(CNN Español) –– La polémica que desencadenó la visita de seis diputados oficialistas a militares presos por crímenes perpetrados durante la dictadura de los 70 en Argentina tendrá este martes un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara Baja, presidida por la legisladora Silvia Lospennato, del Pro -una fuerza aliada del oficialismo-, discutirá tres iniciativas que podrían dar pie a una investigación y evaluar si corresponde algún tipo de sanción disciplinaria contra los legisladores, entre ellas, la posibilidad de expulsión de la Cámara.
El 11 de julio, Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci ―integrantes del bloque de La Libertad Avanza, el partido gobernante― fueron al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad.
El hecho no impacta tanto por lo que sale a la luz -la visita- sino por lo que estaría en opacidad: la búsqueda de algunos sectores de impulsar leyes que beneficien a los militares detenidos.
CNN se contactó con los diputados, pero quienes respondieron las consultas evitaron dar detalles y no explicaron los motivos de la visita, repudiada por organismos de derechos humanos y otros partidos políticos argentinos.
En la foto que se conoció unos días después de que circulara la noticia puede verse a cinco de los diputados que integraron la comitiva posando junto a un grupo de militares condenados, entre ellos el exmarino Alfredo Astiz, una de las figuras más resonantes de la última dictadura en Argentina, que fue parte del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el centro de torturas más grande de la época.
En el medio de la imagen, posa la diputada Arrieta quien, poco después de que estallara la polémica, intentó despegarse de lo ocurrido alegando que no sabía quiénes eran los presos. “Nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años”, dijo a la prensa.
Con similar argumento, la diputada Bonacci -que no salió en la foto pero estaba presente- dijo que acudió creyendo que se trataba de una visita por motivos humanitarios a presos comunes, asegurando que no se le proporcionó la información completa hasta que estuvo de camino al lugar.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aclaró al ser consultado en su habitual conferencia de prensa matutina que se trató de “una agenda personal de los diputados” y que “no representan la totalidad del bloque ni pertenecen al Poder Ejecutivo”, aunque todos esos legisladores pertenecen a La Libertad Avanza.
La denuncia de Arrieta que involucra a Patricia Bullrich y Martín Menem
En medio del escándalo, la diputada Arrieta presentó una denuncia penal para que se investigue si efectivamente hubo una manipulación hacia su persona o comisión de delito.
En el documento, al que pudo acceder CNN mediante su abogado Yamil Castro, la diputada señala que su compañero de bancada Beltrán Benedit le recomendó acercarse al sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien ―siempre según la denuncia― la sumó a los grupos de WhatsApp en los que se organizó la visita.
CNN intentó contactar a ambos, pero no respondieron las consultas.
“Lo que creí que sería un grupo de WhatsApp para debatir sobre situaciones o posibles proyectos, o discusión de ideas para lograr mejorar condiciones de detención de personas mayores, hoy me envuelve en una polémica en la que no solo no he deseado estar, sino con la que no comulgo por ser contraria a mis valores cristianos”, indicó.
Arrieta agregó que el traslado se realizó en una camioneta oficial del Congreso de la Nación y pidió que se investigue “si se han utilizado recursos de los ciudadanos para realizar esta visita por fuera de toda orden de tareas o trabajo legislativo”, además de la actuación del jefe del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad, que facilitó el ingreso al penal.
El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, tomó distancia de los hechos y dijo que “hay más de 85 vehículos” que los legisladores usan “libremente” y que no tenía conocimiento de a quiénes iban a visitar a la cárcel. Por último, aclaró que fueron actos individuales de los diputados que no representan la totalidad del bloque o del partido de gobierno, al que él pertenece.
CNN consultó al Ministerio de Seguridad sobre lo denunciado, pero no recibió respuesta.
De los chats adjuntos en la denuncia de Arrieta, se desprende también que el diputado Benedit Beltrán le habría enviado los datos de los integrantes de la comitiva directamente a Patricia Bullrich para tramitar los accesos. Consultada por la prensa local, la ministra de Seguridad lo desmintió: “Nunca en la vida hablé con Benedit. Nunca hablé con nadie (…) Me enteré de la visita a la cárcel por los diarios. Me enteré por ustedes, los periodistas”, dijo.
