(CNN) – Compras frenéticas de municiones, el asesinato a la luz del día de un alcalde y el creciente número de cadáveres dentro de las cárceles de Ecuador indican que la turbulenta crisis de seguridad del país va de mal en peor.
El país andino, una nación relativamente pacífica hasta hace unos años, ahora está plagado de una guerra territorial entre organizaciones criminales rivales. En medio de la brutal violencia, una de las peores en décadas, el Gobierno anunció en junio la compra de 24 millones de cartuchos para armas de fuego, una cifra que supera con creces la población del país, para reforzar los servicios de seguridad.
La violencia ha sido más pronunciada en la costa del Pacífico de Ecuador donde los grupos criminales luchan por controlar y distribuir narcóticos, principalmente cocaína. Durante el fin de semana, Agustín Intriago, el alcalde de Manta, la sexta ciudad más grande de Ecuador, fue asesinado a tiros junto a Ariana Chancay, una joven atleta con la que estaba hablando en la calle.
El país también ha perdido el control de sus cárceles, que muchas veces están gobernadas por bandas criminales. Más de 400 reclusos han sido asesinados tras las rejas desde 2021, según el servicio penitenciario, muchos de los cuales fueron asesinados durante una serie de macabras masacres.
Este lunes, el servicio penitenciario reveló que al menos 96 guardias habían sido hechos rehenes de los reclusos dentro de las mismas cárceles que deberían estar custodiando, mientras que cientos de reclusos iniciaron una huelga de hambre para exigir mejores condiciones y protestar por la violencia.
Al día siguiente, el fiscal general de Ecuador anunció que al menos 18 personas habían muerto durante un levantamiento de varios días en una prisión de la ciudad portuaria de Guayaquil.
¿Por qué Ecuador se ha vuelto tan violento?
El sistema penitenciario ha sido durante mucho tiempo el principal teatro de violencia en Ecuador. Las fuerzas de seguridad han tenido problemas para enfrentar a las pandillas dentro de prisiones superpobladas, donde los reclusos a menudo toman el control de las secciones de las penitenciarías y dirigen redes criminales desde detrás de las rejas, según las autoridades ecuatorianas.
El asediado presidente del país, Guillermo Lasso, ha nombrado a cinco directores diferentes del servicio penitenciario en poco más de dos años en el cargo, pero ninguno de ellos ha logrado reducir la violencia.
Las autoridades pensaron que el derramamiento de sangre podría contenerse tras las rejas, pero eso cambió en los últimos años. Ecuador se ha convertido en parte integral de las lucrativas rutas de tráfico de cocaína desde América del Sur hacia América del Norte y Europa, según expertos en seguridad.
Ecuador no tiene antecedentes de producción de cocaína, ni de su ingrediente principal, la coca, pero se encuentra entre los dos puntos críticos de producción de narcóticos más grandes del mundo: Perú y Colombia.
Convenientemente para los traficantes, Ecuador alberga varios puertos acostumbrados a manejar una gran cantidad de exportaciones de mercancías, incluido petróleo crudo, bananos y atún en America. Manta, por ejemplo, es el principal puerto atunero del país, proporcionando medio millón de toneladas de pescado por año a los mercados internacionales, y un flujo interminable de barcos de carga y de pesca que pueden ser explotados para el tráfico ilícito.
Esos puertos han hecho de Ecuador un punto de partida ideal para la cocaína producida en Colombia, Perú o Bolivia. Los analistas, incluido el coronel Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del ejército ecuatoriano, le dijeron a CNN que sindicatos extranjeros como los cárteles mexicanos, las pandillas urbanas brasileñas e incluso las células de la mafia albanesa han cooptado a organizaciones locales en Ecuador para que actúen como soldados rasos en el conflicto en curso.
La dolarización de la economía ecuatoriana en el 2000 también lo convirtió en un lugar fácil para que los grupos criminales lavaran ganancias ilícitas, dicen los analistas.
La inseguridad económica también ha ayudado a algunos ecuatorianos a cometer delitos. Al igual que muchos países de la región, Ecuador se vio profundamente afectado por los bloqueos y restricciones durante la pandemia de covid-19. Más de la mitad de su fuerza laboral está en la economía informal, lo que significa que millones de personas no tenían un contrato ni paquetes de beneficios en los que confiar cuando el país cerró. Esto despejó el camino para los reclutadores criminales, dicen los analistas.
La crisis también ha afectado al sistema de seguridad y justicia con denuncias de corrupción en los tribunales y la Policía. El año pasado, EE.UU. retiró las visas a oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, presuntamente vinculados al narcotráfico, así como a varios jueces y abogados.
¿Cómo ha respondido el gobierno?
El presidente Guillermo Lasso ha implementado varios estados de emergencia para frenar el derramamiento de sangre en el país. Ante el resurgimiento de la violencia en los últimos días, Lasso llamó al estado de emergencia en la provincia de Manabí, donde fue asesinado el alcalde. El estado de emergencia también se extiende a las zonas donde ha estallado la violencia dentro del sistema penitenciario.
El Consejo de Seguridad Pública de Ecuador declaró a las bandas criminales como parte de organizaciones terroristas en abril y, el 2 de junio, Lasso autorizó al personal de seguridad a aplicar fuerza letal en operaciones antipandillas. “¡Se acabó el absurdo de que un policía tenga que esperar a que un criminal le dispare a él o a un conciudadano antes de responder al fuego!”, dijo Lasso en ese momento.
Las fuerzas ecuatorianas han estado participando en simulacros mientras se prepara para enfrentar la violencia.
El mes pasado, CNN siguió a las fuerzas especiales ecuatorianas en una base militar no lejos de la capital, Quito, donde se vio a cadetes con chalecos antibalas aprendiendo a manejar armas semiautomáticas.
“Todo policía debe poder enfrentar el crimen organizado, incluso usar un arma de fuego cuando sea necesario”, dijo el general Fausto Salinas, comandante en jefe de la Policía, en una conferencia de prensa para anunciar las nuevas direcciones de las fuerzas de seguridad.
Pero a pesar de una mayor potencia de fuego, el país está muy lejos de poner fin a la crisis.
Mientras tanto, el gobierno del país está bloqueado en un patrón de espera, después de que Lasso, quien enfrentaba un voto de juicio político, disolvió el Congreso liderado por la oposición en mayo y allanó el camino para elecciones generales anticipadas el 20 de agosto.
Lasso descartó postularse para un nuevo mandato en la encuesta, en la que competirán por el cargo la favorita Luisa González, del partido de izquierda ‘Revolución Ciudadana’; el conservador Otto Sonnenholzner y el líder indígena Yaku Pérez, entre otros.
Si ninguno de los candidatos gana decisivamente en la primera vuelta, se realizará una segunda vuelta el 15 de octubre.
Todos los candidatos se han comprometido a frenar la escalada de violencia. Pero en medio de un punto muerto político y una escalada de violencia día a día, la paz todavía se siente lejana para este pequeño país.