(CNN Español) – Las biografías de los mayores protagonistas de uno de los capítulos más oscuros y violentos de la historia reciente de Perú volvieron a entrelazarse este miércoles, con la muerte del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien falleció exactamente en la misma fecha, pero de 2024, que Abimael Guzmán, el sanguinario líder del grupo terrorista Sendero Luminoso que puso en jaque al gobierno peruano durante varios años con su lucha armada hasta su captura en 1992.
Fujimori, ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses, sorprendió como outsider y ganó las elecciones en 1990 con la promesa de estabilizar a un país azotado por la hiperinflación y el conflicto armado interno.
Para ese entonces, Sendero Luminoso, fundado por Guzmán, un profesor universitario de filosofía, ya llevaba una década como grupo subversivo, con masacres y el asesinato de miles de civiles, muchos de ellos campesinos, además de policías y militares. Los ataques habían pasado del campo a las ciudades, con atentados a la red eléctrica que dejaban a oscuras a una sociedad atemorizada que clamaba por paz. Guzmán, conocido en sus filas bajo el alias de Presidente Gonzalo, era sinónimo del horror.
Para 1992, el grupo terrorista consideraba que estaba en una etapa de “equilibrio estratégico” frente a las Fuerzas Armadas. Eran frecuentes los ataques en los barrios precarios de la periferia de Lima. No había mayor rastro de Guzmán, quien había desarrollado en sus filas un culto a la personalidad.
Por su parte, Fujimori, sin una bancada fuerte en el Congreso, había recibido algunas facultades legislativas, pero no conseguía la aprobación de todas sus políticas económicas neoliberales de austeridad y reclamaba más herramientas para la lucha antisubversiva.
El mandatario, amparado en el contexto de caos, protagonizó en abril de 1992 un autogolpe de Estado: disolvió el Congreso, sacó tanques a la calle y detuvo a opositores, una maniobra conocida como “Fujimorazo”.
Lejos de conseguir la calma, en julio ocurrió uno de los peores atentados en Lima: la explosión de un coche-bomba en el distrito de Miraflores que dejó 25 muertos y más de 250 heridos.
Pero el bálsamo llegó en septiembre. Guzmán fue capturado en un operativo del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional, en una vivienda en una zona residencial de Lima. Allí lo detuvieron sin un disparo junto a la cúpula de su organización, desde entonces el grupo, de estructura pronunciadamente vertical, se desmoronó.
El país era una fiesta. Según informó El Comercio, Fujimori se enteró de la captura cuando estaba en un viaje en la provincia de Iquitos. De todas formas, podía celebrar el cumplimiento de su promesa de que para 1995 habría liberado al Perú de Sendero Luminoso, realizada en entrevista con El País.
Posteriormente, lo exhibió como un animal enjaulado, con un traje a rayas, caminando y gritando proclamas.
Pero el camino a la captura no fue sencillo ni mucho menos pacífico.
Mientras Guzmán utilizó el terror en su intento de conquistar el poder, Fujimori apeló al terrorismo de Estado para mantener el país en un puño.
Antes del operativo que culminó con la captura de Guzmán ocurrieron en Lima las masacres de La Cantuta (en julio de 1992, con un profesor universitario y nueve estudiantes secuestrados y desaparecidos) y de Barrios Altos (ocurrida en noviembre de 1991, con 15 asesinatos, incluido un niño), realizados por el Grupo Colina, un escuadrón clandestino del Ejército. Fujimori sería condenado décadas después a 25 años de cárcel por homicidio calificado y lesiones como autor mediato de estas matanzas. No llegó a ser juzgado por la masacre de Pativilca, también a manos del grupo paramilitar.
Una vez logrado el gran objetivo contra el terrorismo y con la economía estabilizada, Fujimori gozaba de amplio respaldo. Ganó las elecciones de 1995 con el 64% de los votos, con más de 40 puntos de ventaja sobre el segundo candidato, y su partido logró más de la mitad de los escaños en el Congreso. Lo que pudo ser un camino de redención tras la violencia estatal y el autogolpe se convirtió en una deriva autoritaria marcada por la corrupción y otros delitos.
Entre 1995 y 2000, su Gobierno llevó adelante una política de planificación familiar en zonas rurales en la que, según grupos de derechos humanos, miles de mujeres sufrieron esterilizaciones forzadas, pero el caso no llegó a ser juzgado.
Su candidatura a un tercer mandato desató las críticas de sus adversarios, quienes aseguraban que no podía postularse. Pero la Justicia y el Legislativo le dieron luz verde después de una interpretación de la Constitución.
Las acusaciones de corrupción lo acompañaron de principio a fin de su gestión. En su primer mandato, su entonces esposa, Susana Higuchi, denunció que su familia vendía ropa donada. En sus últimos días como presidente, otorgó US$ 15 millones de indemnización a su saliente asesor Vladimiro Montesinos, protagonista de los “vladivideos” que desencadenaron la caída del Gobierno, al mostrar pagos en efectivo a opositores para pasar al oficialismo. Fujimori fue condenado a más de siete años de cárcel por “peculado doloso y falsedad ideológica” por esa entrega ilegal a Montesinos y la Justicia también lo condenó en 2015 por el desvío de fondos militares para comprar líneas editoriales de periódicos sensacionalistas, en los que se atacaba a la oposición, pero luego la Corte Suprema anuló la sentencia.
En noviembre de 2000 renunció a la presidencia desde el extranjero, pero el Congreso rechazó su carta y lo destituyó.
Si Fujimori, con sus reformas económicas y constitucionales modernizó al país, con un legado que incluye una de las macroeconomías más estables de Sudamérica, también socavó el sistema democrático con efectos notoriamente palpables en la sucesión de seis mandatarios entre 2018 y 2022.
Guzmán nunca mostró un arrepentimiento por su sanguinaria toma del Estado por la fuerza. Tampoco lo hizo Fujimori por sus crímenes, aun después de pasar años en prisión y salir por un indulto.
El procurador antiterrorista Milko Ruiz dijo a la agencia Andina en 2019 que de los 3.702 millones de soles (unos US$ 977 millones) que se impuso a la cúpula senderista como reparación civil, el Estado había cobrado apenas poco más de US$ 150.000 y se habían embargado siete inmuebles.
En el caso de Fujimori, adeudaba al Estado 51 millones de soles (US$ 13,5 millones) y nunca pagó ni una parte, según afirmó a RPP el procurador general del Estado, Javier Pacheco.
Ambos murieron a los 86 años. Los restos de Guzmán fueron cremados y esparcidos en un lugar reservado, para evitar desorden público. Por su parte, Fujimori es despedido con honores fúnebres en un nuevo aniversario de la captura del líder terrorista, siendo visitado por sus numerosos simpatizantes, y será enterrado en un cementerio privado.