su reelección.

“Creo que [la narrativa de la persecución política], más que la condena, tendrá un mayor efecto en las elecciones, lo que me horroriza”, dijo Cobb.

Los estadounidenses acudirán a las urnas este otoño sin un veredicto sobre si Trump infringió leyes federales y estatales al tratar de anular las elecciones de 2020, o si su acaparamiento de documentos confidenciales del Gobierno tras la presidencia violó los estatutos de seguridad nacional.

Las elecciones de noviembre no sólo elegirán al próximo líder del país. Determinarán el destino legal de Trump. Si es elegido, se espera que Trump haga desaparecer los procesos federales en su contra, ya sea ordenando a su secretario de Justicia que los desestime o indultándose a sí mismo. El caso de subversión electoral en Georgia, mientras tanto, está en suspenso mientras un tribunal de apelaciones considera una solicitud para expulsar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, del caso, y la acusación se enfrenta ahora a otros obstáculos importantes.

“Si Donald Trump gana las elecciones, ningún juicio penal suyo seguirá adelante”, dijo Paul Rosenzweig, que trabajó en la investigación Whitewater sobre Bill Clinton y llegó a ser funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. “No podemos contar con que el sistema de justicia penal nos salve. El sistema electoral es lo que definirá al final cómo nos va”.

Varios factores contribuyeron a que Trump aparentemente escapara de la culpabilidad penal antes de las elecciones. Las ruedas de la justicia giran despacio, como dice el adagio, pero Trump se benefició de privilegios legales y golpes de suerte fuera del alcance de cualquier otro acusado.

Entre ellos, una estrategia legal bien financiada construida en torno a retrasos, pasos en falso de sus oponentes, una coincidencia casi increíble en la asignación de casos y, ahora, una sentencia de la Corte Suprema que retrasará y socavará lo que era el caso más emblemático contra el expresidente.

“La ley puede usarse muy claramente como un instrumento de justicia y puede usarse muy claramente como un instrumento de injusticia”, dijo el representante Jamie Raskin, el demócrata de Maryland que lideró el segundo equipo de juicio político de la Cámara contra Trump.

“Las reglas pueden usarse para maniatar a todo el mundo y diluir la claridad moral de una situación o las reglas pueden usarse para iluminar el significado moral de una situación”, dijo Raskin a CNN en una entrevista la semana pasada.

Una sentencia de la Corte Suprema que frena el caso de subversión federal

La acusación del fiscal especial Jack Smith alegando que Trump subvirtió las elecciones de 2020 fue el penúltimo de los cuatro casos presentados. Abrió un camino legal significativo y planteó cuestiones legales novedosas y de gran importancia.

Sin embargo, se inició a un ritmo más rápido, en gran parte debido a la tolerancia cero de la jueza de distrito Tanya Chutkan a la dilación, y a finales del año pasado, parecía probable que fuera el primero en llegar a un jurado, con un juicio programado para marzo.

Smith trató de mantener ese impulso el pasado mes de diciembre planteando ante la Corte Suprema la cuestión que, según él, debía decidirse antes del juicio: si la inmunidad presidencial que Trump afirmaba tener le protegía de la acusación.

Pero la Corte Suprema no siguió los planes de Smith, rechazando en primer lugar su petición de que los magistrados se adelantaran al proceso habitual de apelación que primero iría al Tribunal de Circuito de Washington. Una vez que ese tribunal de apelaciones emitió su fallo rechazando al por mayor las amplias pretensiones de Trump, el alto tribunal puso el caso en pausa esta primavera para poder tomar la decisión final.

El examen del caso por parte de los magistrados detuvo los procedimientos previos al juicio durante cuatro meses, y ahora su fallo del lunes probablemente añadirá muchos más meses de litigio antes de que un jurado escuche las acusaciones.

Incluso algunos de los críticos de Trump, sin embargo, han defendido el manejo del asunto por parte del tribunal, señalando que para los estándares del alto tribunal, la disputa se movió por la vía rápida.

“No se puede acusar a un expresidente de un delito por primera vez en la historia sin acudir a la Corte Suprema”, dijo Cobb.

El Circuito de Washington merece parte de la culpa por el retraso, según Cobb, ya que su fallo “fue más un ataque al cuerpo que una evaluación quirúrgica de la ley”.

La opinión del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, para la mayoría señalaba específicamente la falta de “análisis de los hechos” por parte de los tribunales inferiores para explicar por qué sería necesaria otra ronda de procedimientos previos al juicio.

Sin embargo, más que retrasar el caso, la sentencia de la Corte Suprema hará que los cargos sean significativamente más difíciles de probar si la acusación llega a juicio. La mayoría conservadora lo hizo al dictaminar que la supuesta conducta determinada como un acto presidencial “oficial” no sólo está sujeta a inmunidad, sino que no puede utilizarse como prueba para respaldar los cargos que apuntan a la conducta no oficial de Trump.

