Nota del editor: Alice Driver es una periodista freelance y traductora, cuyo trabajo se centra en inmigración, derechos humanos y equidad de género. Actualmente está radicada en Ciudad de México y es autora del libro “More or Less Dead: Feminicide, Haunting, and the Ethics of Representation in Mexico”. Los comentarios de este artículo pertenecen solo a la autora.
(CNN) – Durante su campaña presidencial, Donald Trump hizo un comentario muy famoso sobre que debería haber “alguna forma de castigo” para el aborto.
Aunque después trató de deshacer esos comentarios, tanto él como sus compañeros republicanos han estado progresando silenciosamente —desde que llegó a la presidencia— en una agenda para asegurarse de que las mujeres tengan tan pocas opciones como sea posible en temas reproductivos y educación, incluyendo acceso limitado a planes de control natal y cuidado preventivo que ofrece Planned Parenthood.
Esta semana la Cámara de Representantes aprobó la “Ley de protección del niño no nacido capaz de sentir dolor”, una ley que criminaliza los abortos después de las 20 semanas de gestación.
A través de un comunicado, la Casa Blanca apoyó la medida, diciendo que el presidente Trump firmará esta ley si pasa en el Senado.
En 2014, la Suprema Corte declinó escuchar el caso sobre la prohibición de 20 semanas de Arizona, dejando en pie una decisión del Noveno circuito de apelaciones de Estados Unidos, que decía que la ley de Arizona violaba múltiples decisiones de la Suprema Corte, incluyendo la de Roe vs. Wade.
En julio, el gobierno de Trump propuso un recorte de 213.600 millones para los programas e investigación de prevención de embarazos adolescentes, a pesar de que esos programas hayan demostrado reducir los embarazos no deseados y el aborto.
El caso de El Salvador
Si los estadounidenses quieren saber cómo es las vidas de las mujeres en países donde el aborto e incluso los abortos espontáneos tienen sanciones penales, deberían escuchar a las mujeres de El Salvador, donde he estado haciendo reportes para un proyecto sobre mujeres que están en prisión.
En El Salvador, el aborto es ilegal, sin excepciones para violaciones, incesto o si la vida de la madre está en riesgo. A menudo, las mujeres pobres son acusadas de homicidio agravado incluso en casos de aborto espontáneo.
Para poner en contexto la situación sobre los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, este país tiene uno de los índices más altos en embarazos adolescentes en América Latina, donde, como le dijo un funcionario de salud a Reuters en 2016, más de un tercio de todos los embarazos ocurrieron entre adolescentes de entre 10 y 19 años.
Casi dos de cada cinco embarazos entre de niñas de entre 10 y 12 años de El Salvador son producto de una violación o de incesto, pero los violadores a menudo quedan impunes, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA. Desde 1998, al menos 150 mujeres han sido procesadas bajo la ley de aborto de El Salvador.
En 2013, el caso de ‘Beatriz’, una mujer de 22 años, llegó a la Corte Suprema de El Salvador. Debido a varias condiciones médicas el embarazo puso su vida en peligro y ella quería practicarse un aborto. Pero la Corte falló en su contra y fue obligada a seguir con su embarazo, y su hijo nació por cesárea y vivió durante cinco horas.
A sus 20 años, Adriana, una mujer de San Salvador, dio a luz a un niño que no respiraba. Ella estaba sola en su casa cuando esto ocurrió.
“Mi cuerpo temblaba. Era media noche. No había transporte”, relata ella, que pidió que su nombre fuera cambiado por cuestiones de seguridad. Cuando llegó al hospital, Adriana dijo que el personal, en vez de darle atención médica, la acusó de homicidio y llamó a la policía. Ella fue enviada a la Prisión de Mujeres de Ilopongo donde pasó cinco meses antes de que su caso llegara a la Corte. Un juez la acusó de homicidio agravado y le dio la máxima sentencia: 30 años.
