Los días para las familias de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, son extremadamente dolorosos y transcurren entre trámites legales, conversaciones con abogados, policías y los recuerdos de sus hijos en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Los cuatro menores de entre 11 y 15 años desaparecieron y posteriormente fueron encontrados calcinados tras un operativo militar ocurrido en la provincia ecuatoriana de Guayas, la noche del 8 de diciembre.
El 31 de diciembre recibieron la peor noticia para una familia: la Fiscalía confirmó que los cuerpos calcinados correspondían a los tres adolescentes y un niño que se encontraban desaparecidos desde hacía 23 días. La confirmación oficial llegó minutos después de que un juez ordenara prisión preventiva para los 16 militares investigados por presunta desaparición forzada.
Durante el velorio de los menores, Luis Arroyo, padre de Josué (14) e Ismael (15), se colgó las medallas que habían ganado sus dos hijos en los torneos de fútbol en los que participaron. CNN contactó a Arroyo este viernes y brevemente indicó que este fin de semana se dedicaría a orar en la iglesia por el descanso de sus hijos y que continuará exigiendo transparencia y justicia a las autoridades.
“No se quedará impune. Voy a luchar hasta el final. Amén”, expresó Arroyo, quien recibió el apoyo y solidaridad de sus amigos, familiares y vecinos durante los funerales.
En los últimos días Arroyo participó en concentraciones en los exteriores de la unidad judicial que lleva el caso, exigiendo justicia en medio de la angustiosa espera por conocer sobre el paradero de sus hijos.
“No entiendo por qué les hicieron eso”: el mensaje de las familias indignadas
El año comenzó para los familiares de Saúl, Steven, Josué e Ismael cargado de indignación, repudio y llanto. El primero de enero, los restos de “los 4 de las Malvinas” fueron velados en sus hogares y luego sepultados en el cementerio del suburbio de Guayaquil en medio de cantos, oraciones y abrazos. Los féretros envueltos en plástico fueron trasladados hasta el cementerio, en medio de la consternación de los habitantes de la zona.
Llorando y mirando al cielo, Felicia Valdez, abuela de Steven Medina (11), dijo a la cadena local Teleamazonas que es incomprensible que esto haya ocurrido. “No es justo que les hagan esto a estos niños, no es justo, no entiendo por qué les hicieron eso”, expresó.
Mientras Eddy Solís, tía de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, insistió en el sufrimiento que este hecho ha dejado en los padres de los menores. “Que se haga justicia en todo lo que está pasando aquí, que se den cuenta que las madres sufren, imagínese que hay una a la que se le murieron dos hijos”, exclamó entre sollozos.
También hubo duras frases de algunos asistentes al entierro. Según videos del velorio difundidos por Teleamazonas y la cadena local Ecuavisa —afiliada de CNN— varios asistentes arremetieron contra el Gobierno y las fuerzas militares. “Desaparecen niños y el Gobierno no hace nada”, fue uno de los gritos durante el funeral. “Queremos justicia”, fue otra de las consignas. Mientras que sus compañeros gritaban: “Hermano regresa, tenemos que jugar”.
En los próximos días se conocerá la fecha para la reconstrucción de los hechos, y se espera que un testigo clave del caso —que asegura haber prestado su celular la noche de la desaparición para que uno de los menores llamara a su padre, Luis Arroyo— siga aportando información. Durante la llamada, una de las víctimas habría dicho a Arroyo que fueron retenidos por militares mientras jugaban fútbol, y que estos los habrían golpeado y abandonado en la zona de Taura, según el relato de Arroyo a Ecuavisa y que el propio ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, mencionó en una declaración en días pasados. “Los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares”, puntualizó.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo a Radio Centro el 26 de diciembre que reconocía los errores durante el operativo militar, a la vez que cuestionó que se intente posicionar la idea de “que los militares son unos locos que salen en gavillas para secuestrar y desaparecer menores”.
Los familiares tienen previsto presentar la próxima semana acusaciones particulares contra los 16 militares detenidos en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, y analizan también interponer una denuncia adicional por el delito de ejecución extrajudicial. Esta intención ya fue rechazada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
“No se puede hablar de crimen de Estado”, dice el ministro de Gobierno
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, negó tajantemente que este hecho pueda configurar delitos relacionados con un crimen de Estado e indicó que el propio Gobierno ha pedido a la Fiscalía una investigación.
