(CNN) – La idea de que cualquier candidato a la Casa Blanca se presente ante los tribunales, apenas seis días antes de las asambleas electorales de Iowa, para cuestionar un entendimiento de 250 años sobre el alcance de la presidencia es extraordinaria.
Pero Donald Trump volverá a intentar estirar esos poderes para salvarse este martes en una jugada judicial de alto riesgo que, si tiene éxito, lo colocaría a él y a cualquier otro presidente electo por encima de la ley.
Dada la creencia tantas veces manifestada por el 45º presidente de que tenía poderes casi omnipotentes cuando estuvo en el cargo –y que aún podría tener derecho a ellos– el espectáculo histórico que está a punto de desarrollarse no es tan sorprendente. El favorito para la nominación republicana dice que estará en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia para ver a sus abogados argumentar que tiene “inmunidad absoluta” de ser procesado en su caso de interferencia federal en las elecciones de 2020.
El caso, y un juicio inminente, surge de los esfuerzos de Trump por frustrar la voluntad de los votantes después de que perdió las elecciones de 2020 ante Joe Biden. Pero dada su proximidad a las asambleas electorales de Iowa del lunes, que dan inicio a la votación de 2024, el caso representa un siniestro presagio de cómo Trump prevé un posible segundo mandato. El ex comandante en jefe ya advirtió que un posible regreso a la Casa Blanca estaría dedicado a una “retribución”, lo que probablemente pondría a prueba las restricciones constitucionales como nunca antes.
Este lunes, Trump hizo reclamos de inmunidad similares en Georgia , donde está tratando de desestimar los cargos penales a nivel estatal en su contra, que se derivan de sus esfuerzos por subvertir las elecciones en el estado indeciso.
Si fuera capaz de establecer en los tribunales, aunque sea en un caso muy improbable, que un expresidente está libre de procesamiento por presuntos delitos que cometió mientras estaba en el poder, no solo podría aflojar las barreras constitucionales que rodean el cargo si gana en noviembre. Podría cambiar la forma en que actúan los presidentes en el futuro y la medida en que se puede controlar cualquier instinto autocrático.
Trump ya ha dado una seria advertencia sobre cómo reaccionaría si se rechaza su apelación y termina de regreso en la Casa Blanca.
“Por supuesto que, como presidente de los Estados Unidos y Comandante en Jefe, tenía derecho a inmunidad. No estaba haciendo campaña, las elecciones habían terminado hacía mucho. Estaba buscando fraude electoral y encontrándolo, que es mi obligación, y de otra manera gobernando nuestro país”, escribió Trump en su red Truth Social el lunes. “Si no obtengo inmunidad, entonces el corrupto Joe Biden no obtiene inmunidad”, continuó escribiendo Trump, diciendo: “Joe estaría listo para ser acusado”.
Una vez más, mientras busca asegurar una gran victoria en Iowa la próxima semana, Trump está tratando de aprovechar su peligro criminal para promover su narrativa de campaña de que está siendo perseguido políticamente.
Trump ha hecho una carrera de acumular poder
Durante una turbulenta carrera en los negocios, a través de su personaje dominante en el mundo del espectáculo en “The Apprentice” y durante una presidencia tumultuosa, Trump se deleitaba en ser la persona más poderosa en la sala. El expresidente, dos veces impugnado y cuatro veces acusado, a menudo da la impresión de que las reglas y leyes que gobiernan a todos los demás no se aplican a él. Se declaró inocente de todos los cargos penales en su contra.
Se espera que su apelación ante el panel de apelaciones de tres jueces termine en la Corte Suprema, que denegó la solicitud del fiscal especial Jack Smith de saltarse los tribunales de apelaciones y acelerar el asunto sin comentarios ni disidencia manifiesta. Muchos expertos ven la apelación de Trump como un intento de retrasar su juicio, que debía comenzar en marzo, hasta después de las elecciones de noviembre. Pero nadie podría negar que también encaja con el patrón de Trump de intentar someter el poder a su voluntad.
Argumenta que sus intentos de anular las elecciones de 2020 fueron consistentes con sus deberes oficiales como presidente, como lo establece la Constitución, de garantizar que las leyes se ejecuten fielmente. Pero es una perversión del cargo sugerir que tratar de interrumpir la transferencia de poder cae en algún lugar dentro de los deberes del presidente. No existe ninguna función constitucional para el presidente a la hora de contar votos o certificar los resultados electorales.
Smith, que dirige la investigación electoral federal, advirtió en una presentación ante el tribunal de apelaciones que la posición de Trump, si se mantiene, podría abrir el camino para que futuros líderes estadounidenses ejerzan el poder de manera mendaz, diciendo que “amenaza con dar licencia a los presidentes para cometer crímenes para permanecer en el cargo”. Según la interpretación de Trump de la ley, el presidente permanecería libre de procesamiento por tales transgresiones incluso después de que ya no esté en el poder.
