Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 4 de octubre para corregir el alcance del decreto que suspende varias garantías constitucionales vigentes en El Salvador.
(CNN Español) – Gustavo Villatoro es uno de los hombres fuertes de El Salvador. Es el ministro de Justicia y Seguridad en el país donde el combate contra las pandillas y el crimen organizado es el caballito de batalla del presidente Nayib Bukele no solo en la política local sino en su proyección internacional. Por ese motivo, no sorprendió que en la Asamblea de Naciones Unidas el mandatario dedicara gran parte de su discurso a ponderar la baja en la criminalidad en su país, un hecho que le valió denuncias por parte de organizaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias.
Desde 2022 rige en El Salvador un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales, incluido el derecho a la defensa, y extiende de 72 horas a 15 días el plazo de la detención provisional. A partir de esta política, la tasa oficial de homicidios que en 2015 —el año más violento de la historia del país centroamericano— era de 106,3 por cada 100.000 habitantes, en 2023 bajó a 2,4 y para 2024, Bukele proyecta que baje a 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En esta entrevista con CNN desde Buenos Aires, en donde se encuentra como parte de la comitiva de la visita oficial del presidente de El Salvador, Villatoro, uniformado en negro -su nombre bordado en la solapa y un parche con la bandera del país centroamericano en el brazo izquierdo-, responderá que al Gobierno de El Salvador le importan los derechos humanos y las detenciones de inocentes, pero también, que ningún sistema penal es perfecto.
CNN: ¿Por qué continúa el régimen de excepción en El Salvador siendo que la problemática de las pandillas ya está controlada? ¿Hasta cuándo tienen pensado sostenerlo?
Gustavo Villatoro: El régimen de excepción es una herramienta, que lo hemos dicho públicamente, por el mismo conocimiento y estudio del fenómeno de las pandillas que nacen en Los Ángeles, California, cuando empiezan a mandarnos, sin decirnos qué tipo de asesinos seriales nos estaban mandando, en 1993, y con un deportado pandillero empezó todo este estado criminal de asesino serial. Entonces, va a acabar hasta que capturemos al último de esos asesinos seriales en territorio salvadoreño.
*La MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, es una pandilla que se originó en Los Ángeles en la década de 1980 integrada mayormente por salvadoreños (más tarde se unirían hondureños y guatemaltecos) y cuyos integrantes empezaron a ser deportados a mediados de los 90 a sus países de origen ocasionando un aumento en los índices de violencia de los países centroamericanos.
CNN: Hay señalamientos por parte de organizaciones internacionales que denuncian violaciones a los derechos humanos de los detenidos y detenciones arbitrarias. Incluso, el propio presidente Bukele admitió que durante este proceso se encarceló a personas inocentes, ¿de qué manera piensan regularizar esa situación? ¿cómo trabajan para que no haya ningún pandillero en la calle, pero tampoco inocentes detenidos?
GV: Esto es parte de ese Estado de derecho en el que creemos y por el cual, para rescatarlo, activamos el último recurso que teníamos como Estado, como sociedad, como país, para rescatar lo que llamamos Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde existe un órgano judicial, donde existe un sistema de justicia penal. Nosotros no estamos matando pandilleros, no estamos matando terroristas, los estamos sometiendo a un proceso. De todas esas capturas, también hay un buen número de personas que están en su casa, que estaban en la cárcel y que ahora están en su casa. Eso demuestra que hay un sistema de justicia penal que está funcionando. Ahora, querer decir que nosotros bajo el régimen de excepción capturamos inocentes o de los derechos humanos es quedarse bien corto con el análisis, porque yo te puedo preguntar a ti, ¿dime qué país tiene el sistema de justicia penal perfecto? No existe, no hay. Aquí el tema es: ¿nosotros en qué no pasamos? Somos fieles creyentes del Estado de derecho que tiene un sistema de justicia y es el sistema de justicia el que se va a encargar de determinar si esa persona es inocente o es culpable, no es bajo la cantaleta de los derechos humanos. Yo sé que les molesta que hayamos movido el punto de gravedad y que ahora nosotros hagamos recaer el concepto de derechos humanos sobre millones de salvadoreños en lugar de sobre miles de criminales.
*Una de las principales críticas del proceso penal en El Salvador son los juicios masivos en el que se dictaminan sentencias grupales. Reportes de Estados Unidos y la OEA señalan que esta modalidad desconoce el debido proceso.
CNN: Más allá de que sean o no pandilleros e incluso de quienes efectivamente lo son, ¿les preocupan los derechos humanos de los detenidos?
GV: Claro que nos preocupan los derechos humanos. Claro que sí, ellos tienen derechos humanos, lo que pasa es que los tienen reducidos porque no tienen libertad de movimiento como puede tener un buen salvadoreño. Nosotros cuando combatimos terroristas salimos a atentar contra el principal derecho humano, incluso de los delincuentes, como es la vida o lo sometimos al proceso judicial. Más de 82.000 registros de detención y solo 115 letalidades, terroristas que atentaron con nuestra con nuestras fuerzas del orden, y que nuestras fuerzas del orden repelieron.
*La organización humanitaria Cristosal señaló en un informe publicado este año que entre marzo de 2022 y abril de 2024 hubo al menos 265 muertes en situación de detención en El Salvador. Cuatro de los fallecidos eran menores de edad.
CNN: El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano, Donald Trump, dijo que El Salvador enviaba delincuentes y asesinos a Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece esta declaración?
GV: Soy ministro de El Salvador. Creo que los datos y la historia están. No puedo pronunciarme sobre temas de campañas políticas de otro país por lo mismo, porque si nosotros estamos luchando por que nos dejen ser soberanos e independientes, pues mal haría en meterme. Lo que sí te puedo decir es que está la realidad y la historia. Creo que no hay para dónde perderse.
CNN: En conferencia de prensa comentó que cada 15 días tienen reuniones con el equipo de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para intercambiar información y cooperar en la materia. En ese aspecto, ¿cuáles son los puntos específicos que pueden aplicarse en ese país y cuáles son las problemáticas principales?
GV: Lo que hacemos es compartir estrategias, experiencias, no siempre es un tránsito a un sentido de El Salvador hacia Argentina. Hay muchas herramientas tecnológicas que pueden utilizarse para fortalecer la capacidad de la policía para enfrentar el crimen, las leyes, la reducción de la edad de imputabilidad para un menor, fueron parte de todas estas pláticas que hemos tenido, el hecho del ADN para criminales. Por lo que se ve y por lo que sé de dónde se han aplicado estas estrategias… Recién vi que Rosario (una ciudad argentina con alta tasa de criminalidad y problemáticas relacionadas al narcotráfico) había tenido un mes sin homicidios. Es algo muy bueno, positivo, que no es más que el reflejo de esas políticas en materia de seguridad pública efectiva que tienen un impacto para la población. Nosotros somos ese amigo confiable y, por los millones de argentinos y también por los millones de salvadoreños, vamos a seguir trabajando de la mano y aspiramos a convertirnos en ese faro de esperanza para el continente americano, que curiosamente el mundo y los globalistas van transitando hacia políticas que van en contra del sentido común. Nuestra gobernanza, nuestras políticas son de sentido común y creen en los valores de la sociedad en los valores de la familia y sobre eso vamos a seguir transitando.
*Si bien en Argentina el gobierno impulsó recientemente un proyecto para modificar la ley de seguridad interior, que aún se encuentra en trámite legislativo y prevén trabajar en una ley antimafias con juicios grupales, no hay evidencias de que el plan aplicado en Rosario tenga relación con las reuniones entre los funcionarios de los gobiernos de Milei y Bukele.