(CNN Español) – La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, basado en el hecho de que el Consejo de Estado ratificó su investidura como congresista.
La Corte dice que dada esa condición “Santrich” tiene aforo constitucional y es esa corporación la que debe procesar al líder del ahora partido FARC por las acusaciones de narcotráfico.
“Por unanimidad la Sala de Casación Penal declaró fundada la impugnación de competencia presentada por la defensa del exjefe guerrillero y dispuso el envío inmediato del expediente por narcotráfico en su contra, a la Sala Especial de Instrucción de la Corte”, dice.
Semanas de incertidumbre
El 17 de mayo, poco después de que saliera de la cárcel La Picota por minutos y luego volviera ser ingresado, la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que indicó las razones de la recaptura.
El comunicado afirma que luego de que “la garantía de no extradición que le fue concedida fue oportunamente acatada por la Fiscalía General de la Nación”, se incorporaron nuevas evidencias y elementos de pruebas “que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte”.
La Fiscalía nombra en su comunicado la declaración de Marlon Marín Marín, sobrino de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien fue negociador por la guerrilla en el proceso de paz entre las FARC y el Gobierno.
En entrevista con Fernando Ramos, de CNN en Español, el entonces fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, habló sobre un video, de casi siete minutos, que la Fiscalía compartió en su página web este miércoles y que la JEP dice no haber recibido.
“A juicio de los fiscales y los investigadores, [la reunión del video] era una operación de narcotráfico. Y allá aparecieron las grabaciones de un grupo de escoltas, de auxiliares y finalmente apareció la voz del señor Santrich. Y de esas evidencias, más evidencias que aportó el gobierno de Estados Unidos a la JEP, se concluye de que se trataba de una negociación de un cargamento de cocaína de diez toneladas, que habían sido valoradas y negociadas en 15 millones de dólares”, le dijo Martínez a Ramos en CNN en Español.
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¿Quién es ‘Jesús Santrich’ y qué pasa con su caso?
‘Jesús Santrich’ es uno de los líderes de la extinta guerrilla de las FARC que negoció y firmó en 2016 el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.
‘Jesús Santrich’ fue capturado por las autoridades en 2018 por acusaciones en su contra relacionadas con narcotráfico. Una circular roja de la Interpol menciona que mínimo desde junio de 2017 y hasta abril de 2018, ‘Santrich’ “conspiró con otros para producir y distribuir aproximadamente 10.000 kilogramos de cocaína en Colombia para ser importada a Estados Unidos y otros lugares”. Por este caso Estados Unidos lo pedía en extradición. ‘Santrich’, su defensa e incluso el partido FARC han sostenido repetidamente que no hay pruebas serias contra su cliente y que todo se trata de un “montaje judicial”.
El acuerdo de paz establece que los exguerrilleros no son sujetos de extradición ni se enfrentarían a la justicia ordinaria por delitos cometidos ANTES del acuerdo de paz, es decir antes del 1 de diciembre 2016. Pero como la acusación decía que había cometido delitos DESPUÉS de la firma del acuerdo, el exguerrillero debía ser sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos.
Santrich estaba privado de su libertad desde el 9 de abril de 2018.
La decisión de la JEP: no extradición
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el mecanismo es el mecanismo de justicia transicional pactado en los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Con la JEP se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado colombiano.
Es decir, es un tribunal especial.
Tras meses de revisar el proceso contra Hernández Solarte, la JEP decidió “aplicar la garantía de no extradición” a favor de Santrich.
Esta decisión se basó, según dijo la JEP en un comunicado, en que no pudo establecer en qué fecha se cometió el supuesto delito de narcotráfico que le hacía el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York al exlíder guerrillero, pues “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas”.
“La decisión de no extraditar no está implicando un monumento a la impunidad de esa conducta”, dijo Jesus Bobadilla, magistrado de la JEP, que agregó que “los exintegrantes de las Farc-EP ostentan la garantía de no extradición hasta tanto se acredite que no se cumple el factor temporal”.
Además, agrega la JEP, “en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”.
Es decir, la JEP no recibió pruebas suficientes para determinar la supuesta culpabilidad de Santrich por crímenes cometidos después de 2017, y por eso negó su extradición a Estados Unidos.
Pero la Fiscalía insistió en que los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016 y publicó en su cuenta de Twitter videos y audios que comprueban, según el acusador, que las conductas fueron cometidas en agosto y noviembre de 2017.
La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz ordenó la liberación de Seuxis Paucias Hernández Solarte.