La jueza Tanya Chutkan, que supervisará el juicio electoral federal de Trump si pierde sus apelaciones y sigue adelante, podría haber estado describiendo toda la visión de Trump sobre la presidencia al rechazar sus argumentos en su tribunal inferior. Escribió que sus “cuatro años de servicio como Comandante en Jefe no le otorgaron el derecho divino de los reyes a evadir la responsabilidad penal que rige a sus conciudadanos”.
Esta idea de que Trump efectivamente estaba (y quizás en el futuro podría estar) por encima de la ley fue rechazada por varios jueces, ya que parece ir en contra de un principio estadounidense fundamental.
En otro caso de la corte de apelaciones en Washington, el juez principal Sri Srinivasan contradijo el mes pasado una de las creencias fundamentales de Trump de que todo lo que un presidente dice o hace en el cargo está protegido de responsabilidad.
El presidente “no pasa cada minuto de cada día ejerciendo responsabilidades oficiales”, decía la opinión de Srinivasan al dictaminar que el expresidente podría ser demandado en tribunales civiles por los acontecimientos relacionados con el ataque de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. “Y cuando actúa fuera de las funciones de su cargo, no sigue gozando de inmunidad. …Cuando actúa a título privado y no oficial, está sujeto a demandas civiles como cualquier ciudadano privado”.
“Los presidentes no son reyes”
La visión del expresidente sobre el alcance sin obstáculos de la autoridad presidencial luce muy parecida a la del expresidente Richard Nixon, quien se vio obligado a dimitir por el escándalo Watergate en 1974. “Bueno, cuando el presidente lo hace… eso significa que no es ilegal”, dijo Nixon en su famosa serie de entrevistas pospresidenciales con David Frost.
Mientras Trump todavía era presidente, otro juez de la corte de apelaciones, Ketanji Brown Jackson, quien desde entonces fue elevado a la Corte Suprema por Biden, expresó su opinión sobre su toma de poder cuando ordenó al abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, que testificara ante la Cámara de Representantes sobre la investigación sobre Rusia. Jackson citó a los fundadores James Madison y Alexander Hamilton y al diplomático francés Alexis de Tocqueville para explicar la naturaleza de la presidencia.
“En pocas palabras, la conclusión principal de los últimos 250 años de historia estadounidense registrada es que los presidentes no son reyes”, escribió Jackson.
Trump estaría en desacuerdo. A menudo ha argumentado que los presidentes tienen poder absoluto y su mandato de cuatro años fue un ejercicio constante para luchar contra las limitaciones que los tribunales, los precedentes históricos y sus propios abogados y personal de la Casa Blanca intentaron imponer. Trump, por ejemplo, insistió en que una llamada telefónica en la que parecía utilizar la perspectiva de ayuda militar para obligar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a anunciar una investigación sobre Biden y su familia era “perfecta”. (La Cámara lo acusó por abuso de poder sobre ese tema, pero el Senado no lo condenó). Presentó argumentos similares cuando surgieron pruebas de que había suplicado a los funcionarios electorales republicanos en Georgia que “encontraran” votos suficientes para revocar la victorial lectoral de Biden en el crítico estado indeciso.
Las creencias y malentendidos de Trump sobre el trabajo de la presidencia quizás se resumieron mejor en su declaración de julio de 2019 de que la Constitución le otorgaba un poder indómito. “Tengo un Artículo II, donde tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente”, dijo. “Pero ni siquiera hablo de eso”. El artículo II de la Constitución establece los deberes de la presidencia (pero, al menos en las interpretaciones convencionales, no sugiere una autoridad ejecutiva ilimitada).
Estos argumentos pueden ser fundamentales para resolver los problemas legales profundamente peligrosos de Trump. Y como cuestión constitucional, podrían resonar en las generaciones venideras. Pero su estatus como figura dominante en el Partido Republicano, su retórica extrema y sus promesas de ejercer un poder de hombre fuerte –una parte clave de su atractivo para sus seguidores– significan que también son una cuestión política vital e inmediata.
Trump no deja dudas de que, si regresara a la Casa Blanca, primero ejercería la autoridad presidencial para intentar poner fin a su responsabilidad penal cerrando sus casos federales. También se ha comprometido a destripar agencias como el FBI, a las que considera un instrumento de un “Estado profundo” que quiere atraparlo.
Biden advirtió en un discurso el viernes que Trump representaba una grave amenaza para la democracia estadounidense.
“El ataque de Trump a la democracia no es sólo parte de su pasado. Es lo que promete para el futuro. Está hablando claro. No está ocultando el balón”, dijo Biden.