Luisa González es una de las principales candidatas presidenciales para las elecciones del 9 de febrero en Ecuador. Es un nuevo intento tras perder en 2023 en segunda vuelta frente al actual mandatario, Daniel Noboa, quien también se postula, esta vez para mantenerse en el cargo.
González, aspirante por el Movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, fue antes asambleísta por el mismo partido. Trabajó con el entonces mandatario como secretaria nacional de Administración Pública y secretaria general del Despacho Presidencial. Por ello es considerada la candidata correísta.
En su plan de gobierno, reivindica la década gobernada por Correa y asegura que este es un “momento crítico” de la historia.
Seguridad ciudadana: restablecer el Ministerio de Justicia
González identifica la inseguridad como uno de los problemas más graves que enfrenta Ecuador.
Como lo hizo en su campaña anterior, la candidata propone restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, así como reestructurar los Ministerios del Interior y de Gobierno.
González quiere depurar las filas de la fuerza pública y promover una “reinstitucionalización” del país mediante un proceso “constituyente participativo”. La candidata suele referirse con ello a un rescate del modelo correísta, de las instituciones y de los principales postulados con los que Correa gobernó durante 10 años.
En cuanto a la lucha contra el crimen organizado, propone, entre otros puntos, un “pacto ético” de toda la sociedad para fortalecer sus principios y legislación para transparentar el financiamiento de los partidos políticos.
Para modernizar a la Policía Nacional, González apuesta por el uso de tecnologías avanzadas, fomentando la utilización de inteligencia artificial para fortalecer el sistema integrado de seguridad Ecu 911.
Energía: mayor control estatal
González critica la gestión de Noboa por la profunda crisis eléctrica que atraviesa Ecuador y los prolongados apagones que marcaron el último año. Su plan de gobierno aborda un enfoque de transición energética y sostenibilidad ambiental, con la implementación y expansión de proyectos de energía solar, eólica, hidráulica y otras fuentes limpias.
Propone también recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, varias de las cuales se construyeron durante el correísmo, señaladas en el plan como un sector estratégico del Estado. También busca la regulación de los que llama “oligopolios energéticos”, cambiando las condiciones de las subastas para que las energías renovables tengan una retribución estable.
El plan no menciona un posicionamiento sobre las importaciones eléctricas, si busca mantenerlas o sustituirlas. Actualmente Ecuador importa energía de Colombia para suplir el déficit interno de energía.
Una economía pospetrolera
Teniendo en cuenta que cerca del 30% de las exportaciones de Ecuador son petroleras, González propone una economía que estimule la producción en otros sectores.
Su plan indica una transición con incentivos para sectores de valor agregado, con el objetivo de lograr un incremento relativo de la participación de la manufactura y de las industrias con alta incorporación de conocimiento y tecnología frente a la producción total.
En el plano económico, la candidata traza una propuesta de recuperación de liquidez de la economía con el fin de proteger la dolarización, un sistema monetario que ya cumplió 25 años en el país, con importante aprobación ciudadana y que suele ser tema de debate en cada elección
En un video publicado en sus redes, González expresó que la defensa de ese modelo se daría a través del aumento del número de divisas que ingresan al país, el fortalecimiento de la industria nacional para aumentar las exportaciones y la inversión en educación, salud e infraestructura.
Además, propone una auditoría integral de la deuda pública desde 2017 (cuando Correa dejó la Presidencia). Según cifras oficiales a octubre 2024, la deuda pública de Ecuador es de US$ 62.428 millones, y la relación con el PIB es de 50,72%, casi el doble del porcentaje registrado en mayo de 2017 (US$ 27.871 millones, 27,7% del PIB).
El plan también incluye el establecimiento de un sistema masivo de créditos a tasas bajas “para desendeudar a las familias”, aunque no aclara el enfoque de esta propuesta, teniendo en cuenta que las tasas de interés del sistema bancario, por la dolarización, están ancladas a las directrices de la Reserva Federal estadounidense.
Educación y salud gratuitas, universales y de calidad
La candidata de Revolución Ciudadana propone democratizar el acceso a la educación y garantizar el derecho a una educación pública de calidad y gratuita en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el tercer nivel universitario. El plan incluye la recuperación y fortalecimiento de las Unidades Educativas del Milenio (UEM), instituciones públicas experimentales consideradas de alto nivel, para que la población escolar de las zonas rurales pueda integrarse a ellas.
En el área de la atención médica marca una consolidación del Sistema Nacional de Salud y la inclusión de las unidades de salud privadas como prestadoras de servicios médicos a través del Estado y bajo un sistema único de salud. También contempla un blindaje ante “cualquier posibilidad de privatización de los hospitales del Estado”.
En Ecuador, el sistema público y la seguridad social dependen también de prestadores privados y desde hace algunos años el Estado mantiene una millonaria deuda por estos servicios, tanto con el Ministerio de Salud como con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. González no se ha referido a estos compromisos y tampoco figura en su programa de gobierno.
Igualmente proyecta retomar la formación de personal de salud e impulsar la producción de medicamentos genéricos en la industria nacional.
Empoderamiento, inclusión y derechos
Si González gana la elección, sería la primera presidenta electa de Ecuador, teniendo en cuenta que el país ya tuvo el mandato interino de Rosalía Arteaga en 1997(por cinco días, tras la destitución de Abdalá Bucaram)
El plan remarca la “igualdad fundamental entre hombres y mujeres” y convoca a la participación equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
Entre otros puntos, propone promover la igualdad de género, implementar un plan de lucha contra la violencia y la discriminación, apoya la educación integral en temas de sexualidad y consigna la defensa al derecho de todas las personas a “tomar decisiones informadas y autónomas sobre su reproducción”, reconociendo que el control sobre la propia reproducción es “esencial para el bienestar y la autonomía de la mujer”.
En Ecuador, el aborto es legal únicamente en casos de violación, con un límite de 12 semanas de gestación, o cuando el embarazo presenta un riesgo para la gestante. En el debate en la Asamblea por la ley en 2022, González votó en contra de la despenalización del aborto.