(CNN) – Ronald Leonard espera que el sheriff llegue a la puerta de su casa en Daytona Beach, Florida, cualquier día después de que expire la prohibición federal de desalojos el sábado.
“Soy un desastre”, dijo Leonard, un jubilado que vive de ingresos fijos. “Si termino en la calle, nunca sobreviviré”.
Como muchas de las 11,4 millones de personas que están atrasadas actualmente con el pago del alquiler, Leonard pudo permanecer en su casa después de que el propietario solicitara un desalojo debido a la moratoria federal de desalojos. Implementada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en septiembre pasado para detener la propagación del coronavirus, la orden prohibió el desalojo de los inquilinos por falta de pago del alquiler.
La moratoria de los CDC —controvertida y confusa desde el principio y continuamente cerca de una fecha límite de vencimiento— fue una “curita en una herida que necesitaba ser curada”, dijo David Dworkin, presidente y director ejecutivo de Conferencia Nacional de Vivienda.
La Casa Blanca anunció el jueves que no pediría a los CDC que volvieran a extender la protección, que expira el 31 de julio, y pidió al Congreso que tome medidas. A la administración Biden le hubiera gustado extenderla (ya se ha extendido cuatro veces) dado el aumento de los casos de covid-19 debido a la variante Delta, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, citó el fallo de la Corte Suprema de que se necesitaría una “autorización clara y específica del Congreso” —nueva legislación— para que los CDC extiendan la moratoria más allá de su fecha límite actual.
El Comité de la Cámara de Representantes se reunió este viernes para considerar un proyecto de ley para extender la moratoria federal de desalojos hasta diciembre, pero no existe un amplio apoyo bipartidista y se enfrenta a un futuro incierto en el Senado.
La administración de Biden también pidió a las agencias gubernamentales que extendieran sus respectivas prohibiciones de desalojos, que también expirarán el 31 de julio. El viernes, agencias como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) ampliaron sus limitadas protecciones contra desalojos, prohibiendo el desalojo de aquellos que viven en propiedades de vivienda unifamiliar, aseguradas por el gobierno federal, hasta septiembre.
La moratoria de desalojo de los CDC y otras protecciones han impedido que se apliquen un estimado de 2,2 millones de solicitudes de desalojo desde marzo de 2020, según Peter Hepburn, investigador del Laboratorio de Desalojos y profesor asistente de sociología en la Universidad de Rutgers en Newark.
“Estas moratorias y protecciones no han sido perfectas, pero sin duda han tenido un efecto masivo en la prevención de solicitudes de desalojo”, dijo Hepburn.
Esto se debe a que una cantidad sin precedentes de ayuda federal para el alquiler —US$ 46.000 millones— se abre camino a través de los estados, ciudades y puntos de distribución locales para los propietarios e inquilinos que la necesitan. La ayuda es el último salvavidas al que pueden aferrarse muchos inquilinos. Pero para muchos, no llegará a tiempo.
Ningún lugar a donde ir
Leonard, de 68 años, alquiló su apartamento de una habitación en Tzadik Park, a fines de marzo de 2020, justo cuando la pandemia se extendía por todo el país. Sería un nuevo comienzo para él después de que se deteriorara la relación con los miembros de su familia. Planeaba quedarse ahí durante un año mientras buscaba una casa de retiro más permanente de acuerdo a sus ingresos.
El exoperador de equipo pesado vive con un ingreso mensual de US$ 1.159 proporcionados por el Seguro Social. Con un alquiler mensual de US$ 819, incluidos los servicios públicos, los costos de vivienda representaron el 75% de sus ingresos. Pero podía pagarlo, incluso mientras luchaba por amueblar su apartamento vacío con lo básico. Después de julio, cuando su médico le dijo que se quedara en la casa para protegerse del virus, sus gastos aumentaron. Tuvo que pagar más por los artículos de primera necesidad y que se los entregaran a su domicilio, por lo que se atrasó en el alquiler.
Cuando su alquiler no se pagó en marzo de 2021, junto con US$ 1.433 en alquiler atrasado después de varios meses de pagos parciales y cientos de cargos más por realizar pagos atrasados al no pagar el alquiler en su totalidad, el propietario solicitó el desalojo.
Leonard tiene ahora US$ 5.688 atrasados en el alquiler, según Christina Alletto, directora de personal de Tzadik Properties, que posee y administra Tzadik Park, así como otros edificios en más de seis estados.
Encontró algo de seguridad al invocar la protección de los CDC y solicitó asistencia para el alquiler. Pero su casero no aceptó los fondos, dijo.
En un correo electrónico a CNN Business, Alletto dijo que la compañía trabajó con él, proporcionándole la documentación necesaria para solicitar el alivio del alquiler, pero que la asistencia que estaba solicitando cubría solo el alquiler de un mes, no el saldo total.
“El señor Leonard declaró en su carta [para solicitar] asistencia que compró muebles nuevos con su cheque de estímulo en lugar de pagar el alquiler, por lo que le negaron más asistencia”, dijo Alletto, refiriéndose al distribuidor de asistencia para el alquiler.
Leonard dice que había estado durmiendo en el piso durante muchos meses después de mudarse al apartamento porque no había podido comprar un colchón. Dijo que gastó US$ 69 en un colchón de aire.