Según María Rosa Cruz, de 50 años, una sicóloga de San Salvador que trabaja ayudando a mujeres, que fueron encarceladas por abortar, después de su tiempo en prisión, en El Salvador prácticamente hay un conducto directo del hospital a la prisión para mujeres pobres que sufren abortos espontáneos.
“Básicamente, estas son mujeres pobres jóvenes que nunca han aprendido sobre su sexualidad y sobre sus derechos reproductivos, y muchas de ellas son víctimas de abuso”, explica Rosa Cruz. “No verás a ninguna mujer rica en prisión”, explicó Rosa Cruz.
Educar a las personas sobre la autonomía corporal de las mujeres en un país donde el aborto es un crimen, es una batalla para algunas mujeres que han luchado por décadas en El Salvador.
Morena Herrera es la fundadora y presidenta del Grupo por la Descriminalización del Aborto en San Salvador, y está muy familiarizada con casos como los de Adriana.
“El problema es que el aborto no es entendido como un tema de derechos humanos, salud pública o justicia social”, dice ella.
Herrera habló sobre el daño psicológico que se le causa a una mujer al obligarla a tener un niño después de una violación o cuando su hijo está muerto o tiene graves malformaciones.
“Conozco mujeres que tienen niños que son producto de una violación”, dice ella. “Recuerdo a una amiga que me decía ‘vi a mi bebé amamantando y me prometí que le trasmitiría solo amor y no el odio hacia mi violador que corre por mis venas, pero hay veces en las que sus gestos o expresiones son como las de él, y no puedo manejarlo’”.
Recientemente El Salvador impuso una ley que hacía posible que los violadores se casaran con niñas menores de edad que ellos habían violado. En 2017, una niña de 12 años que fue violada por un hombre de 34 años fue obligada a casarse con él. El caso fue ampliamente cubierto por los medios, porque muchas organizaciones de derechos de las mujeres estaban trabajando para poner fin a esa ley.
El ejemplo de El Salvador para Estados Unidos
Sugerir que las mujeres sean castigadas por tener abortos, no es la única similitud riesgosa entre Estados Unidos y El Salvador.
En marzo el representante estatal republicano por Oklahoma George Faught dijo que la violación y el incesto eran parte de la voluntad de Dios. Además, en 2017, legisladores republicanos en Missouri presentaron una ley para darle protecciones de libertad religiosa a centros de crisis de embarazo que usualmente están abiertos cerca de clínicas de aborto y tratan de convencer a las mujeres de no tener abortos.
Este tipo de retórica religiosa también es empleada en El Salvador, donde la iglesia juega un papel importante en las decisiones del gobierno. Símbolos y eslóganes antiaborto en las calles de San Salvador, usualmente muestran símbolos religiosos como rosarios que dicen “No es tu cuerpo, es tu hijo”, o muestran una foto de un bebé que dice “Mi vida está en tus manos”.
De hecho, como resalta Amnistía Internacional en su reporte “Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador”, fue una campaña por parte de la Iglesia católica la que terminó con la creación de la ley de 1998 que hace que el aborto sin excepciones sea ilegal.
Mientras las mujeres en Estados Unidos enfrentan una realidad en la que tienen cada vez menos opciones reproductivas, en la que los programas de prevención de embarazos están teniendo recortes, la anticoncepción no está cubierta por los servicios de salud, y el aborto es técnicamente legal pero no está disponible en muchas áreas debido al cierre de las clínicas, la situación en El Salvador da un ejemplo de lo que podríamos esperar si los republicanos logran su meta de larga duración de revertir la ley del caso Roe vs. Wade.
Cuando visité la Prisión de Mujeres de Ilopango, donde mujeres jóvenes y viejas han estado encarceldas durante décadas por haber tenido un aborto, vi sus rostros y pensé en las amigas y familiares que conozco, incluyendo a mi propia madre, que han tenido abortos.
Según información del Ministerio de Salud citada por Amnistía Internacional, entre 2005 y 2008, hubo 19.290 abortos, de los cuales 11% provocaron la muerte de la madre.
E imagino qué tan diferente serían sus vidas —y la mía— si todas ellas hubieran ido a prisión.