(CNN Español) – Por estos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está visiblemente molesto. Así se le ha visto en público y en sus comentarios en redes sociales. Todo comenzó el 24 de enero cuando la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades que se habrían presentado al cancelar una licitación para la fabricación de pasaportes. “No nos van a dejar gobernar”, manifestó el mandatario en un discurso público en la población de El charco, Nariño, en el sur del país.
A pesar de la sanción disciplinaria, el ministro de Relaciones Exteriores no ha acatado la medida. “Si las autoridades desvían su conducta de los principios democráticos, debilitan la Constitución y erosionan las bases de su legitimidad”, dijo el 1 de febrero el viceprocurador Silvano Gómez al advertir que el desacato del canciller y del presidente de la República atenta contra el Estado de derecho. La Procuraduría anunció que el 15 de febrero se iniciará el juicio disciplinario contra Leyva quien, a través de su abogado, interpuso un recurso jurídico ante el ministerio público para tratar de frenar las decisiones en su contra.
Este lunes Yefferson Dueñas, abogado del canciller, envió una comunicación por escrito a la Procuraduría en la que afirma que el funcionario “no puede separarse del ejercicio de sus funciones sin que exista un acto administrativo que así lo protocolice por parte de su nominador, so pena de verse expuesto a investigaciones por abandono del cargo de cargo e incumplimiento de sus deberes funcionales”. La Cancillería ha manifestado que en todo lo que tiene que ver con este caso la vocería estará a cargo del abogado de Leyva.
El canciller, previo al pronunciamiento de la Procuraduría, había rechazado los cuestionamientos y ha dicho en varias declaraciones públicas que ha actuado apegado a la ley.
A la molestia del presidente por la situación del canciller se sumaron los reclamos a varios de sus ministros por la presunta falta de resultados en la ejecución del presupuesto de la nación para cumplir con los objetivos sociales del gobierno, según pudo confirmar CNN en conversaciones con dos funcionarios presentes en la tensa reunión de ministros de la semana pasada. Varios funcionarios, entre ellas la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, muy cercana al mandatario, presentaron su renuncia. Petro no se la aceptó, pero en cambio sí al entonces director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González.
Al malestar del mandatario, también se añaden las críticas a su Gobierno por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 que se iban a realizar en la ciudad de Barranquilla, norte de Colombia.
Una vez conocida la decisión final de Panam Sports, organizadora de los Juegos, Petro, a quien varios sectores de la oposición e incluso del partido de gobierno Pacto Histórico lo señalan de no haber hecho lo suficiente para garantizar la realización del encuentro deportivo regional, dijo que la culpa no era de su administración. “El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el comité olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente de Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia”, sostuvo este jueves en su cuenta en la red social X.
El expresidente Iván Duque le respondió este viernes al mandatario. “Como presidente tuve el honor de liderar la organización de los Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Bolivarianos, los Mundiales Juveniles de Atletismo, y de organizar en Barranquilla la Asamblea del BID, y el Congreso Mundial de Juristas. Con el alcalde @jaimepumarejo avanzamos para traer la Fórmula 1 y conseguimos los Juegos Panamericanos después de 50 años. Estos dos últimos se perdieron por el saboteo y negligencia del actual Gobierno. La evidencia lo dice todo”, afirmó en su cuenta en X.
Pero si algo tiene realmente molesto a Petro es la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la campaña presidencial, cuyo más reciente capítulo es el supuesto aporte por el equivalente a US$ 127.000 de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que no se habría reportado en los ingresos oficiales y con el que se habrían violado los topes legales permitidos.
“Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo”, manifestó Petro en un mensaje en la red social X el viernes. Petro no se ha pronunciado de manera directa sobre si ese dinero entró o no a la campaña. Aunque en el comunicado del 2 de febrero sostiene que “incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”.
Ese mismo día, el mandatario fue más allá y pidió a sus seguidores organizarse para salir a las calles para defender a su Gobierno, tanto en esa publicación como en un comunicado oficial dirigido a la opinión pública.
“Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular”, afirmó el mandatario en el mismo pronunciamiento.
Fecode también llamó a sus agremiados a manifestarse en las calles este jueves. “Jornada Nacional de Movilización: en defensa de la democracia y el Estado Social de Derecho. Por la libertad de asociación y de expresión, no más estigmatización ni persecución a FECODE, al movimiento sindical y social”, expresó el sindicato mediante un comunicado público.
