(CNN Español) – Durante cuatro sesiones de una audiencia pública que comenzó el pasado 10 de mayo, Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), relató ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y representantes de las víctimas del paramilitarismo las supuestas relaciones entre ese grupo de extrema derecha y miembros de la fuerza pública, militares, policías, políticos, civiles y empresarios durante varios años de violencia en Colombia.
Mancuso también entregó detalles sobre asesinatos y masacres que ordenaron él y otros comandantes contra cientos de personas en diferentes zonas del país.
El exjefe paramilitar ya había hecho varias de estas afirmaciones ante la justicia ordinaria y ante la llamada Jurisdicción de Justicia y Paz, creada durante la desmovilización de la AUC entre 2003 y 2006, en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. El 13 de mayo de 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 13 altos mandos de las autodefensas que eran solicitados por el delito de narcotráfico en ese país.
En su relato en la audiencia ante la JEP, que se realizó en Montería, departamento de Córdoba, Mancuso ––declarando de forma remota desde Estados Unidos ––mencionó nombres de políticos que habrían apoyado su causa, entre ellos el exvicepresidente Francisco Santos. “Francisco Santos vino en representación de la oligarquía colombiana, porque en la capital estaban preocupados por la llegada de las FARC cerca de Bogotá, se nos pide la creación de un bloque, que hasta sugirió el nombre de Bloque Capital”, aseveró Mancuso en la diligencia judicial.
“Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió”, afirmó Santos en un comunicado público el pasado 10 de mayo.
Durante las audiencias, Mancuso afirmó también que las autodefensas incidieron en varias campañas y elecciones presidenciales, entre ellas la del liberal Horacio Serpa, ya fallecido; el conservador Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que en ese entonces estaba en el partido de Unidad Nacional.
“Le exijo al cobarde asesino Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. De no hacerlo, pierde, aquí y allá, todos los beneficios que le concede la justicia especial”, dijo el expresidente conservador Andrés Pastrana este lunes tras conocer las declaraciones de Mancuso.
La familia de Horacio Serpa dijo mediante un comunicado público este lunes: “Creemos y apoyamos el ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como el esclarecimiento de la verdad. Nunca nos hemos opuesto a esos esfuerzos y confiamos en que su buen nombre y su honra serán reivindicados. El país conoce la verticalidad de Horacio Serpa en la lucha contra toda forma de violencia y su compromiso con la democracia”.
El exjefe de las AUC también hizo señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que el exmandatario había retirado en 2003 la protección a Eudaldo Díaz, exalcalde de la localidad de El Roble en Sucre, y que eso habría permitido que los paramilitares lo asesinaran. “En un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, sostuvo Mancuso ante los magistrados de la JEP.
“Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al alcalde de El Roble, si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad”, respondió Uribe de inmediato este lunes en su cuenta en Twitter.
Una revelación del exjefe paramilitar que motivó la acción inmediata del Gobierno actual tiene que ver con la supuesta desaparición y asesinato de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela. El canciller Álvaro Leyva anunció en un comunicado que se puso en contacto con su homólogo Yván Gil Pinto para activar los mecanismos que permitan “localizar los restos mortales de colombianos dados por desaparecidos en zonas de frontera, sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso”.
Las declaraciones de Mancuso ante la JEP han desatado una serie de controversias políticas en Colombia.
“Creo en la Justicia y en el tribunal especial para la paz. Las confesiones allí tienen un gran peso, de ellas dependen años de cárcel de cualquier persona. La mentira en una declaración ante la JEP lleva al delincuente de lesa humanidad a décadas de condena”, afirmó el presidente Gustavo Petro el domingo en su cuenta en Twitter.
Por su parte, el expresidente Iván Duque afirmó este lunes: “La tal ‘verdad’ de Mancuso es una venganza con el Gobierno que lo sometió a la justicia y lo extraditó a los EE.UU. Por supuesto, lo que busca, es eludir sus crímenes en Colombia ante Justicia y Paz y que lo incluyan en la JEP para no pagar cárcel”.
Mancuso, quien compareció de manera virtual desde el Centro de Detención Stewart del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), busca con sus declaraciones acceder a los beneficios de la justicia transicional.
El exjefe paramilitar cumplió una condena por narcotráfico tras su extradición a ese país en 2008 y desde entonces está pendiente de que se le defina su situación jurídica. Sus abogados piden que sea puesto en libertad y que sea enviado a Italia, país en donde tiene nacionalidad y familiares, pero Mancuso aún tiene cuentas pendientes en Colombia por delitos de guerra y de lesa humanidad.
Tras la Audiencia Única de Aporte a la Verdad de la JEP, ese tribunal decidirá si Mancuso es acogido o no por la jurisdicción especial creada tras los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC para tener derecho a penas alternativas distintas a la reclusión en una cárcel.
Este lunes, la JEP rechazó el sometimiento de Rodrigo Tovar Pupo, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia más conocido como “Jorge 40”. Según lo magistrados, no demostró voluntad en aportar a la verdad y no contribuyó decididamente a esclarecer los crímenes para las víctimas y para la sociedad.
Es un antecedente de lo que podría pasar a cualquier persona, incluido Mancuso, que quiera acceder a los beneficios de la justicia transicional, pero que no aporte información nueva, relevante, y probada de sus acusaciones y denuncias.
Hasta el momento, 13.737 personas, entre exguerrilleros de las FARC, exmilitares, agentes del Estado diferentes a la fuerza pública, civiles y empresarios financiadores del conflicto armado, se han sometido a la JEP y esperan decisión de sus casos, de acuerdo con el propio tribunal.