Alletto dijo que Tzadik sigue aceptando fondos de ayuda para el alquiler y está dispuesto a trabajar con inquilinos que tienen problemas. “El desalojo es siempre un último recurso después de que se hayan explorado todas las demás vías con cada residente individual”, dijo en el correo electrónico.
Pero Leonard, que hasta ahora había estado protegido por la prohibición de desalojo de los CDC, se está quedando sin vías para explorar. Su último esfuerzo por permanecer en su casa es una carta al juez en el caso de desalojo explicando que ahora tiene una solicitud pendiente por 12 meses de apoyo para el alquiler y espera recibirlo, pero no cree que llegue antes de que expire la prohibición de desalojo.
Con problemas médicos y sin ningún lugar adonde ir más que “en la calle”, pidió más tiempo en su carta manuscrita. “Se pagará todo el alquiler, pero no sé si se pagará antes del 31 de julio… por favor, ayúdenme para que no pierda todo lo que tengo”.
Millones en riesgo de desalojo
Hay millones de inquilinos como Leonard en riesgo de desalojo a medida que el reloj avanza. Más de 3 millones de personas dijeron que probablemente serían desalojadas “en los próximos dos meses”, según una encuesta del censo realizada a principios de julio, y casi 5 millones de inquilinos dijeron que no podrán pagar el alquiler de agosto, según la misma encuesta.
Incapaz de extender la protección, la administración de Biden ha cambiado su enfoque para acelerar la distribución de apoyos para pagar el alquiler, racionalizar las aplicaciones y alentar a las comunidades a crear rampas de salida para que millones de personas no se caigan en un precipicio de desalojos.
“Sabemos desde hace casi un año que la moratoria de desalojo eventualmente llegaría a su fin”, dijo Dworkin. “En diciembre, el Congreso asignó US$ 25.000 millones para ayudar a los inquilinos. Hemos tenido siete meses para gastar ese dinero. No hay excusa de que no esté en manos de quienes más lo necesitan”.
Si bien a algunos estados y localidades les está yendo mejor que a otros para distribuir el dinero, solo una fracción de los US$ 46.000 millones destinados para la ayuda del alquiler, incluyendo el dinero del estímulo de diciembre y el Plan de Rescate Estadounidense, ha llegado a los inquilinos y propietarios.
“Estamos viendo la primera fila de la crisis de desalojos”, dijo Dworkin. “Se concentrará en los estados que tienen el mayor impacto y la menor protección para los inquilinos”.
Los estados donde los residentes tienen el mayor riesgo de desalojo incluyen Carolina del Sur, Mississippi, Georgia, Alabama y Nueva Jersey, según un informe de Eviction Risk Insights de UrbanFootprint, una empresa de datos de planificación urbana. Su investigación también muestra que los inquilinos negros tienen más del doble de riesgo de desalojo en comparación con los inquilinos blancos, con aproximadamente el 25% de la población en riesgo negra y el 11% blanca.
Las áreas donde es más probable que las personas sean desalojadas también son áreas más propensas a tener tasas de vacunación más bajas, según una investigación del Laboratorio de Desalojos.
“Dadas las bajas tasas de vacunación en las áreas con mayor riesgo de desalojo y la rápida propagación de la variante Delta del covid-19, el caso de salud pública para una moratoria de desalojo es tan fuerte hoy como lo era cuando los CDC instituyeron originalmente la política, “dijo Hepburn.
Encontrar nuevas protecciones
Valeria Allieti, una madre soltera que vive en Las Vegas, se vio afectada por sus ingresos cuando la pandemia le impidió limpiar casas.
Se atrasó en pagar el alquiler de US$ 1.270 mensuales por la casa de cuatro habitaciones que comparte con sus tres hijos, pero encontró protección bajo la moratoria de desalojo.
Allieti dijo que se mostraba reacia a solicitar el apoyo para el pago del alquiler, ya que estaba acostumbrada a ser una madre soltera que necesita solucionar sus problemas ella misma.
“No me siento poderosa debido a la moratoria”, dijo a través de un traductor. “Me siento como una mala persona. Siempre he podido hacerlo yo sola”.
Pero ahora debe alrededor de US$ 6.000 en alquiler atrasado y considera que solicitar asistencia es su mejor protección contra el desalojo después de que expire la moratoria de los CDC.
Nevada ha extendido su protección contra el desalojo para aquellos que están en el proceso de solicitar asistencia para el alquiler. El estado también aprobó una ley para sellar los registros de desalojo de la pandemia.
“A pesar de la moratoria de desalojo y las protecciones para inquilinos que hemos ganado, enfrentamos una batalla cuesta arriba”, dijo Lalo Montoya, director político y coordinador de justicia de vivienda en Make the Road Nevada.
Para Allieti, eso significa esperar con la mayor paciencia posible a que llegue el apoyo para el alquiler para poder pagar lo que debe y quedarse en su casa.
“En este momento siento que no puedo concentrarme en mi día a día”, dijo Allieti. “Me siento perdida en las nubes. Me preocupa la perspectiva de perder nuestro hogar, la incertidumbre sobre lo que podría pasar”.
Si está buscando asistencia de emergencia para el alquiler, hay una lista de búsqueda de programas disponibles en el Tesoro de los EE.UU. y también listas administradas por la Coalición Nacional de Vivienda para Personas con Bajos Ingresos y la Conferencia Nacional de Vivienda.