Supuesto proyecto de ley para cerrar juicios a militares
Uno de los puntos que preocupa a las organizaciones y defensores de derechos humanos es la presunta redacción de uno o más proyectos de ley para introducir el concepto de plazo razonable, que daría por terminadas las causas aún abiertas de militares acusados por delitos de lesa humanidad, asunto que se ventila en la denuncia de Arrieta.
En marzo, el diputado Beltrán publicó en su cuenta de Instagram que había realizado una visita a Campo de Mayo, donde permanecen detenidos otros condenados por crímenes de la dictadura. “Trabajamos por la pronta liberación de todos los patriotas. La verdad y la justicia triunfarán”, escribió en respuesta a un comentario de un seguidor.
En los grupos de WhatsApp en los que se organizaron las visitas a los penales circularon dos borradores de proyectos de ley que podrían otorgar beneficios a los detenidos, según consta en la acusación de la legisladora. CNN tuvo acceso a los textos difundidos. Uno de ellos habla de un “plazo razonable de 25 años”.
Pablo Llonto es abogado representante de cientos de familiares de víctimas de estos delitos, exintegrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). En diálogo con CNN dijo que el plazo razonable busca dar una garantía de que todo imputado por un delito tiene que ser juzgado en un tiempo determinado, o de lo contrario se extingue la acción penal. “Si bien el texto de la ley no hace mención a lesa humanidad, se trata de un plazo aplicable a todo ciudadano y en el paquete se pretende que caiga lesa humanidad”, dijo.
Sin embargo, el abogado considera que aunque ese decreto se sancione, no podría caber en este tipo de crímenes.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales argentinos han dicho durante 41 años de democracia, pero sobre todo en los últimos 21 en los que se reanudaron los juicios, que para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, todo obstáculo, se llame como se llame ―indulto, amnistía, prescripción, etcétera― no es aplicable”, abundó.
Dado que los delitos de la dictadura ocurrieron antes de la vuelta de la democracia en 1983, ya cuentan con más de 41 años desde su comisión.
De acuerdo con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en la actualidad hay 949 personas entre imputadas, indagadas y procesadas, es decir, sin condena firme.
Pero, según Llonto, ese no es el universo total de personas acusadas de crímenes de lesa humanidad a las que podría aplicar esta garantía, llegado el caso.
“Es difícil de calcular porque existen procesos en los que todavía no se llamó a declarar a todos los implicados y aún hay centenares de genocidas que no fueron enjuiciados”, dijo.
Al momento, ninguno de estos proyectos fue presentado en el Congreso.
Quién es Javier Olivera Ravasi, el cura ligado a la ultraderecha presuntamente involucrado en la visita a represores que inquieta a la Iglesia
Javier Olivera Ravasi es un sacerdote católico argentino director de Que no te la cuenten, un espacio en el que divulga contenidos homofóbicos y negacionistas respecto a la dictadura militar, entre otros.
Además, es director de la Fundación Elías, radicada en Buenos Aires, que ―según denuncia Arrieta― sería sede para redactar y trabajar en los proyectos antes mencionados.
En los últimos días, sumado a los chats en la denuncia, se conoció un video de Olivera Ravasi en el que hace referencia a un proyecto que venían “conversando hace unos meses, que ya estaría casi terminado”, y que dice que “está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace unos meses”, y que pide que lo lean.
CNN se contactó con el padre Olivera Ravasi para consultarlo sobre este asunto, pero no recibió respuesta.
Olivera Ravasi mantiene lazos con la ultraderecha local y regional, y con los referentes más conservadores del entorno del presidente de Argentina Javier Milei, como los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez, este último biógrafo del mandatario. Incluso en octubre, el sacerdote iba a participar junto a ellos en el evento “Viva la derecha fest”, pero luego avisó en su sitio que no podría asistir.
Ante la polémica, la Iglesia se distanció del asunto.
“Lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”, indicó en X el director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, Máximo Jurcinovic.
Jurcinovic agregó a CNN que la sede de la Fundación Elías no es una oficina relacionada con la Iglesia.