“Muchas de las pruebas que Smith tenía y que indican la criminalidad de lo que Trump estaba tratando de hacer ahora han quedado excluidas”, dijo Rosenzweig, que firmó un escrito amicus curiae oponiéndose a los argumentos de Trump en el caso ante la Corte Suprema.

Una jueza de primera instancia nombrada por Trump frena el otro caso de Smith

En comparación con su primer caso de subversión electoral, la acusación de Smith contra Trump por documentos clasificados era, en teoría, un proceso más sencillo y claro.

Las acusaciones de que Trump retuvo ilegalmente información de defensa nacional y luego obstruyó una investigación federal sobre los materiales se centran casi por completo en su conducta después de dejar la Casa Blanca. Y gran parte del caso se asemeja a los procesos iniciados habitualmente por el Departamento de Justicia contra funcionarios del Gobierno que hacen un mal uso de los secretos de la nación.

Pero Smith se llevó una mala pasada con Aileen Cannon, una joven e inexperta jueza del sur de Florida designada por Trump y a la que le tocó el caso en un sorteo al azar. Anteriormente se encargó de la demanda que Trump interpuso impugnando el registro de Mar-a-Lago por parte del FBI y fue reprendida por un tribunal de apelaciones conservador por sentencias que mostraban un trato especial al expresidente.

En el caso penal, Cannon ha tardado meses en pronunciarse sobre disputas previas al juicio que, según los expertos jurídicos, no están reñidas. Ha alargado los procedimientos exigiendo días de audiencias sobre los argumentos más disparatados de Trump. Aunque hasta ahora ha rechazado sus esfuerzos por desestimar los cargos, ha insinuado que le permitiría exponer ante un jurado sus afirmaciones inverosímiles y jurídicamente dudosas sobre el caso.

Suponiendo que Trump no se convierta en presidente y haga desaparecer el caso, podrían pasar años antes de que los cargos lleguen a juicio. Y el cuestionable manejo del caso por parte de Cannon hace que una apelación desordenada esté casi garantizada.

“La actuación de Cannon es históricamente perversa para un juez federal”, dijo Cobb.

Un error de la fiscalía de Georgia pone en peligro todo el caso

Si la asignación de Cannon fue un momento de suerte increíble para Trump, un error de juicio no forzado de Willis fue un regalo del cielo.

Su procesamiento de Trump y 18 coacusados por su presunta interferencia en las elecciones de Georgia de 2020 está ahora en suspenso indefinido mientras el Tribunal de Apelaciones de Georgia revisa las acusaciones éticas contra la fiscal por su relación romántica con su adjunto.

El tribunal de apelaciones podría decidir descalificar a Willis, una decisión que fuentes han dicho a CNN que efectivamente acabaría con todo el caso.

Willis y sus defensores afirman que su relación con Nathan Wade, que era su principal fiscal, no constituyó una violación de las normas éticas. No obstante, puede haberle costado la acusación e incluso los que apoyaron su caso dicen que debería haber actuado con más sensatez, dado lo mucho que estaba en juego. Al ser el único proceso estatal por injerencia electoral contra el presunto candidato presidencial republicano, se trata de un caso penal por el que Trump no podría indultarse a sí mismo, ni siquiera en caso de ser reelegido.

Después de que el juez de primera instancia dijo que Willis podría permanecer en el caso, siempre y cuando Wade fuera expulsado, los acusados apelaron ese fallo y obtuvieron una suspensión de la acusación mientras se desarrolla la apelación - un proceso que podría durar muchos meses y ha asegurado efectivamente que el caso no irá a juicio antes de las elecciones de noviembre.

Las consecuencias de las propias acciones de Willis, junto con la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad, pueden significar que Trump nunca sea juzgado en el condado de Fulton, independientemente de si gana o no las elecciones de 2024.

Si se permite que se reanuden los procedimientos judiciales, el juez Scott McAfee, del condado de Fulton, tendrá que pasar por el mismo análisis sobre la inmunidad presidencial que la Corte Suprema de EE.UU. está exigiendo en el caso federal de subversión electoral.

Según el analista de CNN Michael Moore, es probable que eso suponga un duro revés para el modo en que se armó el caso, señalando la ley de Georgia contra la asociación delictiva que es la base de la acusación.

“El beneficio habitual de esa acusación es que cada acusado puede ser considerado responsable de los malos actos de sus coacusados”, dijo Moore, que fue fiscal de EE.UU. en Georgia bajo la presidencia de Barack Obama. Pero la nueva norma de inmunidad de la Corte Suprema pone en peligro el uso de gran parte de esa conducta en el caso.

“Creo que el caso está probablemente acabado en lo que se refiere a Trump”, dijo Moore.

– Lauren Fox y Zachary Cohen de CNN contribuyeron con este reportaje.