Desde diversos sectores políticos, económicos y de opinión se han hecho llamados a la mesura y a evitar violencia en las calles. “Desde el Consejo Gremial se hace un llamado al fortalecimiento de la institucionalidad, mantener las acciones propias de la democracia dentro de nuestro marco constitucional y a la calma, serenidad y responsabilidad”, manifestó en un comunicado público Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. En este mismo sentido se expresó en X el investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DEJUSTICIA, Rodrigo Uprimmy. “He rechazado extralimitaciones de la Procuradora y del Fiscal Barbosa. Rechazo igualmente esta declaración del presidente Petro, que agrava los riesgos de ruptura institucional. Su deber, como jefe de Estado, es el contrario: garantizar la unidad nacional y el respeto de Constitución”, escribió.
Quienes respaldan al mandatario también han salido a respaldarlo públicamente, como en el caso de Gustavo Bolívar, exsenador y excandidato a la alcaldía de Bogotá por Pacto Histórico, el partido de gobierno. “Pueblo, el presidente Petro denuncia un Golpe de Estado orquestado desde la Fiscalía. Debemos estar atentos porque el triunfo progresista nos costó décadas de lucha y miles de vidas. No lo vamos a entregar a quienes mataron a nuestra gente y quieren tomar el poder por la fuerza para seguir saqueando y violentado este país”, manifestó en su cuenta en X.
El fiscal general Francisco Barbosa, cuyo mandato termina el lunes 12 de febrero, ha mantenido serias diferencias públicas con Petro. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia, en reunión plenaria, podría escoger su remplazo de la terna enviada por el mandatario a esa entidad y que está conformada por tres mujeres juristas entre las que figuran Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo. Si la Corte Suprema no elige el reemplazo de Barbosa, quedará de manera interina en el cargo la actual vicefiscal Marta Mancera, con quien Petro también ha expresado serias diferencias.
“Lo que busca el fiscal general es un golpe de Estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones”, manifestó Petro el sábado en un comunicado público. Este pronunciamiento lo hizo al responder a una cuenta falsa del fiscal Barbosa en la red social X y en la que se anunciaban presuntas medidas penales contra miembros de su campaña electoral y directivos de FECODE. “El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, no tiene cuentas abiertas en ninguna red social como X, Facebook, entre otras”, manifestó la fiscalía general mediante un comunicado. “Toda la información oficial de la fiscalía general de la Nación se publica a través de los canales oficiales de la entidad (en X @FiscaliaCol; en Instagram FiscaliaCol; y en Facebook Fiscalía General de la Nación) y su página web http://www.fiscalia.gov.co”, precisó la comunicación publicada en la página oficial de la entidad.
Barbosa no se ha pronunciado sobre la denuncia de supuesto golpe de estado y ruptura institucional que ha hecho Petro. CNN ha solicitado una reacción a su oficina, pero señalaron que por el momento no van a responder. El pasado 30 de enero, en entrevista con Fernando del Rincón durante el programa Conclusiones de CNN en español, el fiscal Barbosa dijo que no es opositor al presidente Gustavo Petro, sino al crimen organizado. Señaló que, aunque su labor ha sido vista como opositora al gobierno “en términos políticos”, él solo se ha dedicado a defender la institucionalidad del país.
Actualmente la Fiscalía adelanta un proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El 11 de enero, ante un juez penal especializado de Barranquilla, el ente investigador pidió llevarlo a juicio. Petro Burgos fue arrestado el 29 de julio de 2023 tras una investigación derivada de unas declaraciones de su entonces esposa Daysuris Vásquez a la revista Semana, en las que dijo que el hijo del presidente habría recibido de manera ilegal dineros de exnarcotraficantes y personas investigadas por corrupción a nombre de la campaña presidencial de 2022. Ambos fueron capturados por la Fiscalía y posteriormente, en las audiencias ante un juez de garantías, decidieron colaborar con la justicia y por eso se les otorgó el beneficio de excarcelación. Desde ese mismo día, el presidente Petro dijo que a su campaña no habían entrado dineros ilícitos.
En varias ocasiones, a través de sus abogados, de sus redes sociales y de comunicados de prensa, Nicolás Petro ha manifestado que es inocente de los cargos que se le imputan. Esto, después de renunciar al acuerdo inicial con la Fiscalía en el que se había comprometido a revelar supuestos nombres de personas que le habrían dado dineros que habría pedido para la campaña de su padre y de los que se habría apropiado de manera ilícita.