“Existe una formulación de cargos por delito de desaparición forzada, no por ejecución extrajudicial ni ninguna de estas cosas. Tampoco se puede hablar de crimen de Estado ni de crimen de lesa humanidad que lleven a endilgar necesariamente un nexo causal entre el primer acto de la desaparición forzada y el asesinato de los niños. Ese asesinato no puede quedar impune y hemos pedido a la Fiscalía que investigue. Creemos que esos responsables tienen que ser llevados ante la justicia (…) No estamos tapando nada, nosotros no estamos encubriendo nada, no estamos en una agenda de impunidad”, dijo este jueves en rueda de prensa.
Unicef pide reparación integral a las familias
La oficina en Ecuador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó este viernes el hecho e hizo un llamado a las autoridades para que los familiares de las víctimas sean reparados.
“Esta pérdida irreparable deja una herida que atraviesa a todo el país y que solo sanará en la medida en que exista justicia, reparación integral y la garantía de que esto no vuelva a suceder”, enfatizó Unicef Ecuador en un comunicado.
“La indiferencia no permite corregir errores”: Comité Permanente de DD.HH. de Ecuador
Tras el crimen de “Los 4 de las Las Malvinas”, Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, con sede en Guayaquil, dijo a CNN que durante el primer año de la declaratoria de conflicto interno armado la organización ha visto un “ascenso de violaciones a los derechos humanos en un contexto de militarización en Ecuador”.
Navarrete, quien junto a su equipo ha acompañado la defensa de las familias de los menores, señaló que cabe promover en la Asamblea un proceso de juicio político contra el ministro de Defensa, quien señaló en días pasados que la detención de los menores el 8 de diciembre por parte de militares se produjo en el contexto de un robo, algo que no fue denunciado y de lo que la Fiscalía adelantó durante la audiencia de habeas corpus del 24 de diciembre que no existe evidencia.
“La comunidad de Las Malvinas les tenía un extendido cariño, alejado de lo que el Ministerio de Defensa hizo a propósito de que decía que habían cometido un robo. Una versión al aire sin ningún soporte documental, ni nada que lo justifique”, puntualizó Navarrete.
El 31 de diciembre en la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite la solicitud de juicio político contra el ministro Loffredo por supuesto incumplimiento de funciones en el caso. CNN solicitó comentarios al Ministerio de Defensa sobre el pedido de juicio político que se tramita en la Asamblea y está a la espera de respuesta. La institución señaló en un comunicado que colaborará con las investigaciones “sin reservas ni condicionamientos”.
Billy Navarrete también se refirió al silencio que hasta el momento ha guardado el presidente Noboa tras la confirmación de las identidades de los cuerpos de los menores y calificó su conducta de “indiferente”.
“La indiferencia no permite corregir errores porque no los ve, eso es un problema para un gobernante distante de una realidad que una mayoría sufre, este silencio está enmarcado en esa conducta que ha venido gestándose desde que ocupó el poder”, enfatizó.
CNN solicitó comentarios a la Presidencia de Ecuador, que tampoco ha anunciado ningún pronunciamiento oficial de Noboa en redes sociales.
Reacciones internacionales
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre lo sucedido en el país vecino. “Colombia ha visto esto que se narra aquí, una y otra vez: militares matando niños negros. Racismo y exclusión juvenil juntos. Será la justicia del Ecuador la que determine responsabilidades. Cuando en Colombia indígenas y militares se juntaron para recobro de la selva 4 niños para la vida, se marcó un nuevo destino entre las armas públicas y el pueblo. Ahí es donde militares y pueblos se juntan. Es la vida el puente de la unión”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
La embajada de Estados Unidos en Ecuador lamentó este hecho y expresó que la justicia debe primar en el caso.
“Instamos y acogemos con beneplácito la intención anunciada por el Gobierno del Ecuador de llevar a cabo una investigación rápida y transparente por parte de las autoridades apropiadas, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los derechos humanos, el Estado de derecho y la seguridad en el Ecuador. La justicia debe prevalecer”, puntualizó.