El partido FARC celebró en un comunicado la decisión de la JEP: “El montaje contra nuestro camarada Jesús Santrich ha sido derrumbado”, y agregan que a Pascuas Hernández “se pretendió extraditar sin prueba alguna”.
La renuncia del Fiscal
La sorpresiva decisión de la JEP provocó una tormenta política sin precedentes en el país. Mientras los medios apenas reportaban la decisión de la JEP, el fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez, en cuestión de minutos, renunciaba de manera “irrevocable” a su cargo.
“Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito, mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, dijo Martínez.
Para Martínez, la decisión de la JEP “consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico” y “expone a la sociedad frente al crimen”. El fiscal insistió en que existen pruebas “concluyentes” e “inequívocas” con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1° de diciembre de 2016.
Choque de trenes
La decisión de la JEP y posterior renuncia del fiscal profundizaron división en un país ya de por sí polarizado por los acuerdos de La Habana.
Por este caso la Fiscalía entró en una polémica con la JEP porque según el máximo organismo de investigación, la Justicia Especial solo tenía competencias para establecer la fecha en que se cometió el supuesto delito, y no entrar a revisar las pruebas.
En la rueda de prensa que dio el fiscal Martínez el 15 de mayo, insistió en que las pruebas muestran que los hechos de los que se le acusa a Santrich ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016.
La decisión también causó una molestia en el gobierno de Estados Unidos, que requiere a Santrich en extradición.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Withaker, expresó su apoyo al fiscal Martínez y a la vicefiscal general, María Paulina Riveros, que también renunció, diciendo que son “grandes patriotas que promovieron el estado de derecho en Colombia”.
El presidente Iván Duque se refirió al caso y dijo que aunque el Gobierno respeta la Constitución y la separación de poderes, “compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión” de la JEP.
Duque dijo que apoya la decisión del procurador general, Fernando Carrillo, de apelar la decisión y dijo que siempre ha estado, está y estará listo “a firmar la extradición de alias ‘Jesús Santrich’ y de cualquier otro sindicado por narcotráfico, en apego a la Constitución y la Ley”.
Y en el mundo político, mientras algunos senadores respaldaron la decisión de la JEP y pidieron respetar las decisiones jurídicas, otros, especialmente del partido de Gobierno, dicen que es una venia al narcotráfico.
El exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, dijo que la decisión de la JEP demuestra que “los acuerdos están bien hechos”.
“Es una luz de esperanza que se prende en medio de esta oscuridad… Es la ratificación de que los acuerdos están bien hechos, de que los acuerdos nos dan la garantía jurídica y de todas maneras nos demuestran que el camino es hacer la pelea en los marcos institucionales para que se cumpla lo acordado”, dijo en una entrevista con Caracol Radio.
El jefe negociador del gobierno para los diálogos de paz, Humberto de la Calle, defendió la decisión de la JEP y dijo en un comunicado que en La Habana “no se pactó un cogobierno con el narcotráfico”, y que la providencia de la JEP se basa en la ausencia de pruebas sobre “la fecha de los delitos atribuidos a Santrich”.
De la Calle cuestionó que si el fiscal Martínez tenía en su poder “pruebas contundentes”, “en vez de renunciar” no haya abierto un proceso contra Santrich. En una entrevista con W Radio Martínez dijo que no era posible investigar los hechos de Santrich en Colombia pues se trata de un delito “transnacional”.
Pero para De La Calle es un “sofisma decir que un delito que, aunque transnacional, fue supuestamente cometido en Colombia, solo pueda ser juzgado en Estados Unidos”.
¿Qué pasará con Santrich?
El proceso judicial contra Santrich no acaba aquí. La JEP ahora deberá juzgar a Santrich por varios crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometió durante los años de guerra en los que hizo parte de la guerrilla de las FARC.
Otra duda que surge hasta este momento es si Santrich ocupará su curul en el Congreso, pues es uno de los representantes a la Cámara del partido FARC, por cuenta de los acuerdos de paz de La Habana en los que se acordó una representación minoritaria para los excombatientes.
El Consejo Nacional Electoral expidió su credencial como congresista en julio de 2018, pero como se encontraba preso por el supuesto caso de narcotráfico, no pudo posesionarse en el cargo.
En marzo de este año, el Consejo de Estado anunció que Santrich no perderá la investidura de congresista pues por un caso de “fuerza mayor” no se posesionó anteriormente.
“Estamos ante un caso de fuerza mayor, es decir que el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte no logró posesionarse por causas ajenas a su voluntad. Esto en razón a que se encontraba y se encuentra privado de la libertad”, dijo la presidenta del Consejo de Estado Lucy J. Bermúdez en medios locales.