(CNN Español) – Tras meses de proceso legislativo, la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, conocida comúnmente como ley de amnistía, fue aprobada este jueves en España.
¿Qué dice la polémica ley de amnistía de España?
Contexto
Desde la presentación del proyecto de ley, en noviembre de 2023, por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la polémica acompañó a esta legislación, sobre todo porque se le vio como una forma de garantizar el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts Per Catalunya (JxCat) para que Pedro Sánchez pudiera lograr su investidura como presidente del Gobierno español, esto apenas unos días después del registro del proyecto de ley.
Los partidos catalanes JxCat y ERC pidieron públicamente a Sánchez una amnistía para los líderes del fallido intento de independencia de Cataluña de 2017; de otra manera, no sumarían su apoyo para formar Gobierno y lograr su investidura.
Tanto antes como durante el proceso de investidura, en el que Sánchez logró la mayoría para formar Gobierno, se produjeron protestas en España donde miles de personas, principalmente convocadas por el derechista Partido Popular (PP), se manifestaron contra la ley de amnistía.
Luego de meses de tensión y ya con la ley aprobada este jueves, Sánchez dijo que “en política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy, España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”.
Por su parte, la presidenta del Gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, prometió apelar la nueva ley ante el Tribunal Constitucional de España, el más alto del país.
¿Qué beneficios otorga la ley de amnistía?
El artículo 1 de la ley señala que se dará amnistía a los “actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023”.
En pocas palabras, la aplicación de la ley extinguiría la responsabilidad de estas personas en los ámbitos penal, administrativo y contable, según menciona el artículo 3.
El Gobierno español estimó al inicio de la tramitación de esta norma que puede llegar a beneficiar a más de 300 personas involucradas en la promoción del proceso independentista de Cataluña y a 73 agentes de policía.
Sin embargo, hay actos que no podrán recibir amnistía, según el artículo 2 de la ley, tales como:
- “Actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad”.
- “Actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes […], a excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física”.
- “Actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo […] y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”.
- “Actos tipificados como delitos en cuya ejecución hubieran sido apreciadas motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminación referente a la religión y creencias de la víctima, su etnia o raza, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.
- “Actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”.
- “Actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional […], siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España”.
- “Actos tipificados como delitos contra la Comunidad Internacional”.
¿Qué es amnistía?
La amnistía, tal y como recoge la Real Academia Española (RAE), es el perdón que los poderes públicos conceden a la comisión de un delito y a la posible pena aparejada.
“La amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción”, aclara el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la RAE.
Otros detalles que marca la ley
De acuerdo con el artículo 7, las personas que se beneficien de la amnistía de sus actos “no dará derecho a percibir indemnización de ninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo”.
Tampoco se hará una restitución por las cantidades pagadas por multas, “salvo las satisfechas por imposición de sanciones al amparo de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, con excepción de las impuestas por infracciones muy graves”.
Por su parte, a los empleados públicos con actos amnistiados se les podrán reintegrar sus derechos y podrán reincorporarse a su trabajo “si hubieran sido separados de ellos”, señala el artículo 6.
¿Cuándo entra en vigor?
Después de su aprobación en el Congreso de los Diputados, la ley de amnistía entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría demorar unos días, aseguró el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños.
Una vez que la ley entre en vigor, se dará un plazo máximo de dos meses para que los órganos judiciales, administrativos o contables que han llevado las causas contra los posibles beneficiarios la apliquen.
Posibles complicaciones en la aplicación de la ley
Los órganos que conocen de las causas que se pueden beneficiar de esta medida “puedan plantearse la posible colisión de esta ley con el derecho de la Unión Europea y con el texto constitucional”, explicó a CNN el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Chozas Alonso.
Lo anterior quiere decir que los órganos que revisan las causas de los posibles beneficiarios de la amnistía pueden plantear “una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o […] ante el Tribunal Constitucional”, agregó.
En ese sentido, antes de que un órgano pueda elevar una de estas cuestiones y paralice la aplicación de la amnistía, la legislación española contempla que “los tribunales deben pedir a las partes –si fuera un proceso penal, a las partes incluido el Ministerio Fiscal– su parecer; y darles un plazo de diez días para que muestren su parecer”, informó el experto en Derecho Procesal.
“Después de escuchar a las partes, el tribunal, si sigue convencido de que puede existir una colisión entre el texto de la Ley y el derecho de la Unión Europea, plantearían la cuestión prejudicial que, sin lugar a dudas, suspendería en ese concreto procedimiento cualquier medida”, añadió.
De ahí, la aplicación de la amnistía quedaría en suspenso hasta que se pronunciara el tribunal ante el que se presentara la cuestión. Un pronunciamiento que podría demorar meses o años en llegar, señaló Chozas Alonso.
– Con información de Pau Mosquera y Al Goodman, de CNN.